Una luz de esperanza

Para algarabía de las víctimas de trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, que aguardan que la justicia se asome a sus puertas, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, que preside el juez superior Daniel Meza Hurtado, declaró nula la sentencia absolutoria a favor de tres procesados por el caso del night club “La Noche”, por los presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y favorecimiento a la prostitución agravada.

| 05 mayo 2013 12:05 AM | Especial | 23.7k Lecturas
Una luz de esperanza
Anulan sentencia que deja impune a acusados de trata de personas, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución.

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Los traficantes, luego de drogarla por días, la obligaron a prestar servicios sexuales a fiscales, magistrados y jefes policiales, resultado de lo cual tuvo una hija. Un día decidió salir de la oscuridad y huyó del lugar tras arrojarse desde el techo del local.
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Esta vez el colegiado, a diferencia de lo decidido por el Juzgado Penal A de la Corte Superior de Justicia de Piura, a cargo de la magistrada Socorro Nizama, sí tuvo en cuenta la investigación a nivel fiscal por el delito de lavado de activos contra el principal procesado y propietario del bar, Carlos Chávez Montenegro, la cual concluye que en el local nocturno “La Noche” se ejercía la prostitución.

Del mismo modo, se analizó la situación del coprocesado Nilson Prado Chicoma, administrador del night club “La Noche”, quien fuera sentenciado en abril pasado por los delitos de proxenetismo y trata de personas en agravio de una menor de edad en el citado local.

Como informó LA PRIMERA, el 23 de enero de este año, dicho juzgado acordó absolver por “insuficiencia probatoria” a los principales implicados en estos delitos, Nilson Baltazar Prado Chicoma, Máximo Mogollón Peña, José Luis Piscolla Paz y Roycer del Castillo García.

LA VÍCTIMA
El juzgado “A” ignoró lo testimoniado por una de las víctimas, la joven tarapotina Jhinna Pinchi, quien se convirtió así en la primera agraviada del delito de trata de personas en dar la cara para narrarnos el horror que vivió por cerca de tres años en el interior de este club.

En vez de ello y mostrando un total desconocimiento de las artimañas que usan estas mafias de tratantes y las características de este delito, este colegiado basó su fallo en una supuesta “insuficiencia probatoria” porque el resto de agraviadas no se presentó a declarar durante el proceso, ignorando el estado de indefensión sicológica de las víctimas.

Además, esgrimió que Jhinna no pudo ser engañada por ser universitaria o que no se comprobó que en dicho club se ejercía la prostitución o que ella conocía al peinador que la captó con engaños al ofrecerle un trabajo decente en Piura. Argumentos que uno a uno fueron desbaratados por la Organización No Gubernamental, Capital Humano y Social (CHS).

Al igual que CHS, otros organismos defensores de los derechos humanos dejaron sentir su voz de protesta e incluso la Defensoría del Pueblo presentó en febrero un Amicus Curiae, que será considerado en nuevo proceso.

TERRIBLE EXPLOTACIÓN
Jhinna tras ser captada con engaños en su ciudad natal por el peinador Roycer del Castillo, fue trasladada a Piura, donde terminó privada de su libertad, pero no de su dignidad por estos tratantes.

Los traficantes, luego de drogarla por días, la obligaron a prestar servicios sexuales a fiscales, magistrados y jefes policiales, resultado de lo cual tuvo una hija. Un día decidió salir de la oscuridad y huyó del lugar tras arrojarse desde el techo del local.

El drama que vivió esta mujer en manos de sus explotadores fue graficada en el documental “La Noche de Jhinna”, que ella misma protagonizó. En la actualidad Jhinna está escondida en algún lugar bajo protección del Estado.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Marisol Pérez Tello, tras saludar el fallo de la Sala de Apelaciones, recordó que ella junto a representantes de CHS, Defensoría del Pueblo y Gobierno Regional se reunieron en una mesa redonda y llegaron a la conclusión que el fallo de la primera decisión del juzgado “A” fue un sin sentido para las denuncias de los temas de trata.

Dijo que, por tal razón, elevaron su voz de protesta porque en el caso de Jhinna hay hechos gravísimos como por ejemplo la mujer que vio cómo ella amenazaba a sus tratantes con suicidarse si no la dejaban ir, terminó asesinada por un auto conducido por el dueño del bar.

CORRUPCIÓN
Denunció que existe corrupción en los órganos encargados de administrar justicia, de la Policía, de la Fiscalía no como institución, sino de forma individual que muchas actúan como una red en diferentes países.

Recalcó que en el proyecto que promueve la Comisión de Justicia sobre el crimen organizado se contempla una lucha contra la trata de personas. Sostuvo que el narcotráfico, por ejemplo en Madre de Dios, genera este delito en bares donde existen redes de tráficos de personas que son explotadas, ya sea sexual o laboralmente.

Agregó que el narcotráfico y la trata a su vez terminan financiando al terrorismo, que a su vez es el que provee de la droga que obligan a sembrar a las personas humildes del entorno del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

“Esto es una red que tiene que ser entendido como una maquinaria y hay que enfrentarla con todo el peso de la ley”, acotó.

DEFENSOR DEL PUEBLO
Una decisión trascendente
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludó la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura de declarar nula la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado “A” de la Corte Superior de Piura.

La Defensoría del Pueblo consideró que es una decisión importante en la labor del Estado frente al grave problema de la trata de personas, delito que afecta derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad y, especialmente la dignidad.

“El caso constituye un hito importante, pues si bien originalmente se había resuelto absolver a casi la totalidad de inculpados, hoy el Poder Judicial ha incidido en la necesidad de juzgar nuevamente, valorando adecuadamente las pruebas existentes, a fin de determinar la verdad y sancionar a los responsables,” señaló Vega Luna.

Al igual que la Defensoría del Pueblo, también diferentes organizaciones como CHS expresaron su algarabía ante dicha sentencia.


Vilma Escalante
Redacción

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