Más allá de la Megacomisión

Destacados juristas consideran que el Ministerio Público y el Poder Judicial pueden y deben profundizar sobre los resultados de los informes del grupo de trabajo especial del Congreso que investiga los actos de corrupción durante el segundo gobierno aprista.

Por Diario La Primera | 15 agosto 2012 |  1.4k 
Más allá de la Megacomisión
Foro Anticorrupción señala que resultados de Megacomisión abren camino para investigación fiscal y judicial.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

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A su turno, Townsend recordó que cuando integró la comisión parlamentaria presidida por el excongresista David Waisman, que investigó la corrupción de la dictadura fujimorista, “hubo intentos para que no hubieran comisiones investigadoras, incluso organizaron un mitin para que el grupo de trabajo fuera disuelto”.
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El primer informe de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso que investiga los hechos de corrupción ocurridos en el segundo gobierno de Alan García, puede servir de insumo para las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de profundizar las indagaciones para señalar responsabilidades penales de funcionarios del más alto nivel, incluido el propio expresidente.

Así lo manifestaron los abogados Yván Montoya, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp); y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, quienes participaron como panelistas en el foro “Resultados de la Megacomisión investigadora del Gobierno de Alan García: Retos y Posibilidades”.

Este importante evento realizado el pasado viernes 10 de agosto, en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue organizado por el Grupo de Trabajo contra la Corrupción y el despacho del congresista Sergio Tejada (Gana Perú), que es presidente de la comisión investigadora.

Junto a Tejada, quien expuso sobre la labor de investigación de las irregularidades ocurridas en el segundo régimen de García, estuvo en el panel de comentaristas la excongresista Anel Townsend, en representación del Centro Interamericano para la Gobernabilidad, donde se recordó su papel en la comisión presidida por el exparlamentario David Waisman para investigar los graves hechos de corrupción ocurridos en la década de Alberto Fujimori.

El objetivo del foro, en el que participaron también personalidades de organizaciones de la sociedad civil y público en general, fue analizar las posibilidades que tiene la Megacomisión, a partir de su primer informe, de realizar su trabajo en el marco de la existencia de actores sociales opuestos a esta labor de investigación; y plantear propuestas para configurar una vigilancia ciudadana que respalde esta labor y evite la impunidad.

CONTEXTO Y DIFICULTADES
El primero en intervenir fue Sergio Tejada, quien recordó que antes de la conformación de la Megacomisión, “había mucho descontento en la ciudadanía frente a la corrupción y la impunidad” ante los escándalos ocurridos en el régimen de García, como los del shock de inversiones, las irregularidades en la reconstrucción de Ica tras el terremoto del 2007, y los denominados “Petroaudios”.

Recordó que en ese momento, varias encuestadoras dieron cuenta del mayoritario rechazo de la población a estos hechos, que fueron conocidos gracias a denuncias periodísticas.

Tejada expresó que al momento de asumir la presidencia de la Megacomisión “recibí el apoyo de todas las fuerzas políticas, en algunos casos porque pensaban que como no tenía experiencia parlamentaria, iba a ser fácil de manejar; pero hemos asumido el reto, con firmeza para emprender las investigaciones”.

Afirmó que desde el comienzo de las labores, tuvo algunas dificultades. “No tuvimos apoyo logístico debido a las trabas que nos pusieron algunos funcionarios administrativos del Congreso, nuestros técnicos no tuvieron oficinas hasta enero, y solo hace unos días nos entregaron computadoras”, señaló.

Además de estas limitaciones logísticas, Tejada agregó que “hubo ataques del Partido Aprista, pese a que no investigábamos al partido, sino a una gestión de gobierno; e incluso de algunos medios de comunicación”.

También están las denuncias ante la Comisión de Ética Parlamentaria de las empresas implicadas en las irregularidades de la remodelación de los colegios emblemáticos, el primer tema investigado.

COLEGIOS EMBLEMÁTICOS
Pese a que el caso de los colegios emblemáticos “no era tan sonado periodísticamente”, Tejada explicó que la Megacomisión investigó primero este caso “porque el equipo técnico tenía investigación valiosa” sobre este tema.

Precisó que la madre del cordero, el polémico decreto de urgencia 004-2009 para la remodelación de los colegios emitido en el último régimen de García en el marco de la crisis económica internacional “no tenía ningún sustento técnico y legal”.

Agregó que ese decreto “no planteaba hasta cuándo duraba”, y que no hacía alusión a la supuesta situación crítica de la infraestructura escolar, “porque no fue parte del plan anticrisis del Ministerio de Economía”. “La explicación de motivos tampoco existía”, añadió, tras recordar que exoneraba de proceso de selección para contratar empresas que ejecutaran la remodelación.

También afirmó que le llamó la atención que la remodelación incluyera, además de los colegios secundarios, el Estadio Nacional y el local del Ministerio de Educación. Recordó que el Proyecto Educativo Nacional recomendó que las inversiones en infraestructura debían priorizar “la primera infancia y la educación superior”.

Si bien dijo que no estaba mal la inversión en infraestructura educativa, Tejada sostuvo que “la gigantesca inversión en cemento no logró revertir los malos resultados en educación, como los de las últimas pruebas Pisa”.

Tejada reveló que de los 238 colegios considerados para la remodelación, solo 52 fueron contratados, culminando 40 obras en 28 centros educativos. Otras irregularidades encontradas fueron las sobrevaloraciones y problemas serios de infraestructura.

PUEDE LLEGAR HASTA GARCÍA
Luego de la exposición de Tejada, los panelistas coincidieron en señalar que tanto el primer informe de la Megacomisión como los posteriores sobre otros hechos de corrupción no son la palabra final sobre lo acontecido en el último régimen aprista, y que pueden llegar a implicancias penales del más alto nivel.

Montoya afirmó que si bien el informe sobre colegios emblemáticos de la Megacomisión solo recomendó acusar constitucionalmente a Chang y García, “la Fiscalía debe profundizar en ese mismo documento para encontrar otros hechos”.

“Hay elementos que pueden llegar a García, como las visitas hechas a Palacio de Gobierno por representantes de las empresas que contrataron para la remodelación de los colegios”, dijo Montoya en referencia a la recomendación de la Megacomisión para que este detalle sea investigado.

Montoya explicó que es probable que haya imputaciones penales, por colusión (infracción a la ley de contratación estatal) y omisión, “porque el funcionario que impulsó el decreto no vigiló”. “Si las contrataciones son fraudulentas, el hecho original es fraudulento, porque el decreto de urgencia prohíbe el proceso de selección”.

Sin embargo, afirmó que el camino para llegar hacia las cabezas del decreto no sería fácil, debido a que “este caso es complicado por la tercerización y la aparente legalidad”.

Para Montoya el caso del polémico decreto de García es similar al decreto de urgencia emitido en la dictadura de Alberto Fujimori, que destinaba una partida de 15 millones de dólares para financiar a las Fuerzas Armadas ante una presunta infiltración de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el país, del que sostuvo “era irregular porque no existía informe de inteligencia que diera cuenta de ello”.

Por su parte, Rivera sostuvo que “la secuencia de indicios de posible responsabilidad no está clausurada en la Megacomisión, es una puerta abierta para las investigaciones, y se puede superar la infracción constitucional hacia el hallazgo de un evento ilícito penal”.

Destacó que el esfuerzo de este grupo investigador del Congreso debe consistir “en aproximar su conclusión para la investigación posterior que el Ministerio Público y el Poder Judicial van a realizar”, de manera que exista “la oportunidad de sancionar a los responsables”.

En tanto, Anel Townsend señaló que la Megacomisión “llegó a identificar evidencias que el Poder Judicial y el Ministerio Público tomarán en cuenta”. Recordó que García tiene antecedentes de su primer gobierno, como los casos del tren eléctrico, los dólares MUC, Enci y Ecasa, los aviones Mirage, y las cuentas en Gran Caimán y el BCCI. “Pero todos los casos murieron por prescripción”, indicó.

AYUDAN A ENCONTRAR LA VERDAD
En otro momento del foro, Rivera y Anel Townsend defendieron el trabajo de las comisiones investigadoras, pues concordaron que el producto de ese trabajo sirve para posteriores pesquisas judiciales que han sido fundamentales para evitar la impunidad.

Rivera manifestó que las comisiones investigadoras de violaciones a los derechos humanos “han sido relevantes” y que gracias a su trabajo muchos responsables están cumpliendo condenas ejemplares. “Puede ocurrir lo mismo con la corrupción, será de gran ayuda para luchar contra esto”, añadió

A su turno, Townsend recordó que cuando integró la comisión parlamentaria presidida por el excongresista David Waisman, que investigó la corrupción de la dictadura fujimorista, “hubo intentos para que no hubieran comisiones investigadoras, incluso organizaron un mitin para que el grupo de trabajo fuera disuelto”.

Coincidió con Rivera en destacar el papel de las comisiones investigadoras, y que gracias a grupos de trabajo conformados luego de la caída de Fujimori, se pudo enjuiciar y condenar a los responsables de hechos como los crímenes del grupo Colina y los congresistas tránsfugas, entre otros casos.

Sostuvo que la Megacomisión “tiene un rol histórico”, pero afirmó que “hay que darle apoyo e impulso para que salga adelante” en su labor. “Tenemos que evitar que hayan presiones, hay que encontrar a los sectores de la ciudadanía para que enfrenten estas presiones (…) Se nota cuando hay una orquesta desde antes de la instalación de la comisión con la intención de bajarla”, advirtió.


Víctor Liza Jaramillo
Redacción

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