TPP: Cuestionamientos sociales

Unas 160 organizaciones no gubernamentales de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, desarrollan en Lima una campaña simultánea a la actual realización de la XVIII ronda de negociaciones del Acuerdo TransPacífico (TPP) sobre lo que consideran peligros que conlleva ese acuerdo para países como el Perú, que aquí resumimos para ilustración de los lectores.

| 19 mayo 2013 08:05 PM | Especial | 1.4k Lecturas
TPP: Cuestionamientos sociales

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1 La propuesta en materia de propiedad intelectual presentada por Estados Unidos encarecerá severamente el precio de los medicamentos y por tanto dificultará el acceso de la población a las medicinas.

Busca ampliar el uso y alcance de las patentes que monopolizan las trasnacionales farmacéuticas afectando severamente el acceso a los medicamentos, tratamientos esenciales y métodos terapéuticos, limitando el derecho a la salud de las personas.Los primeros afectados serán los enfermos de cáncer, VIH, tuberculosis u otras enfermedades de largo y costoso tratamiento, que difícilmente podrán acceder a los medicamentos que requieren.En esta negociación se promueve ampliar los ya nocivos derechos otorgados en los TLC, afectando la competencia de precios de medicamentos y debilitando la capacidad de los Estados de establecer salvaguardas de salud pública ante los intereses comerciales.2 Es una seria amenaza al acceso libre a la información, el uso de internet y los bienes culturales.

La propuesta de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual busca imponer normas sobre derechos de autor similares a la criticada Ley SOPA (Stop Online Piracy Act, por sus siglas en inglés) que recientemente ha sido desechada en ese país, debido a que impone graves amenazas al derecho a la información, al libre acceso a internet y a otros bienes culturales (libros, software, Música, etc.).

Introduce muchos más requerimientos restrictivos a los países participantes, interrumpiendo el acceso al conocimiento y criminalizando el acto de compartir contenidos.3 El TPP promueve un cuestionado modelo de protección de la inversión extranjera que otorga derechos a los inversionistas extranjeros superiores a los nacionales.

(Por ejemplo, prohíbe a los gobiernos exigir requerimientos de desempeño a las inversiones y aplicar controles a los movimientos de capitales).

Incluye el criticado mecanismo de demanda inversionista–Estado, que permite a los actores privados demandar a los Estados nacionales ante los tribunales internacionales, sin pasar por la justicia nacional.4 Promueve ampliar la desregulación del sector de servicios financieros, lo que limita la capacidad de los Estados para aplicar medidas hoy consideradas necesarias para enfrentar los embates de la severa crisis financiera internacional.5 Promueve la privatización de servicios públicos.

Aun cuando se reconoce el rol del Estado para garantizar el acceso a servicios fundamentales como salud y Educación, se buscaría incluir mecanismos que limiten el accionar del Estado, restringiendo el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales.6 Debilita la institucionalidad ambiental y facilita la apropiación de recursos naturales, al priorizar los intereses que promueven la explotación y exportación de los mismos.

En el TPP se promueven mecanismos que permitirían a las transnacionales desafiar cualquier regulación ambiental o decisión judicial que afecte sus expectativas de ganancia.7 El modelo promueve una competencia, un mayor recorte de los derechos de los trabajadores, los salarios, las pensiones y las condiciones de trabajo.

A pesar de la inclusión de capítulos laborales y referencias a convenios internacionales de derechos laborales, no plantea condiciones suficientes para que el comercio internacional se sustente en la promoción y respeto de los derechos laborales y constituya un verdadero aporte al trabajo decente, la contratación colectiva auténtica y La Libertad sindical a nivel internacional.8 Amenaza a la producción nacional de alimentos y la seguridad alimentaria al permitir la comercialización de productos agrarios subsidiados, así como la promoción de la producción de monocultivos para la exportación que tiende a la concentración de tierras, lo que constituye una amenaza para la producción tradicional de alimentos a cargo de medianos y pequeños productores agrarios, afectando a las comunidades locales y campesinas.9 Pone en riesgo los derechos y la soberanía de los pueblos originarios debido a que los mecanismos de promoción de comercio e inversiones priorizan la protección de los derechos de las corporaciones sobre los de los ciudadanos.

Deja sin garantía los derechos de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre.10 Afecta los procesos de integración regional, pues socava los avances alternativos en los procesos regionales de integración con soberanía que se vienen construyendo en América Latina (como Unasur y Celac) y los países que integran la Asociación de Naciones del Sureste de Asia (Asean).DEMANDASPlantean paralizar las negociacionesLas ONG critican el secretismo con el que se tratan esos puntos en la actual ronda de negociaciones del TPP que se desarrolla en Lima, y plantean lo siguiente:- La inmediata paralización de las negociaciones del TPP hasta que se hagan públicos todos los términos de las negociaciones y se abra un proceso de diálogo, con mecanismos de información y transparencia eficaces, que involucre a la sociedad en su conjunto, especialmente a los potenciales sectores afectados con el TPP, y no solo a los exportadores e inversionistas.- Avanzar a un esquema de intercambio comercial que observe los límites y vulneraciones que han mostrado los TLC ya vigentes.

Hacemos un llamado a los gobiernos, nuestros gobiernos, a no aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas.- Promover un comercio con justicia que garantice una agenda de comercio y derechos, que se sujete a los estándares de los Pactos Internacionales de derechos humanos, en particular los estándares de Trabajo Decente y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, así como de los pueblos indígenas reconocidos por la OIT.

Promover el intercambio de productos, especialmente manufacturados, con condiciones de trabajo decente y sin afectar el medio ambiente, teniendo en cuenta las asimetrías de las diversas economías que participan de los acuerdos comerciales.


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