Reclamo de justicia

Una deuda pendiente tiene el Estado Peruano desde hace 16 años, cuando 2,074 mujeres peruanas, principalmente de las zonas más alejadas del país, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas, como parte de una inhumana política del Estado.

| 01 abril 2012 12:04 AM | Especial | 3.2k Lecturas
Reclamo de justicia
Mujeres luchan por su dignidad.
Cerca de 3 mil mujeres fueron víctimas de esterilizaciones forzadas que las privaron de su derecho a la maternidad durante la dictadura de Alberto Fujimori.

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Perú a la cabeza

Según investigaciones realizadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos a nivel mundial, Perú es el segundo país donde se han registrado más esterilizaciones en todo el mundo.
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Ahora las víctimas piden al presidente Ollanta Humala que haga justicia y que se aceleren las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Durante la Mesa Redonda “Justicia y Reparación para Víctimas de Esterilización Forzada”, realizada por el colectivo conformado por organizaciones de mujeres como Movimiento Manuela Ramos, Demus, Flora Tristán y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, las mujeres alzaron su voz debido a que, desde octubre del año pasado, cuando el Ministerio Público ordenó reabrir el caso de esterilizaciones forzadas, no ha habido mayores avances en el tema.

“Las mujeres que fueron esterilizadas no encuentran justicia ni han accedido a ningún tipo de reparación por parte del Estado y por ello exigimos que nunca más se ponga en marcha una política de salud tan equivocada y que este tipo de delito, de lesa humanidad, no quede impune”, expresó Josefina Ramírez, activista de los derechos de las mujeres, quien vio cómo en su natal Huancabamba (Piura) durante 1993 y el 2001 muchas madres de familia fueron sometidas a este tipo de prácticas sin su consentimiento.

Ante el olvido por parte de los gobiernos que han seguido tras la dictadura de Fujimori, las mujeres exigieron que el presidente Humala no deje que quede impune semejante barbarie.

APOYO A LAS VÍCTIMAS
Como parte de las demandas presentadas se encuentran las de invertir en un sistema de salud pública y mental en las zonas donde ocurrieron los casos, la reparación psicológica, económica y de empoderamiento para las víctimas a través de obras que les generen ingresos, así como la promoción desde el Estado peruano de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres y la protección del derecho de las ciudadanas a decidir sobre sus cuerpos.

En el evento estuvo presente Victoria Vigo, una de las mujeres afectadas por el programa de planificación familiar ejecutado por el ministro de Salud de ese entonces, Alejandro Aguinaga.

“Yo fui esterilizada en 1996, tenía 32 semanas de embarazo y fui de emergencia al hospital regional de Piura donde tuvieron que hacerme una cesárea. Ahí los médicos aprovecharon para esterilizarme. Nadie me dijo nada, pero yo escuché cuando conversaban sobre lo que acababan de hacerme”, relató.

Ella agregó que es necesario que se continúen las investigaciones a cargo de la fiscal Edith Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima.

La directora de Demus, Jeannette Llaja, recordó que el 21 de octubre del año pasado la Fiscalía de la Nación ordenó la reapertura de las investigaciones del caso “María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas”.

Llaja precisó que de las 2,074 mujeres que fueron afectadas, 18 murieron a causa de cuadros de infecciones generalizadas ocasionadas por las malas condiciones en que se realizaron los procedimientos.

300 MIL VÍCTIMAS
La defensora de los derechos de las mujeres indicó que en realidad fueron esterilizadas cerca de 300 mil mujeres. “Fue una política directamente dirigida a esterilizaciones quirúgicas. No es que se les haya dado a elegir el método de planificación familiar a las afectadas, sino que el personal de salud actuó sin su consentimiento”, agregó.

Ante la falta de acción en este caso, la representante de Demus exhortó al Ejecutivo a retomar el tema y establecer medidas de reparación las cuales tendrían que tener como piso lo que se le dio a la familia de la señora María Mamérita Mestanza que consistió en reparación en salud, educación y dinero.

“La fiscal Chamorro está dispuesta a investigar, pero no tiene las condiciones necesarias. Tiene una carga laboral grande, poco personal y escaso presupuesto. Además es importante que se mantenga la independencia de la Fiscalía, porque hay claros indicios de presiones desde el Congreso, concretamente del doctor Aguinaga, quien está involucrado en el caso”, finalizó.


Patricia Chumo
Redacción


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