Por el respeto a la justicia nativa

Ivonne Macassi, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, presenta mañana en el Congreso de la República el primer estudio sobre justicia estatal y justicia indígena, realizado en la selva de Junín con el apoyo de la Unión Europea. Sus comentarios abren el debate sobre un tema tan oculto como impostergable.

| 28 octubre 2012 12:10 AM | Especial | 6k Lecturas
Por el respeto a la justicia nativa
Estudio sobre su relación con la justicia oficial presentan mañana en el Parlamento
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-¿Quiénes y cómo son los jueces indígenas?
-Para comenzar, no se autodenominan jueces, son en sí los jefes, los líderes de cada una de las comunidades y por lo general sus procedimientos son sumamente accesibles y sus resoluciones son bastante aceptadas en sus comunidades y por lo tanto tienen efectivamente una aplicación práctica y eficaz en la mayoría de sus intervenciones.

-Aparentemente lo hacen bien, ¿para que buscar que se relacionen con la justicia oficial?
-Porque la justicia estatal es una y se aplica en todo el territorio nacional. Si hoy sale una norma que criminalice algún tipo de actividad, esta se aplica desde el día siguiente en todo el país, no importa si estás en Lima o si estás en la comunidad más alejada. A veces ni los propios jueces o fiscales tienen la ley a la mano. Sucede que hay algunas conductas que nosotros, que vivimos en las ciudades, consideramos adecuadas, pero las comunidades andinas y amazónicas, no.

-Por ejemplo…
-Por ejemplo nosotros no sancionamos la brujería, pero en las comunidades amazónicas es una conducta merecedora de condena y tiene sanciones muy específicas. Igual, pueda ser que nosotros sancionemos las relaciones sexuales entre menores de edad, mientras en las comunidades no es necesariamente sancionable porque dentro de su lógica de convivencia sus relaciones sexuales pueden ser iniciadas tempranamente, salvo cuando no es consensuada e implica violencia.

-Hubo una campaña para despenalizar las relaciones sexuales entre menores de edad por esas razones…
-En realidad no se aplica a rajatabla sin observar necesariamente el espacio en el cual ocurre este tipo de acciones. En general las normas no se pueden aplicar sin considerar el ámbito en el cual se desarrolló el hecho. Justamente el artículo 149 no solo valida la justicia indígena, sino es un reconocimiento de sus costumbres, su modo de desarrollarse y sus instituciones vivas.

-O sea que en los hechos existe una convivencia de los dos tipos de justicia.
-Sí, hay diversos tipos de normas que confluyen en nuestro país, que es multiétnico y pluricultural, pero hay un inconveniente cuando se intenta incorporar dentro de sus comunidades nuestras leyes que no han sido necesariamente discutidas con ellos. Por supuesto que hay normas que son absolutamente nacionales y que se tienen que aplicar, pero se debe respetar su tipo de derecho.

-¿Cuáles son los puntos de coincidencia?
-Por ejemplo, la violación sexual no se acepta en ninguna comunidad. Hay consenso en estas comunidades que esos casos tiene que verlos la justicia estatal. No es que haya una norma, allí no hay ni duda, son los propios jefes que acompañan a la persona agraviada a la Fiscalía. Por eso es importante que jueces y fiscales tengan conocimiento del convenio 169, de los aspectos culturales, para que puedan recibirlos y procesar estos casos.

-¿Cómo funciona la justicia indígena?
-Dentro de la comunidad hay diversidad de tipo de sanciones, desde hacer unos trabajos para la comunidad, trabajar para la persona a la que se afectó, hasta la expulsión de la comunidad, que es de las sanciones más graves y se usa en casos de reincidencia. Los casos complicados se resuelven en asamblea con toda la comunidad.


Ivonne Macassi dice que hay que entender la justicia indígena.

-¿Qué busca la audiencia que se celebrará en el Congreso?
-Vamos a presentar un estudio que realizamos en comunidades nativas nomatsigengas, ashaninkas y kakintes de Satipo, en la selva central de Junín, sobre las percepciones de la justicia indígena y la justicia estatal que tienen las personas que viven en estas comunidades, en particular las mujeres, y también las de los jueces y fiscales que operan en la zona de intervención. Una siguiente etapa fue trabajar con quienes administran justicia dentro de las comunidades indígenas amazónicas de la zona y luego hemos propiciado el encuentro de ambos.

-¿Qué hallazgos encontraron en el estudio?
-Más que hallazgos encontramos una posición que refrenda lo que se percibe en el país en general acerca de la justicia estatal: una gran desconfianza en el sistema de justicia estatal, lo perciben oneroso, marcado por el poder y el dinero. Las mujeres de las comunidades amazónicas temen ser acosadas en la policía si hacen una denuncia, lo que también ocurre con las mujeres de la ciudad. Los pobladores de las comunidades señalan que muchos jueces a veces se niegan a actuar, eso es abdicar de su función de impartir justicia.

- ¿Cuál fue la reacción de jueces y fiscales?
-Ellos ya tenían un conocimiento sobre justicia indígena debido a que interactúan permanentemente con estas poblaciones y se mostraron abiertos a trabajar el enfoque de género que nosotras estábamos propiciando, así como a trabajar algunos temas de preocupación de mujeres indígenas, como violencia familiar y otro tipo de delitos como explotación sexual y trata de mujeres.

¿Cómo mejorar la justicia para las poblaciones indígenas?
-Hemos preparado una propuesta que contiene una serie de lineamientos para implementar el artículo 149 de la Constitución, que reconoce la justicia indígena, para que se desarrolle realmente, o sea que haya un respeto por la justicia indígena y que haya una articulación con la estatal.


EXPECTATIVAS
Demandan atención

-¿Cuáles son las propuestas específicas de las mujeres?
-Solicitan traductores, eso es clave. Llegan a la comisaría o a la fiscalía y no entienden nada de lo que pasa ahí. Por otro lado, piden que los jueces y fiscales conozcan los idiomas y el ámbito donde van a desarrollar sus funciones. Otra cuestión es que se reconozca el proceso que ha habido internamente en las comunidades, ser acogidas por la justicia estatal cuando recurran a ella, no darles la espalda. Otro gran impedimento son las distancias. Es imprescindible que el Estado se acerque más a las comunidades y tenga presencia a través de colegios, módulos de atención, salud, etc.

-¿Cuáles son los delitos más frecuentes que señalan las mujeres consultadas?
-El mayor es la violencia familiar, otro que es un fenómeno relativamente nuevo es el abandono y no reconocimiento de los hijos, vinculado a la aparición de colonos y mestizos en sus comunidades; finalmente la explotación laboral que crece con la migración de jóvenes cada vez de menos edad que salen a trabajar como domésticas a pueblos cercanos o son llevadas con engaños para atender en restaurantes y cantinas.


Rosa Málaga
Colaboradora


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