La última esperanza de paz

La guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano iniciaron un nuevo diálogo para poner fin a la guerra que ya lleva 60 años y que le costó la vida a unas 600 mil personas.

| 25 octubre 2012 12:10 AM | Especial | 1.1k Lecturas
La última esperanza de paz
DE OSLO A LA HABANA

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Si la paz es un objetivo del gobierno de Juan Manuel Santos, aunque algunos digan que es para favorecer intereses transnacionales y las corporaciones, la continuidad de un escenario de guerra es el de personajes ligados al narcotráfico y a los paramilitares, como Álvaro Uribe.
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Colombia es un país desangrado. En las últimas décadas murieron unas 600 mil personas como consecuencia del conflicto armado, ocho millones de hectáreas les fueron arrebatadas a los campesinos, casi seis millones de personas fueron desplazadas de sus tierras y cerca de 100 mil personas fueron ejecutadas por grupos paramilitares.

Colombia es el primer exportador de cocaína en el mundo. Un negocio en el que se mueven políticos de alto vuelo, capos del narcotráfico, empresarios reputados y todo lo demás. A la guerra desatada por los terratenientes hace 60 años se sumó la de los narcos. Se equivocan aquellos que ven en la violencia presente una lucha entre dos fuerzas: las que se proclaman democráticas y la guerrilla, En medio del conflicto se atraviesan los intereses de los barones de la droga, de los terratenientes, de los traficantes de tierras y también los de una clase política corrupta.

ANTICOMUNISMO
Ese es el país en el que se debate un proceso de paz entre una guerrilla cuyos orígenes se remontan a las luchas populares de la década del 50, cuando los grupos conservadores se trazaron la tarea de eliminar todo aquello que oliera a comunismo, una tarea que 60 años después sus sucesores no pueden culminar con éxito porque no les asiste la fuerza de la razón ni la fuerza de las armas.

“No se puede encadenar este proceso (de paz) a una política enfocada exclusivamente en la obtención desaforada de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no les importa para nada la pobreza que abate al 70% de la población. Ellos solo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso”, afirmó al inicio de las conversaciones de paz en Oslo, el comandante Iván Márquez, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Hoy se intenta construir un nuevo modelo económico basado en la explotación de recursos naturales: de las 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería. Y se pretende arrasar con 12 millones de hectáreas de bosque. “Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave”, explicó Márquez.

Si la paz es un objetivo del gobierno de Juan Manuel Santos, aunque algunos digan que es para favorecer intereses transnacionales y las corporaciones, la continuidad de un escenario de guerra es el de personajes ligados al narcotráfico y a los paramilitares, como Álvaro Uribe, uno los más férreos opositores a las negociaciones. “Aquí hemos tenido una democracia respetable”, dijo el exmandatario, al declarar su oposición, olvidando las denuncias que lo ligan a dirigentes políticos y funcionarios de Estado que desviaron dineros para la financiación de grupos armados, que cometieron masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento forzados.

Uribe, nada menos, es el hombre que según Salvatore Mancuso, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), buscó el apoyo de los paramilitares para su campaña a la reelección el 2006. “Sí me reuní con el expresidente Uribe”, dijo el paramilitar desde una cárcel en Estados Unidos, al dejar al descubierto al personaje.

Más allá de la postura de Uribe y sus seguidores, para nadie es un secreto las diferencias existentes entre los grupos sentados en la mesa de negociaciones. La proclama del negociador de las FARC contra la “sumisión a Washington” y al “Comando Sur”, sus críticas al modelo económico y al plan de restitución de tierras a los desplazados, que según él esconde una trampa armada entre el gobierno y las multinacionales para apropiarse de las tierras, no cayeron nada bien en el gobierno. El objetivo, dijo, son los yacimientos de petróleo, oro, el coltán, el litio.

Inmediatamente Santos respondió: “Estamos devolviéndoles la tierra a los campesinos, no importa de dónde vengan los victimarios, pueden ser paramilitares pero también la guerrilla. La guerrilla desalojó a muchos campesinos y a esos también les vamos a devolver sus tierras”.

La llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, vigente desde enero pasado, busca entregar hasta el 2014 unas 2,5 millones de hectáreas que les fueron despojadas a casi seis millones de desplazados. El Ministerio de Agricultura asegura que unas 8.000 reclamaciones, sobre cerca de 700.000 hectáreas, son de víctimas de las FARC.

En medio de las divergencias, los cinco puntos de agenda comenzarán a debatirse el 15 de noviembre en La Habana. Esos puntos son el desarrollo agrario integral, la participación política de la guerrilla, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas del conflicto. Para acelerar las negociaciones, el fiscal general, Eduardo Montealegre, suspendió 191 órdenes de captura contra 29 miembros de las FARC que forman parte del equipo negociador.



PRESIONES
La política de negociación del gobierno de Santos está sometida a presiones de todo tipo. Presiones de los grupos de poder, de altos mandos militares y policiales y de órganos de inteligencia. Dejando entrever que ellas existen y son de alto vuelo, el presidente Santos declaró que el gobierno conoce los límites de las negociaciones de paz e indicó que en caso que éstas fracasen, ya se tomaron previsiones para que “al país no le cueste nada haber ensayado”. “Vamos a ver si estas conversaciones producen resultados. Sabemos exactamente qué queremos, sabemos exactamente dónde están las líneas rojas, qué podemos ceder, qué no podemos ceder”, dijo.

Hoy, está cada vez más claro que el escenario de guerra fue aprovechado por grupos de poder para apropiarse de tierras campesinas y nativas, tierras que hoy son ocupadas por empresas petroleras, eléctricas, madereras, que ahora se resisten a salir de ellas. Tras años de guerra, el ingreso del 10% de los ciudadanos más ricos es 49 veces mayor que el 10% de los más pobres.

El periodista Sergio Camargo afirma que este país de 46 millones de habitantes, la cuarta economía de Sudamérica, es un país desbaratado, con una corrupción a todo vapor, una desigualdad cabalgante, un narcotráfico pujante, con narcoparapolíticos en el poder, unas fuerzas armadas genocidas, con niños abandonados a su suerte, con más de doce millones de ciudadanos desplazados y desterrados adentro y fuera del país y con escuadrones de la muerte al servicio de un puñado de ricos. Todo con la ayuda y el aval de la potencia militar más grande del planeta, que entregó 10.000 millones de dólares para el Plan Colombia.

Ese contexto explica el rechazo del gobierno al cese del fuego. El diálogo se desarrolla en un contexto de guerra sucia; con muertes civiles, encarcelamiento de periodistas y líderes populares, con persecuciones a los grupos de izquierda, cuyos líderes temen su aniquilamiento como ocurrió con la Unión Patriótica, en los 80, a la que le mataron cinco mil militantes. Pero el diálogo también es una oportunidad para las FARC, una organización con presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia. Con contingentes que bordean los nueve o 12 mil integrantes, y que en los últimos tiempos perdió a sus principales líderes, en medio de un proceso de desgaste social que lo alejó del campesinado y las comunidades nativas.

La suerte del proceso requiere de soluciones de fondo. “Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto, es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, para que la paz sea estable y duradera”, dijo Iván Márquez.

Santos, a su vez, declaró que asumía las conversaciones con moderado optimismo pero con la absoluta convicción de que es una oportunidad que no se puede desaprovechar para alcanzar una paz que no solo le conviene a Colombia sino a toda la región.

La paz es un anhelo de los colombianos. Lo reclaman trabajadores y campesinos hartos de la sangría. Lo reclama el gobierno que quiere destinar los recursos a grandes inversiones. Para ello habrá que derrotar a los guerreristas de uno y otro bando. Y luego comenzar la gran tarea de idear una nueva Colombia.


Efraín Rúa
Editor de Mundo


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