Los mártires de la educación

Fueron profesores de universidades públicas y ahora reclaman lo que por justicia les corresponde, una homologación de sus pensiones.

| 02 diciembre 2012 12:12 AM | Especial | 2.2k Lecturas
Los mártires de la educación
Los dirigentes Nicanor Cáceres, Eulogio Canal, Alfonso Flores Mere y Lisbet Marcela Rivero Lazo.
RECLAMAN PENSIONES JUSTAS
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La Asociación Nacional de Docentes Pensionistas de las Universidades Públicas del Perú (Andupe) libra una dura batalla en pos de sus derechos: la homologación de pensiones, ya señalados por el Tribunal Constitucional, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a reconocer en el presupuesto de las universidades, en vista de que ellas son los canales para su ejecución.

“De acuerdo al artículo 2120 el Código Civil, las resoluciones de cese de los profesores pensionistas que dejaron de trabajar al 31 de diciembre de 2004 tienen vigencia plena. En base a esto hemos iniciado acciones judiciales en Cusco y Puno. Hemos ganado dos sentencias en Puno: la 1052008, de continuación de homologación de pensiones, y la 158-2008, que ordena el pago de una bonificación especial dispuesta por el Decreto Supremo 044-2003-EF”, dice Eugenio Canal palomino, presidente de la Andupe.

Han pasado cinco años desde que a los pensionistas asociados les fue ratificado su derecho vía legal, pero no se cumplen. “Tampoco se cumplen las sentencias 73 y 74 expedidas por el Poder Judicial del Cusco en favor de los docentes pensionistas de la Universidad del Cusco. De la misma forma, el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas se niega a otorgar los recursos a las universidades de Cusco y de Puno para que cumplan con las sentencias antes señaladas”, dice Canal.

AÑO TRAS AÑO
Se da la Ley 2733 del 16 octubre 1986, sale el Decreto Supremo 057-86-PCM en el periodo del gobierno aprista y se pone en práctica la homologación con el Decreto Supremo 107-87-PCM. En ese tiempo los sueldos estaban homologados: un vocal y fiscal supremo ganaba 9 mil intis y, como remuneración básica, 5400. Eso mismo percibía el profesor principal a dedicación exclusiva. Un profesor principal es el que tiene la máxima categoría en la docencia universitaria.

En el Decreto Supremo 028-89-PCM, un vocal y fiscal supremo, así como un profesor principal a dedicación exclusiva, ganaba 90000 intis; y, como remuneración básica, 72 mil.

El Decreto Supremo 228-89-EF, fijaba para el vocal y fiscal supremo y profesor principal en intis, 2 millones 50 mil. El Decreto Supremo 041-90-EF, vocales y fiscales supremos y profesores principales, 3 millones 975 mil intis. El Decreto Supremo 198-90-EF, fijaba para el vocal y fiscal supremo y profesor principal 22 millones 329 mil intis. El Decreto Supremo 051-91-PCM, en el gobierno de Alberto Fujimori, fijaba que los vocales y fiscales supremos y profesores principales ganaran 48 millones 310 mil intis.

Hasta que Fujimori, con el pretexto de cambiar la moneda de intis a nuevos soles, fija en el Decreto Ley 25697 los grupos ocupacionales y los clasifica en “profesional”, “técnico” y “auxiliar”. “No habla de ramas. Al profesor lo dejan en el aire”, dice Canal: “Entonces sacan como nunca un decreto supremo especial, que nunca había existido, número 227-PCM/93, y fija el monto único de remuneración total de autoridades, directivos y docentes comprendidos en la carrera administrativa; y ahí se comienza a no actuar con la homologación, pero se les pagaba igual. Hasta que sale en el gobierno de Alejandro Toledo el Decreto de Urgencia 114-2001, del 28 de setiembre de 2001, en el que hacen un incremento sustancial a los magistrados del Poder Judicial y consecuentemente, de acuerdo a la Ley Universitaria 23733, tenían que homologar a los docentes y universitarios con ese incremento de los magistrados. Eran 6700 nuevos soles para el presidente de la Corte Suprema, igual que el vocal superior, pero a los docentes universitarios activos o pensionistas no los consideraron. Hemos ganado los juicios. Nos deben continuar pagando la homologación”.

ES COSA JUZGADA
En 2008, los pensionistas han ganado sus juicios en el Cusco y en Puno y también en la Amazonía, en Loreto. Esas sentencias no las cumple el Estado peruano, no obstante que son consentidas y han adquirido la calidad de cosa juzgada. “El Ministerio de Economía y Finanzas debería dar el dinero”, dice Canal Palomino: “Deberíamos ganar 6700 soles, porque con 1500 no podemos vivir acá: por nuestra edad, necesitamos medicinas caras, movilizarnos en taxi. Muchos ya no salimos de casa; estamos enclaustrados en nuestro hogar”, añade.

La Andupe está conformada por, más o menos, un número de 4 mil pensionistas, pero los que tienen derecho a la homologación, por ser cosa juzgada, son alrededor de 2000. “Hemos hecho muchos pedidos notariales y la jueza del segundo juzgado mixto de Puno le ha hecho el requerimiento al ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, con oficio número 40 de 2012. Nosotros hemos remitido cartas notariales a Luis Castilla y a Rodolfo Acuña Namihas, director general de Presupuesto Público. Desde 2010 estamos pasando cartas notariales al anterior director general de Presupuesto Público, Roger Díaz Alarcón. Nunca han contestado ni han dado respuesta. En el caso del Cusco tampoco. A la fecha, ni nos dan respuesta ni cumplen”.

INFAUSTAS DECLARACIONES
“El presidente de la Asociación Nacional de Rectores dijo en un programa televisivo que no nos corresponde la homologación. Yo le digo que existe una ignorancia completa de su parte. Debe dar lectura al contenido del Decreto Ley 20530, la Ley 23495, Ley 28389 y Ley 28449, que reconocen nuestros derechos. Y por otro lado, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Orlando Velásquez Benites, no puede discutir ni cuestionar el contenido de las sentencias expedidas por el Poder Judicial, porque sería sujeto a una acción penal y civil. Velásquez es, a la vez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, donde sí se está pagando la homologación. Este presidente desconoce el pronunciamiento del anterior presidente de la ANR, quien, siendo rector de una universidad privada, sacó una resolución exhortando al gobierno y a las universidades para que cumplan con la continuación de la homologación de pensiones”.


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