¿Qué está fallando?

Sobre la lucha contra las drogas pueden existir múltiples opiniones pero existe una realidad incontrovertible: que la política antidrogas no ha sido eficaz. Repensarla y replantearla debería ser un asunto de sentido común, pero lamentablemente no todos lo entienden así – por el contrario- son partidarios de repetir los métodos trillados y fracasados. Felizmente nuevos aires empiezan a soplar en la política antidrogas del Estado peruano. En Ideele consideramos que el nombramiento de Ricardo Soberón al frente de DEVIDA es un acierto del presente régimen.

| 04 setiembre 2011 12:09 AM | Especial | 2.1k Lecturas
¿Qué está fallando?
(1) Las plantaciones de coca son solo parte del problema. (2) El jefe de Devida, Ricardo Soberón, es vapuleado por plantear una nueva visión del problema.
LUCHA ANTIDROGAS

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CUMBRE

Finalmente, consideramos necesario hacer realidad la convocatoria a la Cumbre de Unasur para diseñar una estrategia común sobre las drogas, anunciada por el presidente Humala en su discurso de asunción de mando. En esa Cumbre sería importante articular el tema de las drogas a la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.
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Existe un consenso general —por lo menos en el discurso— acerca de la necesidad de una estrategia integral para luchar contra las drogas. ¿Qué ha sucedido para que este consenso no se exprese en la reducción del narcotráfico y del consumo de drogas? El balance de las acciones desarrolladas a la fecha arroja como saldo la expansión del poder corrupto del narcotráfico, su penetración en la economía y la política del país, y sus efectos en la inseguridad ciudadana y la salud de nuestra población.

La cantidad de droga producida hoy supera las 300 TM anuales; 200.000 nuevos jóvenes y adolescentes se han incorporado —algunos se inician a los 12 años de edad— al consumo de drogas; la expansión de zonas de cultivo de hoja de coca supera las 60.000 hectáreas. En suma, la estrategia desarrollada, salvo el caso excepcional de la región San Martín, ha fracasado. DEVIDA, como ente rector, no ha tenido ni el liderazgo ni la fuerza necesarios para comprometer a todos los actores responsables —las diversas entidades del Estado, la sociedad civil, el empresariado y los gobiernos extranjeros— en la implementación de una estrategia que acabe por fin con este flagelo.

En las últimas semanas, tras la decisión gubernamental de suspender la erradicación de cultivos para diseñar los lineamientos de una nueva estrategia, se ha abierto un debate nacional respecto de la pertinencia de esta medida. Diversos analistas han criticado esta decisión y pretenden vendernos la idea de que la erradicación debe ser el componente principal de la lucha contra el narcotráfico.

No hay que ser “experto” para darse cuenta de que dicha posición debilita al país en el diseño de una estrategia nacional soberana y efectiva para luchar contra el narcotráfico y limita nuestra capacidad de negociación para la participación y compromiso de los países cooperantes y corresponsables.

¿Es la erradicación la panacea y debe por tanto tener tanto énfasis en la estrategia de lucha contra las drogas? ¿Por qué no se hace el mismo hincapié en el control de insumos químicos y del lavado de activos? ¿Por qué no se plantea una estrategia articulada de reducción de la demanda y de la oferta, que desaliente la producción de coca? A continuación proponemos algunos ejes para una nueva y efectiva estrategia integral, orientada a reducir el consumo y golpear la columna vertebral del narcotráfico.

OFERTA Y DEMANDA
El Perú ya no puede seguir siendo visto solo como “país productor”: los índices de consumo, incluso en las zonas de producción, se han incrementado significativamente. Hoy, el 7% de la población escolar de secundaria del país está comprometida en el consumo de drogas. Este porcentaje se ha incrementado en todo el mundo, incluidos los países vecinos como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, con lo que el mercado del narcotráfico resulta cada vez más atractivo y comporta menores riesgos por su enorme poder corruptor.

De ahí que un componente central de esta estrategia sea la articulación entre las políticas para reducir la oferta y aquéllas orientadas a disminuir la demanda. Hasta ahora las acciones se dan de manera diferenciada y funcionan como compartimentos estancos. Esta articulación, además, abre el camino para vincular las acciones en el campo de las drogas con las estrategias de seguridad ciudadana para la prevención y el control del delito, hoy uno de los problemas de mayor preocupación de la ciudadanía y frente al cual debemos fortalecer el rol del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y su amplia red de Comités Regionales y Comités Locales, en cuya agenda debe insertarse la temática de las drogas.

NO SOLO ERRADICACIÓN
Además de la necesidad de articular la reducción de la oferta con la de la demanda, se requiere que las primeras adopten un enfoque integral que les permita atacar todos los ámbitos de acción y causar el mayor daño posible al narcotráfico.

No basta para ello, ni creemos que sea la principal estrategia, la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Peor aun: si las acciones de erradicación no se desarrollan en el marco de esta estrategia integral, nos pueden llevar a colocar al campesino cocalero como el principal responsable del narcotráfico, lo que sería un grave error. El país tiene ya experiencia de ganar al campesinado a la causa del desarrollo y la paz. La participación activa de los campesinos organizados en Comités de Autodefensa en la derrota del terrorismo lo ha demostrado, y es esa misma experiencia la que debemos aplicar ahora para separar al campesino del narcotráfico.

Pero junto a esto, será necesario enfatizar el control del comercio ilícito de insumos químicos. Es una vergüenza nacional que de las 34.000 TM anuales de insumos que se trasladan a la producción de droga a los valles cocaleros, solo se haya incautado entre 2% y 3% en los últimos años, lo que resulta por lo menos sospechoso. Éste es un factor clave en la lucha contra el narcotráfico, ya que si no ingresan insumos no hay cómo producir cocaína, y los cultivos ilegales de coca se desalentarían por sí mismos, abriendo el camino para que nuestros campesinos retomen cultivos legales con el apoyo de los programas de desarrollo alternativo que, como en el caso del Huallaga, permitan a los campesinos optar por la defensa activa de legalidad que lleve bienestar y paz a sus hogares.

Por otro lado, será necesario identificar las actividades en las que se han insertado ilegalmente los 3,684 millones de dólares que se calcula que moviliza el narcotráfico anualmente. La ley de pérdida de dominio debe ser monitoreada en su aplicación y los bienes del narcotráfico ser destinados a financiar la lucha contra las drogas.

Asimismo, aprendiendo, otra vez, de la experiencia de la lucha contra el terrorismo, proponemos potenciar un trabajo de inteligencia con un equipo especializado como el GEIN, que descabezó el terrorismo, para que se encargue de hacer lo mismo con los carteles de la droga.


Grimaldo Ríos
Revista Ideele


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