Perú y Argentina frente a la historia

Aunque no tienen límites territoriales, la Argentina y el Perú tienen vínculos culturales e históricos que los estrechan tanto como si la frontera entre ambos países existiera. Como todos los países latinoamericanos, tienen grandes brechas sociales por resolver y al mismo tiempo han sufrido dictaduras que han profundizado más esas diferencias, pese al paso del tiempo.

| 28 noviembre 2012 12:11 AM | Especial | 1.2k Lecturas
Perú y Argentina frente a la historia
Familiares de víctimas siguen buscando justicia.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

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El pasado lunes 19 se realizó el seminario “La justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en el Perú y Argentina”, en el que participaron abogados y especialistas en derechos humanos de ambos países, que hicieron una evaluación de los avances, retrocesos y paralelos en los procesos de justicia que juzgan los delitos de las dictaduras que dominaron ambas naciones, aunque en épocas distintas.
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Una de esas cosas en común fueron dictaduras que, en nombre de la lucha contra la subversión y la defensa de intereses de grandes grupos económicos, cometieron graves delitos contra los derechos humanos. Pese a ocurrir en distintas épocas y diferentes situaciones, estos hechos han dejado aun muchas heridas en estos pueblos, que reclaman conocer la verdad y que se aplique la justicia.

Por ello, el pasado lunes 19 de noviembre, en el auditorio Jorge Eugenio Castañeda, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se realizó el seminario “La justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en el Perú y Argentina”, en el que se evaluaron las luces y sombras de los procesos judiciales ejecutados en ambas naciones para esclarecer estos hechos.

Organizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), estuvieron como panelistas por el lado peruano el abogado Carlos Rivera, representante de esta institución; Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), y Jo-Marie Burt, de la Washington Office in Latin America (WOLA), organización no gubernamental de los Estados Unidos y seguidora del proceso de derechos humanos en nuestro país.

Por la Argentina estuvo la abogada Carolina Varsky, directora del Área de Litigios del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS); y la socióloga Lorena Balardini, coordinadora del Área de Investigación de la misma institución, fundada en Buenos Aires en 1979, en plena dictadura militar (1976-1983).

EN LA VANGUARDIA
A diferencia de países de otros continentes, que han juzgado crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales, América Latina ha dado el paso importante de procesarlos en sus tribunales domésticos, hecho que fue ampliamente destacado en el foro.

Jo-Marie Burt indicó que nuestra región “está liderando un proceso de singular importancia, porque están investigando las dictaduras de los últimos 40 años”, y que estos procesos de justicia “se llevan en tribunales nacionales, a diferencia de Europa u otras partes del mundo, donde se juzga en tribunales internacionales”.

En ese sentido, destacó que tanto el Perú y la Argentina, junto a otros países como Chile y Uruguay, hayan tomado la delantera en América Latina. Agregó que en Guatemala, con las investigaciones de la guerra interna entre 1960 y 1996, y con la creación de la Comisión de la Verdad en Brasil que investiga violaciones a los derechos humanos entre 1944 y 1984, “se están iniciando algunos procesos”.

No obstante estos avances, la también profesora de Ciencias Políticas en la Universidad George Mason sostuvo que hay “una combinación paradójica de justicia e impunidad” en el caso peruano, debido a los avances y retrocesos vistos en los últimos años.

Por su parte, Carolina Varsky, del CELS, dijo que en Argentina también hubo “una sensación de impunidad”, pese a las condenas a los principales responsables, pero señaló que todo dependía del accionar de las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos para supervisar estos procesos.



LAS COINCIDENCIAS
Una de las primeras similitudes en los procesos argentino y peruano expresadas en el foro fue la negativa de las Fuerzas Armadas de ambos países de entregar documentos relacionados a operaciones orientadas a prácticas como torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos. Tal era el parecido, que en ambos casos señalaron que los documentos “habían sido cremados”.

Gloria Cano expresó que cada vez que han pedido al Ministerio de Defensa (Mindef) que entreguen la documentación para realizar las investigaciones “nos dicen que es imposible, porque quemaron todos los archivos. Eso es falso porque los criminales no queman absolutamente nada”.

Además, la directora ejecutiva de Aprodeh recordó que el Mindef publicó un libro en el 2010, llamado “En honor a la verdad”, respuesta al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado años antes, que da cuenta “de una serie de datos que confirman que ningún documento fue quemado. Hay operativos, patrullajes y e informes de inteligencia que señalan cuánto se hizo”.

También señaló que las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas “hemos pedido al Poder Judicial y Ministerio Público que pidan acceso a esta documentación con acciones de hábeas corpus, porque tenemos derecho a esa información”.

En el caso argentino, inicialmente también tuvieron esa dificultad. Varsky señaló que cuando comenzaron los juicios a las juntas militares en 1984, bajo el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, “las fuerzas armadas dijeron que quemaron toda la información”.

“Eso nos parecía raro, pero efectivamente fueron encontrados documentos posteriormente”, afirmó Varsky, y refirió que con esto se pudo llegar hasta el fondo de los hechos.

Otra coincidencia encontrada es que las cabezas de los procesos dictatoriales que cometieron estos crímenes de lesa humanidad están cumpliendo condenas ejemplares por estos hechos, en calidad de autores mediatos; así como los que le seguían en las columnas de mando.

Burt destacó que gracias al informe de la CVR, se pudo desarrollar un sistema para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos “que tuvo frutos muy importantes”.

Recordó que con ello, en septiembre del 2007 se logró extraditar a Alberto Fujimori, quien tras año y medio de juicio, fue sentenciado a 25 años de prisión como autor mediato de crímenes calificados como de lesa humanidad. Asimismo, dijo que “el comando paramilitar Colina fue hallado culpable en varios juicios”.

Con esas mismas investigaciones, cuatro policías fueron sentenciados, en el año 2006, a condenas de 15 y 16 años de prisión por el secuestro y desaparición del estudiante de la Universidad Católica Ernesto Castillo Páez, ocurrido en 1990. Además, se logró condenar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a cadena perpetua, pues también fue considerado como autor mediato de la organización terrorista.

El abogado del IDL, Carlos Rivera, dijo que era importante que Fujimori, Guzmán y varios cabecillas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru hayan sido condenados por autoría mediata, y que esto demostraba que los perpetradores materiales de los hechos “respondieron a decisiones superiores” sobre hechos considerados como crímenes contra la humanidad, tanto por tribunales nacionales como internacionales.

Empero, afirmó que era “preocupante” que pasados varios años de procesos judiciales por lo ocurrido en la dictadura de Fujimori, no haya un solo oficial condenado por autoría mediata. Al mismo tiempo, recordó que el informe de la CVR, señala que Sendero Luminoso “también cometió crímenes contra la humanidad”.

En el caso argentino, Varsky recordó que con los juicios a las juntas militares fueron condenados los exgobernantes de facto Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, pero quedaron en libertad entre 1989 y 1990 gracias a indultos dados por el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Sin embargo, la abogada del CELS afirmó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Barrios Altos en el 2001, con su calificación de este hecho como crimen de lesa humanidad; y que las leyes de amnistía y de prescripción no eran válidas por no ajustarse a lo estipulado a la Convención Americana de Derechos Humanos, permitieron revocar las amnistías a los dictadores y abrirles nuevos procesos.

ESFUERZOS Y COMPARACIONES
Más allá de la condena a Fujimori, Montesinos, y los integrantes del grupo Colina por ser culpables de crímenes de lesa humanidad, Carlos Rivera resaltó que de los 80 casos judicializados por este mismo tema, 45 aparezcan descritos en el informe final de la CVR, lo cual en opinión del coordinador del Área Legal del IDL “significa un esfuerzo adicional” de la justicia peruana.

En Argentina, Varsky afirmó que la reforma constitucional de 1994 incorporó 12 tratados de derechos humanos firmados por el Estado argentino, que fue otro tema que ayudó a generar procesos de memoria y justicia, además del fallo de la CIDH sobre el caso Barrios Altos.

Gracias a estos temas, la Cámara Federal decidió llevar a cabo nuevos procesos a las juntas militares, y en el 2002, se decide que las leyes de amnistía de 1989 y 1990 “son inconstitucionales”.

En cuestión de cifras, la abogada del CELS dio a conocer que entre 1985 y 2005, hubo 32 condenas y seis absoluciones; mientras que a partir del año 2006, año en el que comenzaron a surtir efecto las nuevas decisiones de la justicia argentina, hasta el presente, hubo 302 condenas y 24 abstenciones.

TESTIGOS Y FAMILIARES
La socióloga Lorena Balardini, coordinadora del Área de Investigación del CELS, dijo que era importante el accionar de los testigos y los familiares de las víctimas, tanto en los procesos judiciales como en el activismo para promover la memoria en la ciudadanía.

Recordó que el activismo, a través de acciones de incidencia y su participación activa en épocas de transición, permiten una “interpela-ción permanente del Estado” ante los crímenes de lesa humanidad. Balardini dijo que durante distintas épocas “innovaron sus métodos de incidencia” para tener eco en la sociedad y el Estado.

Al mismo tiempo, dijo que había una gran responsabilidad en los jueces a cargo de los procesos, pues “tomar testimonio es muy complejo, pues la forma en que se realice condicionará la producción de pruebas”, y sostuvo que de no hacerse con responsabilidad “puede provocarse una revictimi-zación”.

Sostuvo que los jueces deben aprender a escuchar a los testigos, sistematizar las experiencias y buscar los mejores abordajes posibles para tratar estos casos.


Víctor Liza
Redacción


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