Para que la tragedia no se repita

Una reciente norma sobre seguridad en los establecimientos públicos, que incorpora a las discotecas y les exige una serie de medidas, busca impedir que vuelva a suceder una tragedia como la de Utopía, ocurrida hace más de diez años y que cobró la vida de 29 jóvenes.

| 03 febrero 2013 12:02 AM | Especial | 2.4k Lecturas
Para que la tragedia no se repita
Nueva norma impide desgracias como la de Utopía y la de Brasil
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La norma, que pasó inadvertida, fue dictada por el gobierno en noviembre pasado, como agregado a una ley de hace nueve años.

Según Luis Paredes, subcomandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Lima Sur y quien fue uno de los valerosos hombres de rojo que asistió a las víctimas de la discoteca Utopía, la nueva disposición fue dictada por insistencia de los bomberos limeños que en los últimos años pidieron a los gobiernos que la emitan, sin ser escuchados.

Dice que en el 2006 se modificó la Ley sobre seguridad, endureciéndola a raíz de la tragedia de Utopía, pero extrañamente no se consignó a las discotecas. “Recién con este gobierno se las ha incluido, tengo entendido que por presión del viceministro de Vivienda ahora se consignan parámetros básicos de seguridad en las discotecas”, precisó.

Menciona entre las nuevas exigencias la prohibición de dar licencias para el funcionamiento de discotecas en sótanos, la obligatoriedad de que cuenten con un sistema de alarmas de detección de humo, con un dispositivo para que en la primera señal de alarma se enciendan todas las luces blancas.

Según la norma, las discotecas deben tener además suficientes vías de evacuación y sistemas de aspersores o rociadores de agua en los techos. “Aunque ya es bastante, faltaría que se prohíba el uso de espuma como aislante de ruido en los techos, por ser un material altamente inflamable”.

Paredes recuerda con tristeza lo que vivió en el incendio de la discoteca Utopía, ubicada en el Jockey Plaza, que según todos los informes, no contaba con mínimas medidas de seguridad y sin embargo tuvieron la ocurrencia de efectuar juegos pirotécnicos, lo que provocó el siniestro.

“Esta nueva Ley, como toda norma, no es retroactiva, pero está en manos de los gobiernos regionales y de los municipios exigir a los propietarios de discotecas el cumplimiento de estas nuevas medidas de seguridad, como condición para renovarles las licencias de funcionamiento. De lo contrario, siguen siendo bombas de tiempo”, advierte.



ASFIXIADOS
A propósito del reciente siniestro que cobró la vida de casi 250 personas en la discoteca brasileña Kiss de Santa María, en Porto Alegre, el dirigente bomberil explica que en estos incendios la gente muere asfixiada y no quemada.

“Por ejemplo, en Utopía y tengo entendido que en otras discotecas siniestradas, los humos tóxicos se producen en forma violenta y rápida penetrando en los pulmones de los asistentes, que fallecen en un tiempo que va de tres a ocho minutos”.

Paredes critica la falta de ética y seguridad de los dueños de las discotecas que, como en Utopía, no se preocuparon de las vías de escape y no tuvieron presente que la seguridad no es responsabilidad de los clientes, sino de los dueños del negocio.

En Utopía “mucha gente aturdida se atracó en la puerta de salida donde fueron atrapadas por los humos que llegan a una temperatura de 600 a 800 grados, penetrando en los pulmones”, recuerda.

Por su parte Alberto Bisbal, director de prevención del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pide a los asistentes a las discotecas que antes de ingresar averigüen si el establecimiento tiene licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil vigente, así como un plan de seguridad ante emergencias y revisar el local para comprobar si está expuesto a algún riesgo.

Refiere que la experiencia peruana indica que algunos dueños de discotecas presentan sus locales bien cuidados, ordenados y con rutas de seguridad y extintores en el momento de las inspecciones, pero algunos de los objetos son prestados solo para mostrarlos y pasar el control.

“El certificado de Defensa Civil no es un cheque en blanco para hacer lo que da la gana después que pase la inspección, alguien tiene que estar vigilando si lo que se dijo o mostró al momento de la inspección se cumpla siempre y esa es la autoridad municipal”, indica.

Precisamente un representante de Indeci informó que la Ley sobre seguridad trasladó a los municipios hace más de un año la responsabilidad de inspeccionar locales como los mencionados. Para ello, los municipios cuentan con departamentos de Defensa Civil y tienen la obligación de velar por la seguridad de los establecimientos públicos.

LOS OLIVOS
Fidel Quevedo, de la oficina de prensa de la Municipalidad de Los Olivos, señala que hace año y medio el alcalde Felipe Castillo ordenó un operativo en cerca de 30 discotecas que funcionan en el distrito, encontrando muchas deficiencias, por lo que el 80 por ciento de ellas fueron clausuradas. “Ahora se prepara otro operativo sorpresa, no puedo adelantar más”.

El periodista puntualiza que la oficina de Defensa Civil del municipio se ocupa, entre otras tareas, de velar por la seguridad en las estructuras de las discotecas y de que haya personal especializado en la seguridad de las mismas, así como del cumplimiento de la prohibición de ruidos molestos que afecten la tranquilidad del vecindario. “Estas medidas y otras se coordinan con representantes vecinales”.

Un funcionario de la municipalidad de La Molina expresa que esta no tiene problemas con discotecas porque, al tratarse de un distrito residencial, solo funcionan una o dos en la zona. En los municipios de Lima, Surco y San Borja se comprometieron a responder nuestras inquietudes, sin cumplir el compromiso.

RONALD GAMARRA
Hubo responsabilidad dolosa de empresarios
Exprocurador anticorrupción, defensor de los derechos humanos y directivo del Instituto Promoviendo Desarrollo Social (Iprodes), Ronald Gamarra afirma que en el caso del siniestro de Utopía hubo responsabilidad dolosa de los empresarios, a quienes no les importó las medidas de seguridad de la discoteca.

“Es difícil obtener justicia en el Perú, es necesario que la gente pelee para lograr sus derechos, como sucede con los familiares de Utopía, que llevan más de 10 años en su lucha. Lamentablemente en algunos casos hay mala selección de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura”, dice.

Afirma, asimismo, que lo sucedido en Utopía no fue negligencia como se pretende decir, sino un delito doloso por el que se encuentra en prisión el exgerente Percy North, “pero falta el principal, que es Azizolahof, que parece tuviera buen padrino o madrina”.

Gamarra dice que, solidario con la causa de Utopía, espera que la Corte Suprema recoja la acción de amparo presentada por los padres y reabra el caso. “El escrito ha sido muy bien fundamentado por el colega Nakazaki, esperamos una nueva actitud de los magistrados”.

El jurista añade que así como se condenó a North por delito doloso, debe obrarse igual con Azizolahof “porque las sentencias no pueden ser distintas”.

“Le queda a la justicia reclamar la presencia de este señor para que responda por su participación en este crimen, porque incumplió todas las medidas de seguridad y que la policía lo traiga de vuelta al Perú para ser juzgado”, sentencia.



EN EL DOLOR
Los padres de Utopía solidarios con Brasil
Los padres de los jóvenes que perdieron la vida en la discoteca Utopía de Surco expresaron su solidaridad con los familiares de los más de 240 fallecidos en días pasados en un incendio similar en Brasil.

“Los consideramos nuestros hermanos en el dolor”, dijeron, al exigir al Poder Judicial que dicte justicia para los responsables de la muerte de sus hijos.

“Nos condolemos por la tragedia que nos ha hecho revivir lo que padecimos y seguimos padeciendo, pero a la vez tenemos una envidia sana porque hemos visto allá la preocupación de la presidenta, que inmediatamente regresó de la Cumbre donde se encontraba, hubo flores, el duelo de la comunidad donde todos vestían de blanco, mientras que acá no hubo ni un saludo ni una flor ni una corona de misa, por parte del gobierno del señor Toledo”, dice Roberto Valverde, padre de Milagros, una de los 29 jóvenes que perdieron la vida en el siniestro.

“Tengo entendido que encarcelaron a varios de los responsables de la seguridad de la discoteca y que uno de ellos hasta intentó suicidarse por la tragedia, mientras acá hasta ahora no hay justicia y el responsable principal, Alan Azizolahof, sigue gozando de la vida en Estados Unidos sin importarle nuestro dolor”, dice.

Recuerda que hicieron autopsia a varios de los cadáveres de las víctimas de Utopía, sabiendo que murieron por los humos que aspiraron. El “vicepresidente Raúl Diez Canseco dijo que se investigaría lo sucedido y no pasó nada. Estamos muy resentidos con las autoridades políticas y judiciales. Nuestros sentimientos son de impotencia e indignación. ¿Hasta cuándo la justicia será una utopía en el Perú?”, pregunta Valverde.

“Gracias a un hábeas corpus, obra de Alberto Químper, el juicio a Azizolahof fue anulado y después la vocal Carmen Martínez Maraví archivó el caso y la Corte Suprema le ordenó reabrirlo, pero tres vocales, no sabemos con qué argumentos, se opusieron y después esta señora se inhibe de intervenir. En la Corte Superior el caso estuvo mil 500 días, ahora ante nuestra acción de amparo estamos esperando la decisión de la Corte Suprema”.

Valverde señala que en los casos de Utopía y de la discoteca de Brasil “se jugó con fuego, en Utopía se utilizó bencina, una chispa saltó a la cabina del disjockey que se prendió de inmediato propagándose el fuego, y en Brasil usaron luces de bengala, cuyas chispas incendiaron el techo de espuma inflamable”.

Sostiene asimismo que los empresarios de Utopía no consideraron en su inversión ninguna medida de seguridad “lo único que querían es ganar plata en forma rápida sin pensar en la integridad de los asistentes”.

“Según la Constitución, la persona es el fin supremo de la sociedad y ¿qué hicieron estos señores? Arrebatar la vida de nuestros hijos sin recibir sanción. Propondría que, además de la cárcel, todos los responsables de actos similares deben ser castigados con la muerte civil, es decir, que se les suspenda todos sus derechos”, dice Valverde, con dolor e indignación.


Denis Merino
Redacción


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