Paz para Colombia

Los cables que daban cuenta del inicio de las conversaciones en la Habana, entre representantes del gobierno de Colombia y delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, corrieron como reguero de pólvora, el primero en poner el grito al cielo fue el expresidente Álvaro Uribe, convertido en enemigo a muerte del presidente Juan Santos, quien fuera su ministro de Defensa.

| 03 setiembre 2012 12:09 AM | Especial | 1.4k Lecturas
Paz para Colombia
HALCONES COLOMBIANOS QUIEREN SABOTEAR EL PROCESO

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DETALLE

Los negociadores del gobierno son Frank Pearl, ministro de Ambiente y excomisionado de paz, y Sergio Jaramillo, asesor presidencial. Por la guerrilla están Rodrigo Granda (conocido como el “canciller de las FARC”) y Mauricio “el Médico”, quien sucedió al “Mono Jojoy” cuando murió en un bombardeo en 2010.
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La noticia del inicio de las conversaciones para la búsqueda de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano despertó esperanzas en la sociedad, ratificó el fracaso del proyecto militar ideado por el gobierno de los EEUU para derrotar a la guerrilla y a los capos de la droga, y generó la histérica reacción de los sectores guerreristas capitaneados por Álvaro Uribe.

Tras diez años de la implantación del “Plan Colombia”, la llamada guerra contra las drogas y la guerrilla, en que se gastaron más de 9.000 millones de dólares, el saldo no es nada positivo: graves violaciones de los derechos humanos a cambio de la muerte de algunos altos mandos de la insurgencia.

El Plan Colombia se concibió en 1999 tras el fracaso de las negociaciones de paz promovidas por el presidente Andrés Pastrana. El estadounidense Bill Clinton le dio su respaldo con el claro objetivo de terminar el conflicto armado y de crear una exitosa estrategia antinarcóticos. Pero pronto salieron a la luz sus limitaciones. Ya en el 2000, Amnistía Internacional criticaba su implementación: “El Plan Colombia se basa en un análisis que enfoca las raíces del conflicto desde el punto de vista de las drogas y la crisis de los derechos humanos e ignora completamente las responsabilidades históricas del propio Estado colombiano…” reza el documento.

Pese a los más de 6,000 millones de dólares invertidos entre 1999 y 2005, el plan no dio los resultados propuestos. Los cultivos de coca se incrementaron en un 15% y se legalizaron estructuras mafiosas y tácticas de guerra sucia, so pretexto de acabar con las guerrillas. Bandos paramilitares se ensañaron con las poblaciones rurales y concluyeron en la masacre de inocentes como lo reveló el escándalo de los miles de “falsos positivos”. Pese a los golpes propinados a la guerrilla, esta sigue viva y en capacidad de seguir operando.

El GUERRERO
El anuncio de las negociaciones de paz provocó la histeria de los grupos guerreristas, comandados por el expresidente Álvaro Uribe, un hombre que en los lejanos 80 fue acusado por el exministro liberal Rodrigo Lara de vínculos con el cártel de Medellín; Lara fue asesinado el 30 de abril de 1984 luego de que la fuerza pública desmantelara un complejo cocalero llamado “Tranquilandia”, de propiedad de Pablo Escobar, en la que se encontró un helicóptero de la familia Uribe.

En 1991, el Departamento de Defensa publicó una lista de personajes asociados al cartel de Medellín. En el número 82 figuraba Uribe. Ese retrato no se corresponde con su actual imagen de aliado de Washington en la guerra contra las drogas. En esos días, Uribe estaba entre las docenas de políticos que se opusieron a la extradición de los traficantes de droga. Otro dato es que en el 2002 Uribe recibió 100 millones de pesos para su campaña presidencial de la empresa Uniapuestas, de Enilse López (“La Gata”) acusada después de lavado de activos y desviación de fondos del narcotráfico.



PARAMILITARES
La reacción del expresidente frente al anuncio de las negociaciones se explica porque durante su gobierno su política de seguridad se centró en la derrota de la guerrilla, mientras que el grueso de los analistas coincidía en que el mayor problema era el resurgimiento del paramilitarismo. Según cifras de la Defensoría del Pueblo en el 2005 operaban más de 82 bandas armadas en 273 municipios, conformados por 10 mil hombres.

Al iniciar su segundo mandato, en 2006, Uribe emprendió un proceso de desmovilización pactada con los paramilitares, agrupados en su mayor parte en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). En medio de gran despliegue publicitario se produjeron entregas de armas y la intervención de dirigentes como Salvatore Mancuso para explicar los “servicios” rendidos en su lucha contra la guerrilla. Pero, en realidad, las bandas se reagruparon.

El escándalo reveló que la guerra contra la guerrilla, fue un gran negocio para políticos y funcionarios que desviaron dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales, responsables de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales.

Otro de los escándalos de su gobierno fue el caso de los ‘falsos positivos’, que reveló que Uribe y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos medían los resultados de la lucha contra los grupos ilegales por el número de muertos. La situación llevó a algunos militares inescrupulosos a asesinar a jóvenes inocentes para inflar sus resultados operacionales.

LA SOCIEDAD
Al ser elegido a la presidencia en 2010, Juan Manuel Santos prometió cambiar este escenario e invitó a todos los movimientos políticos a trabajar en conjunto por la unidad nacional. Explicó que si se destina un porcentaje de los millonarios recursos que van para la guerra, en asistencia y en obras públicas, Colombia daría un paso enorme para su desarrollo. Algunos empresarios le dieron su respaldo y anunciaron que comparten su punto de vista y afirmaron que estaban dispuestos a pagar un impuesto para apoyar el proceso.

Santos asegura que busca no repetir los errores del pasado en los encuentros que se oficializarían el próximo 5 de octubre en Oslo, Noruega, país que prestó sus buenos oficios para que el gobierno y la guerrilla pongan fin al conflicto de manera negociada.

En Oslo, los delegados del gobierno y las FARC deberán discutir, entre otros temas, la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil, así como una serie de medidas para garantizar el desarrollo económico mediante la inclusión de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

La agenda se centrará en los temas económicos y sociales, haciendo especial énfasis en la política agraria por considerar que es “determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo” de Colombia.



OPOSICIÓN
Pero todo hace prever que no será fácil para el gobierno ni para las FARC llevar los diálogos a buen puerto. Sectores de ultraderecha y el alto mando militar pretenden evitar que el anhelo de paz se convierta en realidad. Como en toda lucha política, el problema de la distribución de la riqueza está en el centro del conflicto. La violenta concentración de la propiedad de la tierra, de la renta y los ingresos, el exterminio de los pueblos indígenas para dar paso a proyectos de monocultivos de exportación y a los grandes proyectos mineros, son la fuente de la confrontación armada. Una profunda reforma agraria y el cambio del modelo económico se imponen en estas circunstancias.

Lo real es que la apuesta de las clases dominantes por la paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver los problemas fundamentales, sino permitir que las industrias extractivas funcionen a su máxima capacidad.

Otro factor que hay que destacar es que los acercamientos entre el gobierno y las FARC se hacen públicos en la época en que diversas organizaciones sociales reclaman su aplicación y cuestionan que el presidente de la República tenga el monopolio para convocar a las negociaciones, como se plantea en el Marco Jurídico para la Paz.

El reclamo por la paz se evidencia en la exigencia de los campesinos y los pueblos originarios del norte del Cauca para que los actores armados salgan de sus territorios ancestrales, tal como ocurrió con la expulsión de militares y guerrilleros en Toribio por parte de la guardia indígena.

Un reclamo recogido por el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que plantean que en la mesa de negociación participen las organizaciones sociales y los sectores populares, que también piden cambios de fondo en la estructura económica y social de Colombia.


Efraín Rúa
Editor de Mundo

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