Injusticia contra nativos

Sin pruebas que los inculpen, tres indígenas amazónicos purgan prisión por los sangrientos sucesos del 5 de junio del 2009 registrados en la Curva del Diablo, en Bagua, donde murieron 24 policías y diez civiles.

| 07 abril 2013 12:04 AM | Especial | 2.6k Lecturas
Injusticia contra nativos
Una antología injustamente por los luctuosos sucesos del Baguazo, sin que haya pruebas sólidas en su contra.

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Una herida abierta

Las organizaciones que desarrollan una campaña nacional e internacional por la libertad de los nativos, acaban de publicar la revista “Una herida abierta. Libertad para los tres presos del Baguazo”.
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Según las organizaciones indígenas, por órdenes del gobierno aprista la policía reprimió a balazos la protesta de los nativos contra los decretos legislativos que promovían, sin consulta previa, actividades extractivas en sus territorios.

Diversas organizaciones exigen al Poder Judicial la libertad de los detenidos, asegurando que no tienen responsabilidad en las muertes de 24 policías –entre ellos diez asesinados en condición de rehenes en una estación del oleoducto Norperuano- y 10 civiles, cuando ocupaba la cartera del Interior Mercedes Cabanillas.

Danny López Shawit, Feliciano Cahuasa Rolin y Asterio Pujupat Wachapea son los detenidos que deben ser liberados porque son inocentes, según instituciones como Acción Solidaria para el Desarrollo (Cooperacción), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (Caaap) y Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi) junto a parroquias de la zona.

Los fiscales esgrimen como prueba contra Danny López una fotografía que lo muestra con el rostro ensangrentado luego de haber sido detenido y golpeado por policías.

De 26 años, casado y padre de tres hijos, López pertenece a la comunidad de Paantam en Nieva. Quienes lo conocen aseguran que se trata de un joven tranquilo que después de terminar secundaria estudió mecánica.

El error del indígena, al tratar de huir del infierno que se produjo en la Curva del Diablo, fue introducirse en una ambulancia donde alguien había escondido una ametralladora.

Cuando lo bajaron del vehiculo atado con sogas y junto a otros detenidos, se captó su imagen con el rostro bañado en sangre.

Fue trasladado en helicóptero a Jaén, de ahí a Chiclayo y luego a Chachapoyas, donde fue internado en el penal Huancas junto a otros 18 presos, de los cuales 16 fueron liberados.

CASAS CÁRCEL
En una actitud insólita meses atrás, el juzgado a cargo de su caso decidió que viva en una casa-cárcel, que fue ferretería, y que pague por el alquiler. Ahí es custodiado día y noche por efectivos de la policía. Lejos de su familia, en una situación de encierro deplorable, en un inmueble que carece de ventanas y de una adecuada ventilación, López no llega a entender el motivo de su tormento.

Con Cahuasa sucedió algo peor. Recogió del suelo una AKM abandonada que posteriormente se constató pertenecía al desaparecido mayor de la policía Felipe Bazán.

Apresado en la Casa Pastoral de Uctubamba, que acogió con solidaridad cristiana a los nativos que huían de las balas, él y López fueron sometidos a la pericia de absorción atómica que dio negativo, confirmando que no hicieron uso de armas de fuego, lo que al parecer poco importó a los jueces amazonenses.

Cahuasa, de 32 años, es de Chapisa, en el río Santiago, tiene dos hijos menores. Su niña de 12 años le causa gran preocupación por sufrir de hipotiroidismo. Fue teniente gobernador de Candongos y combatiente del conflicto del Cenepa en el 95. Antes del Baguazo laboraba como motorista y motosierrista.

Es el único que permanece en el penal de Huancas con exceso de carcelería. Cuando estaba a punto de obtener su libertad, el juez de Uctubamba, Marcelino Pérez, lo acusó de haber dado muerte al mayor Bazán con el arma del uniformado. Ahora, con un nuevo magistrado a cargo, espera la tan anhelada justicia.

PRESO CON SU FAMILIA
La odisea de Asterio Pujupat es conmovedora. De la comunidad de Epémimu en Nazaret, Imaza, vive al igual que López en una casa-cárcel con su esposa y sus seis hijos y su angustia es permanente por no contar con recursos para el alquiler de la vivienda ni para la manutención de su numerosa familia.

Defensores de derechos humanos consideran un abuso encerrar a un nativo, acostumbrado a vivir de lo que le provee la naturaleza, en una casa sin contar con ningún recurso económico.

La captura de Asterio linda con lo absurdo. Seis meses después de los sucesos de la Curva del Diablo, supuestos empresarios le ofrecieron trabajo en la extracción de madera y lo citaron a firmar contrato en Uctubamba, lo cual resultó un engaño porque al otro día despertó en el penal San Humberto.

Ahí trataron de obligarlo a que se declare culpable de ser el asesino del mayor Bazán por aparecer junto a él y otros 20 nativos en una fotografía.

“Nosotros que le conocemos de convivir años con él, afirmamos que jamás ha cometido ningún crimen ni ninguna maldad por la que haya sido castigado ni amonestado y que por el contrario, siempre se ha mostrado como un hombre pacífico, amable, respetuoso y responsable, como lo demuestra la creación de su propia familia para la que vivía y sigue diariamente entregado”, aseguran en un manifiesto sus compañeros de su comunidad de Epémimu.

Señalan ademas que “estos tres presos indígenas son víctimas, pero no responsables de los sucesos de Bagua; es injusto y vergonzoso que las víctimas sean castigadas mientras los principales responsables permanecen impunes”.

Para el sacerdote Fermín Rodríguez Campoamor, la situación en que se encuentran los nativos detenidos en las casas-cárceles afectan su dignidad como seres humanos y van contra la Constitución.


Denis Merino
Redacción


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