Reparaciones deben ser más que dinero

La guerra interna que sufrió el Perú es una herida que aún no cierra. Dejó cerca de setenta mil víctimas (según la CVR), y muchos deudos más, que hasta hoy siguen esperando que alguien les diga qué pasó con sus familiares, con sus hijos, padres o con sus hermanos. Daniel Roca Sulca, exintegrante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú y el activista en derechos humanos e historiador Ricardo Alvarado coinciden en afirmar que el último gobierno poco o nada ha hecho por cumplir con las víctimas.

| 27 julio 2011 12:07 AM | Especial | 1.8k Lecturas
Reparaciones deben ser más que dinero
Familiares piden que se establezcan políticas de Estado para cerrar las heridas de la violencia.
CONFLICTO ARMADO INTERNO
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Tras el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado el 28 de agosto del 2003, han pasado casi ocho años, desde entonces se ha hecho poco o nada sobre el tema de las Reparaciones Civiles y Colectivas para las víctimas que sufrieron daños por el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa. El reclamo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las propias víctimas no ha hecho eco en las autoridades que han dado leyes al respecto, en los dos últimos gobiernos.

La preocupación central surge a raíz de que pese al informe CVR, ciertos sectores de la sociedad y, sobre todo, de las autoridades imponen sus propios filtros para reconocer quién es una víctima de esas dos décadas de terror, y quién no, excluyendo a miles de peruanos del derecho a acceder a una reparación que pueda significar un alivio al dolor.

Atención sicológica, acceso a la educación, a la salud, son también pedidos que las víctimas del conflicto armado interno han sugerido ser consideradas como políticas de Estado. La tarea aún está por empezar. Deberá ser un logro del próximo gobierno cumplir con cerrar las heridas que llevan décadas sangrando.

Situación actual
La semana pasada, el Ejecutivo aprobó un decreto supremo el cual establece la entrega de reparaciones económicas individuales para las personas o familiares víctimas de la guerra interna. La medida ha sido cuestionada por parte de varios movimientos y activistas de derechos humanos, quienes mostraron su reparo porque, según consideraron, no fue integral y tampoco tomó en cuenta las voces de las verdaderas víctimas para la decisión final.

Para el Secretario Técnico del Consejo de Reparaciones, Jairo Rivas, el decreto DS 051-2011 fue elaborado “demasiado rápido, sin ningún criterio técnico se establecieron los montos y aspectos para determinar quienes serán los beneficiados”. Según el decreto supremo, el monto máximo para un beneficiado es de 10 mil soles.

Según Rivas, lo grave de esta decisión radica en que no existió mayor discusión técnica en torno al monto de 10 mil soles, como monto máximo para el pago de reparaciones económicas.

Por si fuera poco, señaló también que el Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros ya publicó el listado de las primeras 2735 personas que serían beneficiadas con el pago de las reparaciones individuales económicas, pese a las discrepancias con la forma en que se generó este proceso.

Sobre el decreto, criticó también el exvicepresidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de afectados por la violencia Política del Perú (CONAVIP), Daniel Roca Sulca, quien manifestó también que en ningún momento su movimiento fue consultado por el gobierno para una decisión que implica la dignificación de las personas.

Verdaderas reparaciones
Pero lo que preocupa más a Roca Sulca es cambiar el enfoque que el gobierno entiende por las reparaciones a las víctimas de la guerra interna. “Este gobierno piensa que con un monto de dinero va a solucionar el tema, lo cual no es cierto. Quedan pendientes la atención en salud mental a las personas afectadas, mujeres que sufrieron la violencia sexual durante esa época, a los que perdieron a sus padres, la situación de los desplazados, muchos de ellos radicados en los suburbios de Lima, sin acceso a servicios básicos para vivir bien”, indicó Roca a LA PRIMERA.

Según el exvicepresidente del CONAVIP, las reparaciones no son solo un gasto de un programa social. “Parte de esa problemática surge a raíz del nulo presupuesto que se le da a las reparaciones únicas individuales, que es un tema que la misma Comisión de la Verdad recomendó en su informe y que hasta ahora el Estado ha incumplido”, señaló.

En tanto, para el historiador y activista de derechos humanos, Ricardo Alvarado, el gobierno ha confundido deliberadamente las políticas de desarrollo en las zonas más postergadas con las obras de reparación colectiva e individual. “Hay un notorio interés solo en reparar económicamente al afectado, por encima del estado en el quedó la persona víctima, sobre su salud física, mental, situación judicial”, cuestionó ante este diario.

La crítica no termina ahí. Sobre el decreto de reparación a las víctimas, dijo que, ante todo, “en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) no hay un presupuesto adecuado para las reparaciones. Y lo peor de todo es que existen varios filtros que han impedido que varias víctimas no sean reparadas”. Dentro de esos filtros que menciona están los vínculos de parentesco, de edad, a las personas que han perdido un hijo, más no para los huérfanos ni los hermanos.

“Quedarse solo en la reparación económica generaría discusiones por parte de los afectados, quienes entrarían en una controversia de quién merece tal monto de dinero. Aquí no se trata de dinero, sino de recuperar la integridad de una persona, de su derecho a una vida digna”, expresó.

Alvarado hizo hincapié en que el gobierno trata de dividir a víctimas de origen “de primera categoría” y de segunda, lo cual lo califica como una medida discriminatoria. Añadió que las reparaciones al ser vistas como “gasto social”, forman parte del escaso presupuesto nacional y nunca se llega a cumplir en realidad. Luego, manifestó que el balance del gobierno sobre el tema de las reparaciones civiles y colectivas muy poco rescatable.

Todos somos iguales
Sobre la reconciliación, los especialistas consultados para este informe coincidieron en que no se debe hacer distinción cuando se habla de reparaciones. “Por ejemplo, una mujer descendiente de una persona integrante de Sendero Luminoso ya fenecida, no puede ser reparada por su vínculo. Este filtro es discriminatorio. Finalmente, todos somos iguales y todos sufrieron, por igual, en la guerra entre el Estado y las fuerzas subversivas de ese entonces”, anotó Alvarado.

“Si queremos buscar la reconciliación entre todos los sectores, no debe haber diferenciación entre ninguno de ellos”, afirmó Casani.

“En ausencia de un proceso adecuado de justicia, la reparación puede significar un primer reconocimiento por parte del Estado y forma parte de uno de los componentes indispensables para la reconciliación final”, resaltó Roca.

Próximo gobierno
El próximo gobierno que juramentará este 28 de julio deberá tomar en cuenta estas y otras medidas en aras de tener un país inclusivo e igualitario. Las víctimas son personas, sin distinción de su pasado.

Víctimas de abuso sexual lejos de ser reparadas
Por su parte, la socióloga de DEMUS, Yessenia Casani Castillo, dijo que la población femenina que resultó afectada de este conflicto armado interno tampoco ha sido tomada en cuenta como un sector a reparar. “Todavía el Estado no especifica, dentro de los reparados, a las víctimas de violación sexual, dejando de lado a las perjudicadas por algún tipo de violencia sexual”, aclaró a LA PRIMERA.

La especialista recordó que en el 2007, el Estado peruano se presentó ante el Comité de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer, instancia supranacional encargada de velar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), del cual se llegó a ciertas recomendaciones como su preocupación en que solo la violación esté reconocida como violencia contra la mujer, mientras que no se culminaba con la recopilación de los casos de violaciones de los derechos humanos.

“El comité también está seriamente preocupado con el hecho que la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de violencia contra la mujer no se está llevando a cabo y que los remedios para las víctimas individuales no están fácilmente disponibles”, estableció la recomendación.

Asimismo, Casani hizo un llamado al Estado para que amplíe su definición de violencia contra la mujer a fin de que incluya específicamente esclavitud sexual, embarazo, prostitución, unión y el trabajo doméstico forzado. “Hay diversos tipos de violencia que el gobierno no tiene en cuenta, a la hora de mencionar sus reparaciones. Aquí hay que hacer énfasis sobre las reparaciones individuales civiles”, recalcó.


Gabriel Mazzei
Redacción


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