Todas contra la violencia a la mujer

Organizaciones de mujeres respaldan iniciativas de ministra y plantean medidas drásticas para criminalizar y sancionar drásticamente esa reprobable práctica.

| 17 agosto 2011 12:08 AM | Especial | 2.5k Lecturas
Todas contra la violencia a la mujer
Mujeres se quejan de burlas en algunas comisarías al denunciar maltratos.
Apoyo total a gestión de Ministra Aída García

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Tipificación del feminicidio Liz Méndez, de Flora Tristán

La tipificación del feminicidio como delito autónomo es una de las acciones que consideramos fundamentales para prevenir y sancionar esta expresión extrema de la violencia contra las mujeres. Por ello, saludamos la voluntad política del gobierno actual y de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo, de promover que este crimen sea sancionado de forma específica.

No puede afirmarse que la creación de leyes garantice el acceso a la justicia de las mujeres que han sufrido violencia. Sin embargo, la existencia de una norma específica puede dar mayores herramientas para sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres.

Es decir, una ley que sancione el feminicidio es un primer paso para su prevención y sanción, y abrirá nuevos panoramas de posibilidades para exigir políticas públicas y rechazar legal y socialmente una acción criminal que causa la muerte de muchas mujeres.

Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-MIMDES, en el 2009 se registraron 139 feminicidios y 64 tentativas. En el 2010, 121 feminicidios y 47 tentativas. Y en lo que va del 2011, 38 feminicidios y 25 tentativas. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, por cada 10 homicidios de mujeres, 5 corresponden a casos de feminicidio.

Existen algunas resistencias y argumentos legales contra la tipificación del feminicidio como delito, respetables y válidos; sin embargo, la no tipificación de este crimen plantea un escenario legal de inacción ante esta violación de los derechos de las mujeres.

Debemos recordar que antes que el movimiento feminista posicionara el problema de la violencia contra las mujeres en las familias o en las relaciones de pareja, como un asunto de interés del Estado y una violación a los derechos humanos, los términos que actualmente hoy se encuentran en nuestro ordenamiento legal como: “violencia familiar”, “acoso sexual”, “violación en el matrimonio”, entre otros, no formaban parte de la normativa. Hoy es impensable que la ley no sancione estas conductas.

Hablar de feminicidio es útil para visibilizar la magnitud y consecuencias de la violencia de género y plantea una desmitificación de la violencia contra la mujer, evitando que se romanticen los hechos, se patologice al agresor o se naturalice la situación. Un feminicidio es un crimen contra las mujeres. No es un crimen pasional ni es perpetrado por un enfermo mental. El problema es mucho más complejo y se vincula directamente con las relaciones de dominación que han existido y existen en nuestra sociedad.

Por lo tanto, la tipificación del feminicidio debe responder a la lógica del derecho penal, el cual cumple la función de salvaguardar los derechos de cada persona y, en este caso, cumpliría la función de salvaguardar el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Es una deuda que el Estado y la sociedad tienen con las mujeres.

Finalmente, coincidimos con la Defensoría del Pueblo que en las reformas anunciadas, también, se considere elevar los montos de las indemnizaciones a favor de las familias de las mujeres víctimas, pues éstos son ínfimos y no guardan relación con el daño causado. Ello, igualmente, en el caso de mujeres que hayan sobrevivido a la agresión, para garantizar que se restablezca su salud física y mental.
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Dirigentes de organizaciones populares y femeninas manifestaron gran expectativa ante los planteamientos de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo, a favor de modificaciones legales para combatir eficazmente la violencia familiar y para establecer o hacer cumplir con las cuotas de género en cargos políticos y administrativos.

La ministra dijo en días pasados que urgen reformas del Código Penal para aumentar las penas contra los que cometen feminicidio (asesinato de sus parejas), crimen que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años y que el delito no sea considerado como “celopatía”, es decir ataque de celos, sino como un homicidio alevoso y premeditado. Actualmente un promedio de 25 mujeres son asesinadas al mes por sus cónyuges.

De otro lado mostró también preocupación por la baja representación femenina en la política. “Las mujeres solo representan el 3% de autoridades políticas, mientras que los hombres el 97%. Queremos impulsar desde el Mimdes la cuota de género para los cargos públicos. Hoy día no hay ninguna presidente regional, esto es una cifra regresiva porque en el año 2002 teníamos cuatro presidentas regionales; por lo tanto tenemos que recuperar ese nivel de representación. No puede ser que en el Perú con 50 mil organizaciones femeninas las mujeres estén excluidas en la toma de decisiones”, señaló.

MINISTERIO DÉBIL
Gaby Cevasco, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán dijo que las mujeres están muy bien representadas por García Naranjo, a quien consideró “una feminista con una larga lucha por la democracia, la justicia y los derechos de las mujeres y a quien le espera un arduo trabajo porque lamentablemente las cifras económicas y sociales sobre la situación de la mujer en el Perú muestran que aún hay un largo camino por recorrer”.

Luego precisó que el Ministerio de la Mujer ha sido un ministerio muy débil que no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado, ni ha abordado en profundidad temas fundamentales para que las mujeres tengan igualdad y dignidad, ni ha trabajado por la inclusión de las mujeres indígenas y amazónicas.

“Tampoco se ha valorado el esfuerzo de las mujeres contra la pobreza y su desempeño al frente de los programas Vaso de leche, Comedores Populares y Juntos, entre otros”.

“Hay que tener presente que el Perú es signatario de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, de la Convención de Belem do Pará de la OEA para la erradicación de la violencia hacia la mujer, de la Declaración de los Objetivos del Milenio, el tercero de los cuales consiste en promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la mujer. Nuestro país, igualmente, ha suscrito la Plataforma de Beijing a favor de los derechos de la mujer y los consensos de Quito y Brasilia de la CEPAL.

Todos son instrumentos internacionales mediante los cuales el Estado peruano se compromete a trabajar por la igualdad de oportunidades para las mujeres”, puntualizó.

URGEN MEDIDAS
Por su parte Lourdes Chávez del colectivo “Mujeres Dignidad”, saludo la designación de García Naranjo, al tiempo de señalar que sus declaraciones se inscriben en la plataforma de su organización.

“Es urgente que el feminicidio sea fuertemente castigado con una modificación del Código Penal porque ahora existe impunidad, al calificarlo refieren que es una reacción violenta y se rebajan las penas. Las mujeres asesinadas generalmente pidieron protección antes del crimen por los actos violentos de sus parejas y no se les hizo caso; cuando van a las comisarías los policías les dicen ‘qué habrás hecho’, esta situación no debe continuar”, dijo.

Añadió que Aída García Naranjo “está haciendo honor a una trayectoria de lucha de muchos años y su designación como ministra es un reconocimiento a las féminas. Estamos con ella en su decisión de exigir la ejecución de políticas públicas a favor de las mujeres como el cumplimiento de las cuotas de género”, añadió.

INCLUSIÓN SOCIAL
Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas manifestó su acuerdo a las declaraciones de la ministra a la vez que enfatizó “que es un ministerio que nos ha costado mucho y no permitiremos que se salgan con la suya esas voces que pretenden desaparecerlo”.

Precisó que es imprescindible que se castigue con severidad a los hombres que atentan contra las mujeres; “ellos creen que son dueños de la mujer y que pueden violentarse sin que nada les pase, eso debe acabar ya”.

Ana María Cabezas lideresa política de Ate-Vitarte y presidenta de la Asociación de vecinos del kilómetros 8 de la Carretera Central, opinó que hasta el momento es la ministra García Naranjo la que lleva la batuta en cuanto a inclusión social.

“No solamente declara sobre las mujeres y la importancia de su participación en la vida nacional sino en la necesidad de paliar la pobreza que azota a pobladores de cientos de distritos del país, inclusive a sectores de la capital como Huaycán y Horacio Zeballos donde por desnutrición hay pobreza extrema y tuberculosis”.

Para la dirigente, la ministra representa a cabalidad las demandas de las mujeres peruanas, “por su permanente lucha con los más humildes, especialmente las mujeres y contra la corrupción de gobiernos como el fujimorato”.


Denis Merino
Redacción


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