Pro-Mineros vs. Antimineros

En los últimos meses, los conflictos sociales asociados a la industria extractiva, han vuelto a aparecer en las primeras planas de los principales diarios y lamentablemente con saldos que se expresan en heridos y muertos (Madre de Dios y Sechura)

| 17 abril 2012 12:04 AM | Especial | 4.3k Lecturas
Pro Mineros vs Antimineros
Una dicotomía ligera frente a un problema complejo

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La caricatura del “anti-minero” tiene popularidad entre ciertos medios periodísticos y empresariales: radicales, rojos, comunistas, sospechosos de terrorismo, que se “disfrazan” de ecologistas para conseguir fondos de oscuro origen, a fin de impedir el progreso del país. Esta caricatura simplemente sataniza a los que expresan una actitud discordante, no ayuda a dialogar y encontrar salidas y respuestas para las poblaciones locales.
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En ese contexto, se ha vuelto casi común etiquetar a los actores involucrados en esos conflictos como “pro-mineros” y “anti-mineros”. Esta simplificación, probablemente útil para un rápido titular en un medio impreso, o para anunciar una primicia televisa, esconde (y deforma) una realidad mucho más compleja.

“Pro-mineros” y “Anti-mineros” son dos epítetos fáciles e impactantes. Pero más que describir, en realidad ocultan carencias de argumentos y propuestas de fondo. Sirven para descalificar al supuesto adversario, posiciona subjetividad en los actores. Decir “SI VA” o “NO VA”, simplifica el debate y hace que un tema complejo se convierta en un simplismo que no permite una discusión seria de posibles salidas a los problemas del país, cuyas peores versiones se expresan en el hambre, la desnutrición, las enormes desigualdades y brechas entre una minúscula minoría privilegiada y una gran mayoría desposeída de derechos básicos.

Algunas críticas apuntan a una práctica empresarial que históricamente ha hecho de su relación privilegiada con el poder político la base para obtener privilegios, sean éstos exoneraciones tributarias, como las obtenidas bajo el régimen fujimorista, o logrando que las autoridades encargadas de la regulación y el control de las prácticas ambientales (planes de mitigación y remediación, PAMAs, evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental) se hagan de la vista gorda o sean complacientes con documentos mal elaborados, o prácticas que a todas luces vulneraban el ordenamiento legal, un ordenamiento que, dicho sea de paso, había sido hecho en muchos casos a la medida de las necesidades de estos inversionistas.

Compartir estas apreciaciones críticas no necesariamente implica el rechazo a la actividad minera, del mismo modo que afirmar que la inversión minera contribuye al crecimiento económico del país no significa estar de acuerdo con esas prácticas que muchas veces lindan con lo delictivo, y no debería implicar ser caricaturizado como “Pro-minero”.

Pero el SÍ o SÍ, sin considerar los impactos económicos, sociales sobre las poblaciones locales, sin analizar con transparencia los riesgos ambientales, y sin estructurar procesos sostenibles de diálogo que permitan llegar a acuerdos y decisiones concordadas entre Empresa, Estado y comunidad, es decir, un SÍ o SÍ absoluto, simplemente atiza los conflictos

En el otro lado, la caricatura del “anti-minero” tiene popularidad entre ciertos medios periodísticos y empresariales: radicales, rojos, comunistas, sospechosos de terrorismo, que se “disfrazan” de ecologistas para conseguir fondos de oscuro origen, a fin de impedir el progreso del país. Esta caricatura simplemente sataniza a los que expresan una actitud discordante, no ayuda a dialogar y encontrar salidas y respuestas para las poblaciones locales.

Esa caricatura esconde la gran diversidad de posiciones que existen entre quienes participan, de una u otra manera, en las diversas “movidas” opositoras a diversos proyectos mineros. Campesinos que buscan negociar mejores condiciones sobre el alquiler y/o venta sobre sus tierras, que exigen reglas y perspectivas claras para los contratos laborales que les ofrecen, que demandan información certera sobre proyectos que se proponen para 30 o 40 años (nada mejor que estos casos para poner en práctica la preocupación por las generaciones futuras, aspecto clave de la sostenibilidad), otros campesinos o pueblos indígenas que no están de acuerdo, sinceramente, con la presencia de proyectos mineros, petroleros, gasíferos o de otra índole en sus tierras, y que proponen una idea que, en otros contextos, sin las enormes diferencias y barreras que separan a los peruanos, serían apreciadas como razonables: si ésta es nuestra tierra, entonces exigimos el derecho a que consideren nuestra opinión antes de otorgar la buena pro a un proyecto.

Y también entre los activistas “políticos” donde hay diversidad de posiciones. Desde aquellos que están buscando reivindicar no solo un nuevo modelo, sino una nueva sociedad, que deje atrás la lógica consumista y expansionista del capitalismo, hasta quienes buscan fortalecer la capacidad de regulación del Estado, de ESTE Estado, y ordenar las actividades económicas, entre ellas la minería, para que se desarrolle respetando los derechos de ciudadanos y ciudadanas que viven en las inmediaciones de los mismos.



Por supuesto, una acusación fácil a estos grupos es que están buscando aprovechar de esta coyuntura para lograr protagonismo político. Y es probable que esta acusación sea cierta, pero la participación y organización política es un derecho constitucional. Y además, ¿no están también buscando protagonismo e influencia en las decisiones políticas quienes quieren vender la idea de que la minería es clave para el desarrollo del país?

Tal vez en este último aspecto está la clave. ¿Qué estamos entendiendo como desarrollo DEL PAÍS? ¿Solamente buenos negocios que generen enormes ganancias a los inversionistas? ¿Dónde queda la necesidad de fortalecer un Estado que garantice que peruanos y peruanas puedan ejercer sus derechos básicos? ¿Dónde queda el respecto a los derechos de trabajadores, de pueblos y campesinos? ¿En qué espacio discutimos y nos ponemos de acuerdo sobre qué significa, o significaría, desarrollar una minería responsable que aporte tanto al crecimiento económico del país como al desarrollo de las economías locales no mineras? ¿Qué mecanismos podemos desarrollar para lograr equilibrios entre industrias extractivas y economías campesinas? ¿Cómo establecemos nuevos estándares ambientales consensuados para controlar la actividad minera? ¿Cómo evaluamos la pertinencia y eficacia de las tecnologías utilizadas para prevenir, mitigar o remediar los impactos ambientales adversos? ¿Cómo fortalecemos los estándares para los estudios ambientales? ¿Cómo logramos que los mecanismos participativos como talleres, audiencias, monitoreo permitan una real participación de las poblaciones locales? En fin, ¿como garantizamos que las actividades de responsabilidad social sean realmente tales, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida del entorno de las minas, y no se restrinjan a iniciativas dispersas que parecen más preocupadas por brindar una mejor imagen corporativa?

¿No será que la mejor manera de enfrentar, en serio, la situación de los conflictos, sea encontrar los espacios adecuados para este debate? Este es el reto del Congreso, el espacio llamado a fomentar el debate de las opciones por las que peruanos y peruanas votaron en las últimas elecciones. Pero parece que es más interesante dedicarse a levantar titulares espectaculares, antes que dedicarse a las tareas de fondo, que no siempre brindan titulares fáciles ni se pueden comunicar en un par de minutos de entrevistas al paso.


Juan Pari
Congresista de la República


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