Impunidad que indigna

Hace 10 años la muerte se llevó a 29 jóvenes en el incendio de la discoteca Utopía. El dolor por la perdida de sus seres queridos en la flor de la vida, también condujo a la tumba a ocho padres y madres que no pudieron seguir viviendo sin volver a ver a sus hijos. Sin embargo los progenitores que siguen en la lucha por alcanzar justicia aseguran que lo harán hasta el final de sus existencias.

Por Diario La Primera | 22 jul 2012 |    
Impunidad que indigna
A 10 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE UTOPÍA

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SIRVIÓ DE ALGO

Si de algo sirvió la tragedia de Utopía fue para que en el 2007 se apruebe el nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil para el control de discotecas y centros de diversión que exige colocar señales de seguridad visibles, no colocar equipos y materiales en los pasadizos de circulación, colocar gabinetes y extintores contra incendios, tener un plan de evacuación y seguridad y capacitar a los empleados en medidas de seguridad. Sin embargo esas 29 vidas truncas siguen clamando justicia.
Durante una década, diferentes autoridades del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Congreso, ofrecieron interponer sus buenos oficios para que los responsables del siniestro que arrebató la vida de los jóvenes reciban una merecida sanción. Pero hasta el momento todo quedó en palabras, como si un poder invisible impidiera castigar a los culpables.

Fue un 20 de julio del 2002, fecha fatídica para los ahora llamados “padres de Utopía” en que la falta de mínimas condiciones de seguridad en la entonces flamante discoteca del Jockey Plaza, que se inauguraba, la convirtió en una trampa mortal de la que no pudieron escapar aquellos 29 jóvenes, muertos unos allí mismo y otros en clínicas en las que los médicos nada pudieron hacer por ellos.

FUGA
Sin embargo los principales responsables, Alan Azizolahof y Edgar Paz, directores de la discoteca, se fueron del país amparados en un sospechoso habeas corpus presentado por un abogado y preparado por el cuestionado Alberto Quimper –el de los “petroaudios”-, según grabaciones que llegaron a manos de los familiares. Con esa maniobra leguleyesca y la ayuda de jueces cuestionables, pudieron salir bien librados y escapar.

El único que purga prisión es Percy North, gerente de la discoteca y quien una primera vez fue encarcelado al ser condenado por homicidio culposo (involuntario).

Sin embargo luego que saliera de prisión y ante un nuevo juicio, el abogado de los deudos, César Nakasaki logró que se le condenara por homicidio doloso, es decir, que el siniestro pudo ser prevenido con adecuadas medidas de seguridad, por lo que volvió a la cárcel.

La misma pena o más severa por su condición de directivos le correspondería a los mencionados. Otras demandas contra los responsables fueron presentadas por los padres, pero no recibieron respuesta de fiscales y jueces.



JUSTICIA QUE TARDA…
En la actualidad está pendiente una acción de amparo en la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima para que se reabra el proceso contra Azizolahof y Paz, ante la ilegalidad del habeas corpus. La decisión sobre el amparo debió darse en un plazo máximo de 60 días, pero lleva más de cinco años sin resolverse.

“Sospechosamente, la presidenta de la sala, Carmen Martinez Maraví sigue dilatando esta acción. No entiendo como puede ser profesora de derecho procesal en una Universidad de prestigio alguien que no cumple con el tiempo establecido para una demanda como la nuestra. Los mejores abogados de los responsables han sido hasta ahora jueces y fiscales”, refiere Luís Delgado Aparicio quien perdió a su hija Verónica.

“Cuando un hombre o una mujer pierden a sus esposos son viudos, si un hijo pierde a alguno de sus progenitores es huérfano, pero ¿cómo llamar a los que pasamos por la desgracia de ver morir a nuestros hijos, sobre todo por una irresponsabilidad, cuando por ley natural son ellos los que deben enterrarnos?”, se pregunta.

Su cónyugue Pilar Villarán asiente y agrega “no hay dolor más grande en la vida que perder a un hijo, sólo los que pasaron por esta situación pueden comprender y lo peor es no hallar justicia”.

Delgado Aparicio recuerda como en el 2004 el Ministerio Público denunció a Alan Azizolahoff, principal accionista de Utopía, por homicidio y el acusado llegó a rendir su instructiva. “Es entonces que interviene el abogado Alberto Químper y presenta un extraño habeas corpus ante el 12 Juzgado Penal de Lima sin dejarnos intervenir y la juez lo declara fundado quedando anulado todo el proceso. Es decir el poder corruptor de Químper había logrado un imposible jurídico, destrozando nuestros derechos y dejando en ridículo a la autoridad judicial”.

Los deudos de Utopía aseguran tener referencias que Azizolahoff vive desde hace años en Miami donde se dedicaría a negocios de casinos y construcción, entre otros, al lado de Edgar Paz, otro de los directores de Utopía.

SIN SEGURIDAD
Por su parte Roberto Valverde, otro de los activos padres que persisten en encontrar justicia y quien perdió a su hija Milagros y cuatro años después a su esposa Marcela Ocaña, la que enfermó gravemente al no soportar la pérdida de su única hija, precisa que los directores de Utopía tienen responsabilidad penal y civil en el incendio que cobró valiosas vidas, porque así lo establece la Ley General de Sociedades.

“Pero hasta el momento nada de esto parece interesar a la justicia que tarda tanto en resolver este caso. Tampoco se tiene en cuenta que al parecer esta discoteca era fachada de otro negocio gordo. Por orden judicial se levantó el secreto bancario de los directores sólo en Utopía y se encontró que en un solo banco tenían siete cuentas corrientes, tres en moneda extranjera y cuatro en moneda nacional, algo raro y que la Sunat y otras instituciones tendrían que investigar”.

Los deudos de Utopía basan su acusación, por homicidio, contra los directores, principalmente a Azizolahoff y Paz, porque el día del siniestro la discoteca permitió la entrada de mil personas, el triple de su aforo.

Las salidas de emergencia habían sido bloqueadas para que haya más asientos; metieron animales salvajes, lo que está prohibido; efectuaron juegos con fuego en las barras de expendio de licores.

Por si fuera poco, no habían extintores, ni sistemas de aspersores, ni sistemas operativos de mangueras contra incendios, ni luces de emergencia, ni personal adiestrado para adecuación.

“Y en el colmo de la irresponsabilidad tapiaron los ductos de salida de aire ubicados en el techo, al parecer para ahorrar aire acondicionado, lo que impidió la salida de gases tóxicos al producirse el incendio y ocasionó la muerte de los 29 jóvenes, aparte de no contar con licencias de construcción, funcionamiento, ni la especial para funcionar después de las 12 de la noche”, explica Valverde.


Denis Merino
Redacción

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