La ley del crimen

En medio de la discusión por la modificatoria de la ley 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, la misma que ha despertado el rechazo categórico de la mayoría de alcaldes de Lima porque pone en peligro la vida de los ciudadanos, pues promoverá las construcciones empíricas, el decano del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), Javier Sota Nadal, planteó que para subsanar este inconveniente se debe ir a un modelo consensuado que brinde la seguridad reclamada.

| 08 noviembre 2009 12:11 AM | Especial | 684 Lecturas
La ley del crimen
(1) Las modificaciones a la ley pueden dar lugar a más desgracias. (2) Gobierno da facilidades porque necesita que siga el boom constructivo.
Decano del Colegio de Arquitectos advierte peligros de ley modificatoria sobre construcciones. Recomienda norma consensuada para garantizar seguridad.

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“…van a las comunas con los documentos necesarios, pagan el trámite, les sellan el cargo y ya pueden construir. De esta forma, esta ley es un crimen….” afirma Rafael Sota Nadal.

DETALLE

Como arquitecto de profesión, Sota Nadal estima que no sólo se debe implementar sistemas de construcción o impulsar los mismos, sino también se debe velar por la calidad de vida de las personas y la calidad de los diseños, por lo que cuestionó que pese a que el ratio de población por áreas verdes en el mundo es de 8 metros cuadrados por habitante, en el Perú apenas se llega a dos metros cuadrados. Para subsanar este déficit, recomendó una política de densificación. “Que los alcaldes compren terrenos y los destinen a parques. Claro que dirán de dónde saldrá el dinero, pues si se implementara una política de densificación, se podría crear un fondo para que cada obra deje un monto destinado a este fin”.
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“No estamos contra las licencias automáticas para las viviendas de hasta 120 metros cuadrados; en esos casos se debe dar los permisos, bajo la firma de un profesional y también para las modificaciones menores. Más allá de eso, para áreas más grandes, se necesita hacer una evaluación técnica. Además, los proyectos no necesariamente se van a demorar en las comunas; nosotros como colegiado podemos implementar, sin mayor costo, comisiones permanentes de tal manera que el proceso de revisión funcione como una faja continua”, explicó Sota.

Si bien lo que el gobierno buscó al modificar la ley, era impulsar las construcciones y evitar que estas se entrampen en trámites burocráticos o por la ausencia de especialistas que evalúen los proyectos, el nuevo texto es un ejemplo de descuido legal, ya que sólo generará que los nuevos proyectos, ya sea con destino inmobiliarios o de estructuras para fines comerciales, dejen de ser controlados y evaluados para garantizar la seguridad de la edificación, y el papel que antes cumplían los comités técnicos sea reemplazado por pasos administrativos.

Intereses creados
Sota Nadal señala que la modificatoria, al parecer, sólo estaría favoreciendo a los inversores inmobiliarios, como los bancos, ya que tienen millones por invertir y lo están haciendo en conjuntos habitacionales o centros comerciales. En la legislación anterior había algunas trabas que demoraban los trabajos y por ende retrasaban el proceso de recuperar el dinero invertido. Sin embargo, ahora basta con presentar un expediente con todos los documentos en regla (saneamiento del terreno, título de propiedad, que no esté en litigio) y la obra empieza. “Es decir, van a las comunas con los documentos necesarios, pagan el trámite, les sellan el cargo y ya pueden construir. De esta forma, esta ley es un crimen”, señala.

Además, otro de los objetivos de la nueva ley de habilitación urbana es también favorecer a la reactivación de la economía, ya que la construcción ha venido movilizándola en los últimos años, lo cual para el gobierno es favorable, ya que aleja un poco el fantasma de la crisis.

La norma actual señala que una vez que se presenta el legajo con la documentación que las comunas exijan, el municipio tiene diez días para evaluar si hay alguna falla administrativa, mas no de orden estructural o técnica. Sin embargo, de detectarse algún inconveniente, en el lapso transcurrido la obra ya podría contar con zanjas, columnas, estructuras, y estas tendrían que demolerse pero, como el mismo decano del CAP señala, la única obra que se ha demolido en los últimos años (incluso décadas) en el Perú fue una levantada en Jesús María, cuando la comuna de Lima ordenó derribar la estructura que se iba a destinar para un hogar para el adulto mayor.

Revisores urbanos
Otro de los aspectos negativos que plantea la modificatoria de la ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones es la creación de la figura de revisores urbanos, que serán profesionales consolidados como personas jurídicas de derecho privado, quienes se inscribirán en las municipalidades. Los ejecutores de obras podrán presentar a estas entidades los proyectos, para que se aprueben.

Sin embargo, la norma que los crea señala que el revisor urbano podrá inscribirse ante cualquier municipalidad provincial y su registro tendrá valor en todo el país.

El decano Sota explicó que uno de los principales riesgos que evidencia la modificatoria de ley es que el Perú es un país altamente sísmico, donde casi a diario se registran movimientos telúricos, lo que hace urgente y necesario que exista un estudio adecuado de las estructuras. “Necesariamente tiene que haber una comisión técnica estructural y arquitectónica. El Perú está ad portas de soportar un gran sismo, nadie puede decir cuándo, pero va a ocurrir”.

Omar Olivares
Redacción


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