Sí, tienen derecho

Un especialista explica con precisión los fundamentos y características del derecho a la consulta que reclaman los pueblos nativos y por el que pelearon en la Amazonía.

Por Diario La Primera | 12 julio 2009 |  1.2k 
Sí, tienen derecho
(1) Hay que consultarles todo lo que tenga que ver con sus territorios. (2) La represión no funciona, los indígenas están decididos a hacerse respetar.

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…tienen el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para su desarrollo y la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
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Las normas internacionales de derechos humanos reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico; así como a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los estados en que viven. Instrumentos jurídicos como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obligan a los estados a desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

El convenio 169, en particular, reconoce su derecho a tener una existencia perdurable y diferente; a determinar sus propias prioridades de desarrollo y ejercer un control sobre el mismo; a ser consultados de buena fe, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, respecto de decisiones susceptibles de afectarles directamente, inclusive respecto de medidas administrativas o legislativas, así como sobre planes de desarrollo; y a conservar sus costumbres e instituciones, siempre que éstos no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos YakyeAxa, Sawhoyamaxa y Saramaka, los integrantes de los pueblos indígenas tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos.

Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de estos se pone en riesgo; y de allí la necesidad de proteger tales tierras y recursos para prevenir su extinción como pueblos.

Debido a la conexión intrínseca que los integrantes de dichos pueblos tienen con su territorio, es necesaria la protección del derecho a la propiedad sobre éste para garantizar su supervivencia, ya que el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos indígenas si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos naturales que se encuentran dentro del territorio.

Por ello, el reclamo por la titularidad de las tierras de los integrantes de los pueblos indígenas deriva de la necesidad de garantizar su seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez, mantiene su estilo de vida y supervivencia.

El art. 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala, además, que estos tienen el derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para su desarrollo y la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

Como consecuencia de ello, los estados están obligados a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

En cuanto al derecho a ser consultado y, en su caso, la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, la Corte Interamericana ha indicado que los estados tienen el deber de consultar a dichas comunidades, según sus costumbres y tradiciones; y que dicho deber no solo demanda que los estados acepten y brinden información a dichos pueblos, sino que ello implica una comunicación constante entre las partes; que las consultas se lleven a cabo de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y tener como fin llegar a un acuerdo.

Las consultas deben llevarse a cabo de conformidad con sus propias tradiciones y en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Así las cosas, es bueno que se tenga en cuenta -sobre todo ahora que se habla de aprobar una ley al respecto- que toda forma de consulta que no se ajuste a estos estándares resultará contraria al derecho internacional.

Javier Mujica Petit
Colaborador

Referencia
Propia



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