La Guerra del Perú y Ecuador por el petróleo en 1941

HISTORIAS DE CORRUPCIÓN V. La “pérdida” de la Pagina 11 del Acta de Talara, que resolvía la controversia en torno a la propiedad de los campos petrolíferos de La Brea y Pariñas con la International Petroleum Company, acabó en la caída del gobierno de Belaúnde. ¿Fue realmente un arreglo bajo la mesa con la transnacional petrolera o un complot contra el gobierno?

| 29 mayo 2016 10:05 AM | Especial | 9.8k Lecturas
La Guerra del Perú y Ecuador por el petróleo en 1941
La Guerra del Perú y Ecuador por el petróleo en 1941
La “pérdida” de la Pagina 11 del Acta de Talara
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Para varios gobiernos peruanos del siglo XX, el tema de la propiedad de los campos petrolíferos de La Brea y Pariñas más que una piedra, fue un rocón en el zapato que se fueron heredando del uno al otro. Desde finales del siglo XIX y hasta las primeras décadas del XX, la London Pacific Petroleum explotaba dichas zonas.

Desde 1914 entró en el negocio con los ingleses la Internacional Petroleum Company (IPC) —de propiedad del magnate americano Nelson Rockefeller—, subsidiara de la StandardOil de New Yersey. En 1924, Augusto B. Leguía, con su habitual entreguismo pro yanqui, da los campos del norte a la IPC, quien asume los derechos de concesión de la London Petroleum.

Poco tiempo antes, el Perú detectó que los ingleses explotaban mucho más de lo concesionado. La diferencia era abismal. Declaraban por 10 pertenencias, pero explotaban 41,614 pertenencias. El Perú solicitó entonces el pago de gran cantidad de impuestos que debían. Sin embargo, por presión de su majestad británica y de los Estados Unidos, el tema acabó en un Tribunal Arbitral internacional.

Desde el comienzo de este negocio, estuvo en discusión la propiedad del recurso. En 1922, un laudo artibitral [se le conoció como el ‘laudo de París’] determinó que los propietarios tenían que pagar una serie de impuestos, pero no dejó resuelto el asunto de la pertenencia”, señala profesor Hernán Rodríguez Fisse en su texto ‘¿Presionar a los gobiernos para defender negocios internacionales privados?’.

MUCHOS ENEMIGOS

El asunto sin resolver de La Brea y Pariñas fue utilizado políticamente por gestiones sucesivas y enarbolado como bandera por diversas fuerzas políticas. El régimen de ‘la convivencia’, como se llamó al segundo periodo de Manuel Prado (1956 a 1962), afirmó que el tema fue aprovechado, entre otros, por movimientos rebeldes de inspiración cubana.

“El 4 de enero de 1961, Ricardo Elías Aparicio, ministro de Gobierno y Policía, y Alejandro Cuadra Ravines, ministro de Guerra, presentaron información adicional de la inteligencia peruana durante una tormentosa sesión del Senado. Allí dieron los nombres de quienes habían recibido estipendios y pagos mensuales del gobierno cubano a través de su embajada para que llevaran a cabo campañas políticas contra el gobierno peruano. Entre los operadores políticos izquierdistas pagados, los más prominentes eran conspicuos críticos de los arreglos con la IPC”, escribe Alfonso Quiroz en ‘Historia de la corrupción en el Perú’.

Poco antes de las elecciones de 1963, el general Pérez Godoy, quien presidía la junta militar que le dio un golpe a Manuel Prado, pretendió desconocer el ‘laudo de París’, pero fue atajado por el general Lindley, quien se hizo del mando de la junta y convoca a elecciones. No obstante, otros sectores militares querían fuera a la IPC, así como el diario ‘El Comercio’, quien presionaba al gobierno.

La facción de línea dura en el Ejército, a favor de la nacionalización, la encabezaba el general Juan Velasco Alvarado, jefe del Comando Conjunto. Se comentaba que aquel le tenía un odio personal a la IPC, porque cuando fue capitán de infantería, durante la guerra con Ecuador, la compañía negó el uso de los vehículos de la refinería para trasladar tropas al frente. Además, Velasco, oriundo de Piura, cercano a Talara, conocía de cerca la influencia de ‘los gringos’ en los asuntos locales”, explica Rodríguez Fisse.

De acuerdo a Quiroz, para Velasco era una cuestión de “dignidad nacional” deshacerse de la IPC. Si bien “business son business”, la IPC se aprovechó de la ineptitud de los peruanos y “actuaron con pocas limitaciones institucionales para la extracción del petróleo” (Rodríguez) durante años, obteniendo inmensas utilidades, mucho mayores a las que obtenían en Canadá, EE. UU. y Europa.

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LA JUGADA DEL ARQUITECTO

Así las circunstancias, llega al poder por elecciones en 1963—tumultuoso año en que Kennedy era asesinado en Dallas— el arquitecto Fernando Belaúnde. Escobita nueva barre bien, dicen; así que al asumir el mando prometió resolver el tema en 90 días. Envío un proyecto al Congreso para declarar nulo el ‘laudo de París’ y solicitó autorización para que La Brea y Pariñas pasen a manos del Estado: a la Empresa Petrolera Fiscal (EPF). Lo último no fue concedido. El Congreso emitió una ley, pero era media tibia, pues declaraba nulo el laudo, pero no resolvía el tema de la propiedad.

Los ánimos empezaron a encenderse, merced de los agitadores políticos. El temperamental Belaúnde quería resolver el tema cuanto antes. Los ejecutivos de la IPC se le pusieron pecho a pecho e intentaron crear una escasez artificial de petróleo. El arquitecto, que no entraba en vainas pese a todo, amenazó entrar a los campos norteños a la fuerza y puso contra las cuerdas a los gringos. Finalmente, el 13 de agosto se firmó la famosa Acta de Talara, que no era otra cosa que un borrador de contrato.

¿Y LA PÁGINA 11?

Por el Perú firmaba Carlos Loret de Mola, jefe de la EPF. Los hechos que sucedieron los días siguientes fueron tan rápidos como confusos, que aún resulta imposible saber qué realmente pasó con la famosa “pagina 11” del Acta de Talara. La IPC retendría la refinería de Talara, entre otras fases del negocio. Sin embargo, a casi un mes de la suscripción, Loret de Mola declaró públicamente que faltaba esa página, en la que supuestamente se pactaba el precio del barril con el que debía la IPC comprarle a la EPF, que asumía el complejo de La Brea y Pariñas.

Solo Loret de Mola sabe qué lo motivo a hacer tal acusación. El Acta solo era un borrador, en la página 11 solo estaba consignada la firma del funcionario peruano. La opinión pública tomó por cierta esa versión, y se creía que se estaba acordando un precio del barril muy por debajo del precio de mercado.

Como sea, esto motivó la caída de Belaúnde. En una jugada desesperada, el 2 de octubre de ese año el arquitecto cambia su gabinete, pero al día siguiente Velasco asesta el golpe y seis días después entran las tropas peruanas a La Brea y Pariñas.

Disipada la niebla del tiempo, muchos que vivieron e investigaron aquellos años aseguran que la “pagina 11” nunca existió y fue la excusa para darle el puntillazo final a Belaúnde. “Vargas Haya y otros han sostenido que la cuestión de la IPC y la página once solamente fue un pretexto para destruir la democracia peruana. Más aún, analistas políticos coinciden en que la dura postura ‘nacionalista’ contra la IPC fue usaba por Velasco y su facción para consolidar su control directo sobre el régimen y desplazar a otras facciones militares más moderadas”, explica Quiroz.

Entre los entretelones de esta especie de complot, se acusó a Pedro Pablo Kuczynski, en ese entonces joven funcionario del BCR, de haber transferido 17 millones a la IPC luego de la nacionalización. PPK y otros acabaron huyendo del Perú.

En honor a los hechos, aquella denuncia no está bien fundamentada, como si está el fuerte lobby que hizo en EE. UU. la IPC para que Washington le prestara al país 150 millones de dólares para que le paguen los bienes expropiados, como se hizo en 1974.

Según parece, el secreto de la desaparecida “pagina 11” se desvanece con el tiempo entre los vericuetos de la empantanada historia política peruana.

La Primera

Petróleo sangriento

La animadversión contra la IPC era casi unánime. Aunque aún se puede discutir si los derechos de la petrolera en suelo peruano eran legítimos o no, las conductas de la transnacional estadounidense eran vistas por muchos y por los militares más “nacionalistas” como invasivas.

En tal contexto, a mediados de los 60, se levantan en armas los guerrilleros del MIR con Luis de la Puente Uceda a la cabeza, y también los del ELN guiados por Héctor Béjar, quienes se internan en la selva. El presidente Belaunde ordena acabarlos, así como a nativos rebeldes a las obras del gobierno.

“Pero no fueron los militares quienes decidieron ir a la lucha. Lo hicieron por que lo ordenó el gobierno, fue el parlamento el que aprobó la participación del Ejército, fueron los norteamericanos los que proporcionaron los elementos bélicos necesarios, fue la IPC (International Petroleum Company) la que instaló una fábrica de napalm (la más poderosa bomba incendiaria creada por el Ejército de Estados Unidos empleada en Vietnam), en la selva de Madre de Dios para incendiar los bosques y sembríos de los campesinos (…)”, escribe Alfonso Baella Tuesta en su libro ‘El poder invisible’.

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Una del APRA: contrato o muerte

Es conocida la habilidad inmemorial del aprismo para navegar según soplan los vientos (“espacio- tiempo histórico”, le llaman). Así lo hizo también en 1947 respecto a la problemática IPC. “Con el fin estratégico de conservar sus buenas relaciones con los funcionarios e intereses de Estados Unidos, la dirigencia aprista apoyó el apresurado contrato ad referéndum de Bustamante para otorgarle a la IPC (…) una concesión perpetua de derechos de exploración petrolera en el desierto norteño de Sechura. Esta postura a favor de la IPC le ganó al APRA amigos influyentes en Washington. Sin embargo, conservadores y comunistas se opusieron por igual a este acuerdo. Estos opositores sostenían que el contrato debió darse después de la promulgación de una ley general de explotación petrolera, además de que los políticos apristas estaban implicados indebidamente en tal proyecto para su propio beneficio pecuniario”, relata Quiroz.

Uno de los medios más opositores a dicho contrato fue ‘La Prensa’. Como quiera que el acuerdo no se suscribió, Francisco Graña, presidente de la junta directiva del periódico, fue cogido a tiros por varios pistoleros el 7 de febrero de 1947 cuando salía de una de sus empresas. Aunque se acusó formalmente al parlamentario aprista Alfredo Tello por el crimen, el partido negó su autoría.


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