Fue turbio cierre de caso esterilizaciones

La directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), Jeannette Llaja, dialogó con LA PRIMERA sobre la reapertura de las esterilizaciones forzadas, ocurridas durante la dictadura de Alberto Fujimori. Saludó que el gobierno las haya condenado públicamente y pidió que se generen las condiciones para una adecuada investigación.

| 02 diciembre 2012 12:12 AM | Especial | 810 Lecturas
Fue turbio cierre de caso esterilizaciones
Las esterilizaciones se ensañaron con las mujeres pobres de los Andes.
Fue una mala investigación, ni siquiera tomaron declaraciones a las afectadas ni dieron recursos a la Fiscalía.
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—¿Por qué hablamos de esterilizaciones forzadas, y no masivas?
—Para someterse a estas operaciones, debe haber una petición expresa por escrito, según lo indicaba la ley. Lo que pasó fue que muchas mujeres fueron llevadas contra su voluntad, como el caso de María Mamérita Mestanza, de la zona rural de Cajamarca, a quien se le amenazó con castigos si no se operaba y si tenía otro hijo. Ella murió tres días después, y es uno de los casos emblemáticos.

—¿Y los casos de mujeres que iban voluntariamente?
—Es cierto que también hubo quienes inicialmente quisieron someterse a esas intervenciones, pero al ver lo que ocurría desistieron. Hubo el caso de una mujer que quiso escapar, pero fue forzada a realizarse la intervención. Para evitar deserciones, modificaron la ley para que no haya cambios de opinión.

—En su opinión, ¿por qué el fujimorismo realizó estas intervenciones?
—Querían aplicar la disminución de la natalidad como una política para erradicar la pobreza y se pudo haber hecho con una promoción adecuada. Pero esa “cruzada” se aplicó con irrespeto a los derechos humanos, con un componente discriminador hacia las mujeres quechua hablantes, y de desprecio a la capacidad de las mujeres de decidir sobre su proyecto de vida, porque es sabido que desde esa época y hasta ahora, todas las mujeres, tanto del campo como de la ciudad, queremos tener menos hijos que antes. Fue una política de Estado, además, porque se impulsaron metas para los médicos, había reportes sobre cuántos casos lograban operar; incluso hay felicitaciones por metas conseguidas.

—¿Cómo comienza este proceso?
—En el año 2003, el Estado peruano suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se compromete a investigar y sancionar a los responsables de esta política. Sin embargo, en el 2009 se archiva el caso, en el que los exministros Alejandro Aguinaga, Fernando Yong Motta y Marino Costa Bauer quedan limpios, además de otros funcionarios y médicos del Ministerio de Salud.

—¿Por qué ocurrió esto?
—Hubo una mala investigación y un mal archivamiento, todo fue hecho sin voluntad. No se llegó a entrevistar a gran parte de las mujeres afectadas y no se dieron los recursos necesarios a la Fiscalía correspondiente. Ante eso, la CIDH condena la impunidad y llama la atención para que se retome el caso. En octubre del año pasado, el entonces procurador supranacional del Ministerio de Justicia, Luis Salgado, informó a la CIDH que la Fiscalía de la Nación reabriría las investigaciones, y ahora la fiscalía encargada ha establecido una resolución, en la que se especifica a los responsables.

—¿Qué opina de la declaración de hace una semana del presidente Ollanta Humala, condenando estos hechos?
—Saludamos la declaración del Presidente, porque es la primera vez que habla del tema, y no lo hace solamente en campaña electoral, donde fue un asunto de debate. No es interferencia política, porque solo ha demandado que se investigue y sancione a los responsables. Sin embargo, hay que dar otros pasos. El Ministerio de la Mujer debe hacer un diagnóstico de lo que pasó y conocer dónde hubo mayor incidencia de estos casos, y hacer un registro, como el que hizo la Comisión de la Verdad con los casos de violencia política. Recuerdo que durante el gobierno de Alejandro Toledo había una norma para que las víctimas de esterilizaciones accedan a un seguro integral de salud a manera de reparación, pero esta ley no es conocida.

—¿Qué condiciones deben darse para llegar a la verdad de los hechos?
—El Ministerio Público tiene que reforzar a la Fiscalía encargada, dándole recursos y bajando su carga procesal, porque es una investigación compleja. Hasta ahora hay dos mil 74 casos, pero faltan ver muchos más. Esto es un caso de lesa humanidad.

—¿Qué opina de las reacciones de los fujimoristas?
—No nos extrañan. Alejandro Aguinaga se victimiza, diciendo que se afectan sus derechos y que el caso ya fue cerrado; pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional concluyó que una investigación judicial no puede ser definitiva si hay irregularidades y no puede generar impunidad. Además, ellos saben que su gobierno es afectado, y reaccionan como lo hacen con los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, negando todo lo que pasó.


Víctor Liza
Redacción


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