Proyecto de ley favorece al Consorcio Camisea

En la siguiente nota se analiza el proyecto de Ley Nº 1396/2012-PE, denominado Seguridad energética y desarrollo del polo petroquímico del sur del país” elaborado y enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Por Diario La Primera | 16 agosto 2012 |  3.7k 
Proyecto de ley favorece al Consorcio Camisea
EN PELIGRO GASODUCTO SUR ANDINO

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LAS RESERVAS. Están por anunciarse las certificaciones de 2,5 TCF y de 5 a 8 TCF del Lote 58, a cargo de Repsol y Petrobras. Está acotada la recuperación de 2,5 TCF del Lote 88, la que falta formalizar contractualmente, pues todavía están inmovilizadas como garantía bancaria de la exportación.

INVERSIÓN. Los US$ 400 millones requeridos de aporte del Estado al Tramo I con Kuntur, se transforman en un monto superior no definido, pero cercano al total estimado de US$ 1,600 millones, totalmente garantizado por el Estado, incluyendo beneficios a TGP.
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1. Improvisación y apuro, para imponer un viraje
El presidente Humala en la campaña electoral del 2011 y en toda su campaña desde el 2006, había adquirido el compromiso con el país en un proyecto histórico para construir el gasoducto sur, sacar adelante su complejo petroquímico, e industrializar e integrar el macrosur. Este compromiso le dio amplio respaldo electoral, y el voto del sur le permitió ganar la Presidencia.

El 28 de julio del 2012, en el discurso presidencial se formuló una propuesta que era el viraje total al compromiso nacional. Mientras el ministro Castila, del MEF, hacía los arreglos de un subsidio escandaloso al monopolio exportador, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, hacía una intensa campaña de prensa, en la que cada día decía cosas nuevas y diferentes sobre un proyecto improvisado. Pero ambos ya tenían desde el Gabinete Valdés un diseño predeterminado para descuartizar el gasoducto surandino, a fin de acentuar el monopolio existente.

Los ministros no han podido presentar sustentos en estudios técnicos, legales y económicos, pues no existen. Pero sí tenían objetivos estratégicos y un diseño de política antinacional, que se han formulado en los proyectos finalmente presentados.

Ante los anuncios presidenciales, el 9 de agosto se reunieron en Cusco los Gobiernos Regionales del macro sur, y escucharon una larga, improvisada e incoherente oferta de promesas del ministro Merino, como si fuese un ekeko de gas.

Los participantes presentaron observaciones, objeciones y propuestas, cuyo resumen fue publicado el día 10 de agosto por el Gobierno Regional de Cusco. El ministro se había comprometido a continuar el dialogo, y enviar las propuestas de ley anunciadas, sus fundamentos técnicos, económicos y legales, sus condiciones de ejecución, ante sus comentarios vagos a las preguntas efectuadas.

Pero el 10 de agosto, pese al debate público iniciado en Cusco, sin hacer caso a la vigente Ley 29129 que señala que el Poder Ejecutivo en este asunto debe coordinar necesariamente con los Gobiernos Regionales, envió el Poder Ejecutivo al Congreso el Proyecto de Ley PE N° 1396/2012-PE, en el cual se hacen públicas y evidentes las peores amenazas escondidas que estaban en el diseño del proyecto descuartizador.

2. La nueva etapa del gas, los dos proyectos en pugna estratégica
La inseguridad energética tiene como causas los 2,5 TCF del gas del Lote 88 que el Consorcio Camisea mantiene como garantía bancaria de la exportación, el irregular contrato de exportación a México, los fraudes fiscales en venta del gas exterior que alcanzan los US$ 125 millones (en 10 embarcaciones), el desincentivo al impulso del mercado interno y la supeditación del mismo a los abusivos precios en los líquidos, las menores regalías en la venta a boca de pozo y el bloqueo al gasoducto sur andino.

En el Perú, por exigencias de la ciudadanía, estamos en condiciones de superar esta inseguridad energética afrontando sus causas. En uno o dos años plazo, tendremos la disponibilidad nacional de adicionales 10 TCF certificados, requeridos para la nueva etapa del gas. Esta nueva etapa es lo que está normado por las leyes 29129 (8 de noviembre 2007), Ley 29690 (7 de junio del 2011) y Ley 29187 (22 de diciembre del 2011), que establecen enfáticamente que deben destinarse para el objetivo estratégico nacional del Proyecto Histórico del Gasoducto, petroquímica e industrialización del sur peruano, y no a supeditarse al actual monopolio exportador (Repsol-Hunt-Pluspetrol) que pretende la exportación del etano con el etano ducto costero y el bloqueo y anulación del gasoducto surandino. El 2007 fue rechazada la propuesta de Suez Energy para un ducto costero, por ser opuesta al gasoducto sur andino.

En el horizonte de planeamiento nacional, ya se tienen las condiciones para efectivizar el uso de las reservas en certificación para dar curso al proyecto histórico del gasoducto del sur. Esta situación enfrenta dos proyectos estratégicos. Un proyecto quiere ampliar al monopolio centralista exportador fragmentando el sur y subordinar la nación. El otro propugna el desarrollo descentralizado en base a la competencia, localizada territorialmente integrando el sur, con perspectiva industrialista, afirmando la soberanía energética nacional.


Ministro de Energía sacó del sombrero nuevo proyecto que favorece a Consorcio Camisea.

3. La disyuntiva estratégica nacional
El Gasoducto sur andino sustenta la integración productiva industrialista del sur peruano, por lo que es indispensable un ducto articulador que transporte volúmenes significativos de gas, para el complejo industrial petroquímico, para los parques industriales de cada región (Cusco, Puno, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna), y para los usos vehiculares y domiciliarios, conectados por redes y grifos. Los ductos articuladores, de gas y líquidos, deben tener ramales de menor dimensión y presión, para llevar gas a ciertas localidades para fines más limitados.

Existe una oportunidad estratégica para esta integración productiva industrialista en el sur peruano y la unidad suramericana con el Proyecto histórico del gasoducto y la petroquímica del sur peruano. El sur peruano tiene una amplísima riqueza de biodiversidad andina y amazónica, capacidades productivas históricas (confecciones, agricultura, etc.), así como riquezas naturales de energía (gas e hidroenergía), minerales (en el sur peruano y el norte de chile están el 50 % de las reservas de cobre del mundo), y forma parte de la principal plataforma territorial integracionista en la conexión del pacifico sur con la amazonía brasileña y la zona industrial del Mercosur. Esta enorme potencialidad es la base para su integración productiva e industrial, al articularse con el complejo petroquímico y sus productos (fertilizantes, plásticos, tuberías, etc.), y disponer de gas barato con un gasoducto integrador de la microrregión.

El proyecto del Ejecutivo enviado al Congreso anula el diseño integrador asumido en las leyes vigentes. Destruye el Sur en tres aéreas fragmentadas, separadas, e inviables técnica y económicamente.

4. El regalo de la renta gasífera y el subsidio
Las políticas del proyecto descuartizador concentran en monopolio la actividad y renta gasífera, impidiendo la competencia; bloquean la industrialización del recurso natural, para confirmar la reprivatización de la economía; destruyen a Petroperú como empresa competitiva y gestión corporativa moderna para reducirla a dependencia administrativa del Ministerio, violando la vigente ley orgánica de Petroperú.

Pero el MEF y el MEM rompen todo el diseño legalmente establecido. Plantean que no habrá gasoducto andino atravesando y conectando las regiones sur andinas, pues éste se fragmentará y solo existirá un gasoducto de Quillabamba-Cusco-Puno; que el Tramo I será convocado a licitación con participación y aporte privado; que se promoverá el etano ducto costero Pisco-Ica para varias plantas en la costa; y que Petroperú no participara como socio empresarial sino actuara como una entidad administrativa.

5. Alternativas
Son claras y definidas las políticas nacionales que se requieren para afirmar la soberanía energética y dar paso a la construcción del gasoducto y la petroquímica del sur andino.

Primera, mantener la legislación vigente de las leyes Nº 29129, 29690 y 29187, que afianzan en el sur el gasoducto y la petroquímica en esta nueva etapa del cambio de matriz energética nacional.

Segunda, el Estado debe dar el aporte financiero necesario para que Petroperú construya como obra pública y subcontratando empresas privadas, el Tramo I de seguridad energética en la conexión Malvinas-Quillabamba, así como los equipamientos encargados a Petroperú y a Electroperú en el área (Planta Fraccionamiento y Envase, Central térmica 200 MW).

Tercera, debe autorizar a que los gobiernos regionales y municipales del sur andino, puedan, con aportes del canon respectivo, ser socios financieros de Petroperú en el gasoducto, en la petroquímica surandina, y en los ramales a los parques industriales así como en otras inversiones de masificación del gas en usos domiciliarios, industriales y vehiculares, entre otras.

A TENER EN CUENTA

- LA COMPETENCIA
Las leyes vigentes señalan el mandato expreso que el nuevo gasoducto y la petroquímica deben situarse y desarrollarse integrando e industrializando el sur. Lo cual solo puede lograrse si activa en el sur del país otra sociedad empresarial, diferente y en competencia con el Consorcio Camisea (dominado por Repsol-Hunt-Pluspetrol) que tiene a su cargo el gasoducto central y sus plantas de líquidos (Pisco) y licuefacción-exportación (Pampa Melchorita). Este mandato de competencia es lo que establece la legislación vigente y que se pretende derogar en el “proyecto descuartizador (Disposición Complementaria Tercera), para afirmar el monopolio actualmente existente. 

- PETROQUÍMICA
Dos componentes químicos que se extraen del gas están considerados para la industrialización: el metano y el etano, siendo el segundo el de más valor comercial y del que el gas de Camisea posee altos porcentajes. Respecto del etano se han aprobado el 2010 y el 2011 las leyes para la Petroquímica del Etano que lo declaran bien público, pues obligan a las industrias de extracción del gas a vender un porcentaje de este componente químico y venderlo necesariamente a la industria petroquímica. El Estado fija en última instancia el precio final, si es que no hubiese acuerdo entre las partes.

Las leyes establecen que la industria petroquímica del etano está asociada necesariamente al gasoducto del sur. Existe un convenio para impulsar el Complejo Petroquímico del Etano en el Sur, suscrito entre Petroperú y Brasken (la principal empresa petroquímica de Brasil formado por Petrobras y Odebrecht).

Contra este proyecto histórico, el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo lo anula para reemplazarlo por un ducto costero de etano que tras su separación en Pisco, lo llevarían por la costa (subsidiado por el Estado en US$ 400 millones) a una planta para su exportación, sin mayor industrialización, a países que lo usarían para su tratamiento industrial (¿Chile, Corea del Sur?). Este proyecto dejaría a la planta de metano en Moquegua solitaria y sujeta a la perenne importación de su materia prima procesada en otros países, o al sobre costo de traer metano en buques, que la haría inviable.


Manuel Dammert
Colaborador

Referencia
Propia



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