Hasta 15 años de cárcel por espiar correos

Hasta 15 años de prisión podrían recibir los periodistas Rudy Palma y Gina Sandoval, respectivamente redactor, despedido a raíz del escándalo del hackeo de correos electrónicos de altos funcionarios y editora de la sección Economía del diario Perú.21 de ser declarados culpables de los supuestos delitos contra la Defensa Nacional (por revelar secretos de Estado), por los que les abrió instrucción una jueza que además dispuso su apresamiento.

| 07 mayo 2012 12:05 AM | Especial | 5.7k Lecturas
Hasta 15 años de cárcel por espiar correos
Rudy Palma y Gina Sandoval fueron denunciados por delito contra la Defensa Nacional por revelar secretos de Estado.
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Sandoval figura como cómplice del periodista en ese delito y Palma es acusado además del delito el Patrimonio (informático) y contra la Libertad (violación de la confidencialidad).

La magistrada Delia Flores, según su resolución, a la que tuvo acceso LA PRIMERA, ratificó la detención de Palma y ha ordenado la de Sandoval como cómplice, tras un informe del Ministerio Público que, según fuentes judiciales consultadas, omitió alcances mayores de la investigación judicial, tales como el espionaje también realizado a miembro del Congreso.

Las pesquisas comprobaron que la interceptación de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado fue hecha desde la computadora que usaba Palma en el diario, y la opinión de la jueza es que Sandoval, tenía conocimiento de la manera que el periodista conseguía las informaciones para elaborar sus notas.

LOS CARGOS CONTRA PALMA
Según el documento de la denuncia, al que LA PRIMERA tuvo acceso de fuentes judiciales, Palma fue denunciado por delito contra el patrimonio, por la comisión de “delito informático en la modalidad de utilización indebida del sistema informático”.

A Palma se le atribuye “haber ingresado y utilizado de manera indebida información contenida en el sistema o red de computadoras” de entidades estatales como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de la Producción (Produce), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas y Promperú, dice el texto.

Indica que estas acciones buscaban “utilizar la información obtenida en beneficio personal”, para lo que ingresó a los servidores de correo “con la finalidad de interceptar los mensajes y descargar los archivos adjuntos de las cuentas de correo de diversos funcionarios” de las mencionadas entidades del Estado.

Palma también fue denunciado por el delito contra la libertad, en su modalidad de violación de la correspondencia, por “abrir indebidamente” las cuentas de correo del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, otros funcionarios de este despacho y demás ministerios.

La denuncia explica que Palma se apropió de las contraseñas de acceso a los correos de dichos funcionarios para descargar documentos “que se encontraban adjuntos a las cuentas de correo de la red de computadoras de entidades públicas”.

Otro delito por el que ha sido denunciado Palma es contra el Estado y la Defensa Nacional, en la modalidad de revelación de secretos nacionales. La denuncia acredita que el periodista reveló secretos de Estado “que exigen ser guardados por ser de interés de la Nación”.

Los temas revelados por Palma están referidos a un convenio algodonero, publicado en una nota periodística, y a una resolución legislativa que autorizaba el ingreso de tropas extranjeras al país, asuntos que constituyen “información de carácter secreto, cuya revelación afectaría los intereses del Estado”.

A todo esto hay que añadir que el mismo Palma reconoció, tanto en su manifestación policial como en la realizada ante el Ministerio Público “haber tenido acceso a los correos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de otros funcionarios del Estado”.

GINA SANDOVAL
En el caso de Gina Sandoval, “se le atribuye haber permitido la publicación de información de carácter secreto y de interés de la República”. Las investigaciones concluyen que la editora de Economía del diario Perú.21 “habría tenido conocimiento de dónde el redactor obtuvo la información”.

La declaración de Palma ante la Policía y el Ministerio Público, menciona que la labor que realizaba “era supervisada por su codenunciada (sic) Gina Sandoval Cervantes”. A su turno, el director de Perú.21, Fritz Du Bois, dijo a las autoridades que “el editor es el encargado de revisar las notas y comprobar su veracidad”.

Otro agravante para Sandoval es que no concurrió a la citación hecha por la policía para que declare sobre el tema, según indica el Acta de Inconcurrencia de folios 461. El documento señala que la inasistencia de la periodista “denota renuencia a cumplir el mandato de la autoridad fiscal” y también “hace prever que trataría de eludir la acción de la justicia”.

Por ello, la jueza Delia Flores ordenó la detención de la editora de Economía, como cómplice de los hechos en los que está implicado Palma. Ante este hecho, el diario Perú.21 expresó su rechazo a esta decisión judicial, y consideró que el proceso “es absolutamente ilegal”, que Sandoval es víctima de un abuso y que no se presentará mientras no tenga garantías.

EL ORIGEN DE LOS HECHOS
La Oficina de Informática del Mincetur detectó que el correo del titular de este ministerio, José Luis Silva Martinot, había sido interceptado, y que desde esta dirección “se obtuvieron mensajes adulterados” el pasado 16 de abril.

Dichos mensajes tenían origen en una cuenta de correo electrónico que hacía reenvíos de correos electrónicos a la cuenta electrónica de la esposa de un alto funcionario, atribuyéndole “conductas morales inapropiadas y hostilizándola, haciéndole conocer que viene siendo objeto de un reglaje”, dice el documento judicial.

Un informe técnico de dicha oficina del Mincetur detectó que se había accedido remotamente a la cuenta del funcionario desde una sola dirección IP”, y que pertenecía a la Empresa Editora El Comercio. Comprobaciones hechas con el encargado de sistemas de esta empresa, confirmaron que la computadora detectada “es la asignada al denunciado Rudy Eric Palma Moreno”.

El 25 de abril, personal del Departamento de Análisis y Apoyo Técnico de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), junto al representante del Ministerio Público, acudieron al local de Perú.21 para efectuar la revisión informática respectiva, “encontrándose elementos e indicios razonables que involucran al denunciado (Rudy Palma) en los hechos materia”.

El Informe Técnico 232-2012-DIRINCRI-PNPO/DIVINDAT-DAAT señala que fueron descargados 587 archivos digitales del usuario “Palmorer”, correspondiente a la computadora que usaba Palma en el diario, entre los cuales se encontraba el archivo “Agenda Consejo de Ministros”.

Además, el Acta de Revisión de Equipo Informático, Recojo de Evidencia Digital, Recepción de Equipo Informático – CPU y lacrado, indica que existía “acceso indebido no autorizado a correos electrónicos de dominio del Ministerio de Economía y Finanzas”.

HASTA 15 AÑOS DE PRISIÓN
Al respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio afirmó que los implicados en este caso de presunto espionaje telefónico pueden recibir hasta 15 años de prisión efectiva, según indica el Código Penal, por el delito contra el Estado y la Defensa Nacional.

Explicó que si las investigaciones judiciales encuentran evidencias de que se trata de una red de espionaje, los denunciados tendrían que reconocer su culpa “y revelar quienes están detrás de todo esto”, para que la pena de cárcel sea menor.

Sin embargo, Lamas apuntó que en el caso que Palma pudiera presentar atenuantes, la sentencia podría reducirse hasta a ocho años de cárcel.

PERÚ.21 RECHAZA DETENCIÓN
El diario Perú.21 rechazó la orden de detención contra la editora de la sección Economía de dicho matutino, Gina Sandoval, por considerar que el proceso iniciado contra la periodista “es absolutamente ilegal”, y calificó como “arbitrariedad” la decisión judicial.

En una nota publicada en sus páginas, afirma que en ningún momento objetó la investigación iniciada a el periodista Rudy Palma, despedido por el diario y detenido en la sede de la Dirección de Investigación y Criminalística (Dirincri).

También sostuvo que considerar a Sandoval como cómplice en los hechos “por el simple hecho de ser editora del medio, es totalmente irregular”.

Resalta que tanto la empresa que produce el periódico, Prensa Popular, como su director, Fritz Du Bois, han colaborado “activamente” con las autoridades judiciales y la Policía.”

PERÚ.21 SOLO CULPA A PALMA
El diario Perú.21 se deshizo rápidamente del redactor Rudy Palma, al despedirlo luego que fue descubierto y detenido por haber espiado correos electrónicos de altas instancias gubernamentales, pero sostiene que el posible acto ilegal se limita a la actividad personal del reportero y rechaza más implicancias.

Por ello, un pronunciamiento del periódico rechazó la orden de detención de la editora de la sección Economía de dicho matutino, Gina Sandoval, por considerar que el proceso iniciado contra la periodista “es absolutamente ilegal”, y calificó como “arbitrariedad” la decisión judicial.

En una nota publicada ante la citada orden, el periódico afirmó que en ningún momento objetó la investigación iniciada al periodista Rudy Palma, detenido en la sede de la Dirección de Investigación y Criminalística (Dirincri) y despedido por el diario.

El matutino alega también que considerar a Sandoval como cómplice en los hechos “por el simple hecho de ser editora del medio, es totalmente irregular”, y que no se presentará ante la justicia mientras no tenga garantías.

En el tema hay una contradicción, pues mientras la policía, la fiscalía y la jueza a cargo plantean que Sandoval no acudió cuando fue llamada a declarar y dicen tener constancia de ello, el pronunciamiento sostiene que no fue formalmente citada.

Resalta que tanto la empresa que produce el periódico, Prensa Popular, como su director, Fritz Du Bois, han colaborado “activamente” con las autoridades judiciales y la policía, que lo sometió a un largo interrogatorio.

Agrega que cuando Du Bois fue a declarar a la Dirincri, “en ningún momento fue informado de que hubiese alguna notificación o requerimiento de información hacia otro miembro del equipo del diario que dirige”.

La empresa dice que estará “alerta sobre el caso en cuestión y que continuará, como lo ha hecho hasta ahora, colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos”.

HABRÍAN ESPIADO A LOS CONGRESISTAS
Las fuentes judiciales consultadas revelaron a LA PRIMERA que el espionaje de correos electrónicos desde el diario Perú.21, también habría alcanzado a algunos parlamentarios.

Esto indica que la red de interceptación telefónica no solo hurgó en los correos electrónicos de altos funcionarios de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Producción y Promperú, sino que también tuvo en la mira al Congreso de la República.

Entre las posibles víctimas del hackeo de sus correos electrónicos están los congresistas Luis Galarreta y Juan Carlos Eguren, de la bancada de Alianza por el Gran Cambio, según indicaron las fuentes señaladas.

En conversación con nuestro diario, Eguren aseguró que desconocía ser víctima de la interceptación de su correo electrónico, e indicó que las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial deberán determinar a qué parlamentarios les fueron hackeadas sus cuentas personales.

Intentamos comunicarnos durante la jornada de ayer con el congresista Luis Galarreta, pero no fue posible debido a que no contestó nuestras llamadas, mientras otros congresistas plantearon la necesidad de que el Legislativo intervenga en el caso para indagar sobre posibles actos de espionaje contra sus miembros.


Víctor Liza Jaramillo
Redacción


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