La corrupción, una vieja enfermedad

Según un libro de reciente aparición, el primer corrupto fue Francisco Pizarro, quien secuestró a Atahualpa, pidió rescate, lo cobró y mató al rehén. Hay corrupción administrativa y hay también corrupción en grande, de lobbies que penetran y dominan altas instancias estatales para poner la ley y hasta la Constitución al servicio de sus intereses.

| 25 noviembre 2012 12:11 AM | Especial | 3.2k Lecturas
La corrupción, una vieja enfermedad
La década fujimorista fue una de las más nefastas en cuanto a corrupción en la historia del Perú.
FUJIMORISMO HABRÍA ROBADO 20 MIL MILLONES DE DÓLARES

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“Fujimori concentró el poder de decisión para designar a los funcionarios y tecnócratas que manejaban esos organismos. Y durante esa época se institucionalizó una especie de cultura del secreto, que fue justamente la que permitió la corrupción a gran escala. Los reguladores tendían a clasificar casi toda la información, como confidencial, privando a los ciudadanos de la posibilidad de participar en los procesos de fijación de tarifas.”
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Los actos de corrupción perpetrados durante la década fujimorista, entre 1990 al 2000, le significaron al Perú una pérdida de 20 mil millones de dólares, es decir dos mil millones por año, según cifras del historiador peruano Alfonso Quiróz Norris, profesor en una universidad norteamericana.

En uno de sus estudios afirma que las pérdidas, por corrupción, entre 1980 y 1990 fueron del orden de los diez mil millones de dólares, lo que significó mil millones en cada año, y, según otro estudio, entre los casos de corrupción de aquel régimen destacan las privatizaciones.

“Considero que el estudio del pasado permite no solo desarrollar mecanismos de control en el presente, sino también conocer con precisión los hechos anteriores pero sin exageraciones ni acusaciones o insultos. Por ejemplo, siempre se suele acusar a un dirigente político sin tener las evidencias y algunos casos de corrupción hacen pensar que un líder político fue muy corrupto cuando pudo haber sido muy honesto, como sucedió con Nicolás de Piérola contra Manuel Pardo”.

En otra parte del estudio de Quiróz que figura en el reciente libro del Fondo Editorial de la Universidad Católica “La lucha anticorrupción como política de Estado”, opina que el expresidente Toledo sufrió injusticias en muchas circunstancias y cree como hipótesis que fue debido a las presiones mediáticas para que no revise las licencias a medios de comunicación, revisión que no llegó a concretar.

DESDE PIZARRO
El historiador precisa que históricamente el primer acto de corrupción debería ser el de Francisco Pizarro, quien, al secuestrar al inca Atahualpa pidió un rescate pecuniario, lo cobró y luego mató al rehén, lo que podría haber marcado al Perú e iniciado sus problemas éticos. Considera también corrupción los abusos de los españoles contra los indígenas.

Quiroz sostiene que los corruptos pueden obtener beneficios significativos aún si son descubiertos y sancionados. “De allí el viejo refrán ‘la vergüenza pasa pero el dinero queda en casa”. No importa entonces pasar unos años en la cárcel, cuando es posible quedarse con buena parte del botín. Cuanto menores son las probabilidades de detección y sanción y cuanto más leve es el monto de la sanción en relación a la magnitud del botín, mayor es el riesgo de corrupción.

Por su parte José Távara Marín, director de Economía de la citada casa de estudios, ex viceministro de Comunicaciones, ex defensor Adjunto para los Servicios Públicos en la Defensoría del Pueblo y miembro del Consejo Directivo del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones (Osiptel) se refiere en la misma publicación a la antigua definición de la corrupción como el uso de un cargo público en beneficio propio.

“Pero deja de lado según Oppenheimer el papel de las corporaciones multinacionales y los gobiernos de los países industrializados en los escándalos de corrupción así como el rol activo que pueden jugar las empresas y los grupos económicos locales. La corrupción trae consigo el uso y abuso del poder en perjuicio del público en general y del progreso y desarrollo del país”, comenta


Aeroperú privatizado. Un negociado que nos privó de línea de bandera.

GRUPOS DE PODER
Luego se refiere a la corrupción administrativa, que involucra pagos privados a funcionarios públicos para trasgredir normas, leyes, reglamentos. “Se trata de una modalidad relativamente fácil de sancionar, una vez que se detecta la trasgresión y se identifica a los responsables. En este tipo de corrupción lo que está en juego es la exigencia de cumplimiento y las sanciones a los que incumplen las normas vigentes”.

Sobre el Congreso, Távara, graduado doctor en Economía por la Universidad de Massachussets, opina que tiene legitimidad cuando actúa de manera transparente y cuando escucha a todas las partes afectadas por una norma que aprueba.

“En teoría, cuando la participación es abierta y transparente se supone que los intereses de todos los agentes económicos se neutralizan entre sí, si todos expresan sus intereses y preferencias se asume que los legisladores tomarán en cuenta el conjunto agregado de intereses, y legislarán en función del interés público. Sin embargo, la evidencia disponible revela que los intereses de los grupos más poderosos tienden a prevalecer.”

Según el estudioso, se conoce que la Asociación de Bancos o la Asociación de AFP, cuentan con personal asignado de manera permanente en el Congreso de la República, tratando de que las reglas de juego se mantengan o, si se modifican, que los cambios no afecten sus intereses.

“Sería de gran ayuda para nuestra comprensión del fenómeno de la corrupción, investigar las modalidades de funcionamiento de estos lobbies, la magnitud de los recursos involucrados, y los resultados de esta actividad. En general, los funcionarios públicos con poder de decisión están obligados a publicitar sus reuniones con representantes del sector privado, indicando cuando y con quién se reúnen, y los temas tratados en las reuniones. Asumo que la conducta de los congresistas debe regirse por los mismos estándares de transparencia.”

Otra modalidad que menciona, es la conocida como captura del Estado, en la que intereses privados efectúan pagos privados ilícitos a funcionarios públicos, para “definir el contenido de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos, y hasta la propia Constitución, a fin de que sirvan a los intereses de dicho grupo, en lugar de servir al interés público”.

“En ausencia de una cultura de la transparencia, este tipo de corrupción en muy difícil de detectar y sancionar pues se basa en una legalidad que lo beneficia. Esta modalidad de corrupción y captura del Estado tiene costos muy altos para la sociedad.”

Távara menciona a otros estudiosos quienes aseguran que las economías de mercado tienden a generar grandes desigualdades en los ingresos y la riqueza. “Los pobres siempre exigen políticas redistributivas, pero la justificación moral de esta exigencia es mayor cuando la desigualdad es provocada por la corrupción, y no por el esfuerzo productivo o por la competencia en el mercado”.

PRIVATIZACIONES FUJIMORISTAS
Señala que hasta comienzos de la década de 1990 el Estado peruano era propietario y administraba hasta salas de cine y que existían empresas públicas en diversas actividades, “pero al mismo tiempo el gobierno descuidaba funciones esenciales como la salud, la educación y la seguridad”, lo que fue argumentado para las privatizaciones.

“Tenemos investigaciones que revelan casos flagrantes de corrupción en algunas privatizaciones, como se puso en evidencia en el Informe de la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros durante el gobierno de Fujimori. Por ejemplo la empresa Sol Gas se vendió muy por debajo de su valor, tanto así que al poco tiempo fue vendida a otro operador por cuatro veces el valor obtenido en la privatización”.

Afirma que la venta de Aeroperú fue otro caso escandaloso por el evidente conflicto de interés generado por la participación de un asesor del Ministro de Economía, como consultor de la empresa compradora que adquirió los activos y las rutas. Luego este asesor asumió la presidencia de la empresa privatizada, aunque no pudo mantenerla a flote. “Como defensa, ante la Comisión Investigadora del Congreso alegó que no había conflicto de interés debido a que no se desempeñaba como funcionario del Estado, sino como asesor del Ministro, quien a su vez presidía la Comisión de Privatización”.

IMPUNIDAD Y TELEVISIÓN
Seguidamente, Távara se refiere a la relación existente entre desigualdad y corrupción. “Dos investigadores de la Universidad de Harvard publicaron hace pocos años un artículo que examina esta relación, en términos teóricos y empíricos. El argumento central del estudio es que mayores niveles de desigualdad conducen a mayores niveles de corrupción. Además cuando la desi-gualdad es elevada tienden a inhibirse las capacidades de los pobres y de los sectores medios, de monitorear las actividades corruptas de los ricos y poderosos”.

Como conocedor del tema de regulación de las empresas de servicios públicos, anota que es la actividad orientada a enfrentar el poder de grandes empresas con muchos recursos y que se torna complejo tomar decisiones por comprometer inversiones de largo plazo y enfrentar una sensibilidad política muy alta.

“Cada punto o cada décima de punto que se mueve en una tarifa son millones de dólares que pasan del bolsillo de los consumidores al bolsillo de las empresas”, explica.

“Como se sabe las empresas estatales se privatizaron durante los noventa, se montaron organismos de regulación, Fujimori concentró el poder de decisión para designar a los funcionarios y tecnócratas que manejaban esos organismos. Y durante esa época se institucionalizó una especie de cultura del secreto, que fue justamente la que permitió la corrupción a gran escala. Los reguladores tendían a clasificar casi toda la información, como confidencial, privando a los ciudadanos de la posibilidad de participar en los procesos de fijación de tarifas.”

“También durante esa época los funcionarios entraban y salían del Estado como Pedro por su casa, uno se enteraba que estaban en el organismo regulador de las telecomunicaciones y a la semana siguiente estaban trabajando como gerentes de la empresa que estaban regulando. Una semana estaban en el Estado negociando la venta de las empresas y a la siguiente semana trabajaban en los bancos de inversión que habían hecho la operación”, recuerda Távara

Al tratar de identificar los núcleos mas importantes de las redes de corrupción señala el caso del transito a la televisión digital, en el que prevalecen los derechos “adquiridos” y a los titulares actuales de la televisión analógica se les extiende también las licencias para la televisión digital, lo que configura un abuso.

“Recordemos los sobornos que tuvo que pagar Montesinos a aquellos que pudieron haber contrarrestado el poder, como los canales de televisión, pagar a uno de ellos era cien veces mayor que el pago a un político monto que a su vez era algo mayor que el abonado a un juez”, apunta.

“O sea, el monto de una sola coima pagado a un canal de televisión era cinco veces más alto que todas las coimas pagadas a todos los congresistas tránsfugas. Y la conclusión es el enorme poder que puede jugar la televisión en una democracia para consolidarla o debilitarla y, por tanto, habría que poner mucho más atención al rol que la televisión juega en la democracia en nuestro país.”

SISTEMA JUDICIAL
Menciona como otro de los núcleos de la corrupción al sistema judicial. “El Consejo Nacional de la Magistratura es el organismo encargado de evaluar, seleccionar y ratificar a los jueces y fiscales y tiene como a uno de sus miembros a un representante de las universidades nacionales que fue elegido para integrar este Consejo que tiene

un mandado del 28 febrero pasado hasta el 27 de febrero del año 2015, o sea estará durante los próximo cinco años.

Távara apunta que ese consejero, ex vicerrector de la Universidad Agraria, fue involucrado en el Informe Kroll como uno de los colaboradores de la corrupción durante el régimen de Fujimori, se le atribuye el traslado de las maletas con el dinero robado por el ex presidente.

Otro caso preocupante es que el Tribunal Constitucional repuso en el cargo de vocal de la Corte Suprema a Walde Jáuregui, destituido por decisión unánime del Consejo de la Magistratura, por violar el principio de cosa juzgada, pues “se tiró abajo una sentencia que resolvía a favor de la Sunat y ordenaba a una empresa pagar una suma por concepto de tributos no cancelados, prefirió beneficiar a la empresa”.

Sobre casos emblemáticos de corrupción de los últimos años, citó las negociaciones de personas cercanas al Presidente de la República para la asignación de los lotes petroleros, el caso de los petroaudios, la participación del exprimerministro y del ex ministro de Vivienda con reuniones con un empresario dominicano, interesado también con invertir en la construcción de los hospitales, visitas de la secretaría personal del presidente y el propio secretario de Palacio a la suite de este empresario, perdida de archivos digitales incautados y sustracción de cientos de cajas de documentos del Ministerio de Salud.


Denis Merino
Redacción


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