Estabilidad laboral en riesgo

La estabilidad laboral es el derecho del trabajador a no ser despedido salvo que exista causa justa para ello. La causa justa es el elemento que da legitimidad a un despido, de lo contrario, estamos ante el reino de la arbitrariedad.

| 15 noviembre 2011 12:11 AM | Especial | 5.2k Lecturas
Estabilidad laboral en riesgo
LEY GENERAL DEL TRABAJO EN DEBATE

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Se está a tiempo de evitar que la eliminación de la estabilidad laboral que se decretara con la firma de Fujimori, Yoshiyama y Torres Lara, se vuelva a producir esta vez dentro de la envoltura de una Ley General del Trabajo. Los representantes de los trabajadores están aún a tiempo de evitar este legicidio que, de permitirse, equivaldría a un verdadero suicidio colectivo.

EL TC estimó inaplicable el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que excluía la reposición como forma de reparación de un despido arbitrario y fundó su sentencia en el Protocolo de San Salvador y en Convenio 158 de la OIT. Son, pues, más de ocho años con estabilidad laboral, lo cual ha permitido el fortalecimiento de los sindicatos.
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El 15 de noviembre se inicia el más importante foro sindical de los trabajadores peruanos, Qué duda cabe que en el aspecto laboral la exigencia de la aprobación de la Ley General del Trabajo (LGT) será el acuerdo más importante que se adopte.

Para comenzar hay que reconoce que es hoy más viable que en otras oportunidades que en el corto plazo se cuente con una LGT, pues tanto a nivel del Congreso de la República como desde el Poder Ejecutivo (Comité de Expertos) se viene trabajando sostenidamente en perfilar esta norma que pasaría por el filtro del Consejo Nacional del Trabajo y porque además los líderes del empresariado están menos renuentes y hasta podría decirse que interesados en la aprobación de la LGT.

¿Y cuál es el contenido esencial que se espera de esta LGT? De las declaraciones de la mayoría de líderes sindicales aparece una formulación genérica “la LGT debe garantizar la restitución de los derechos laborales”. Urge entonces identificar ese contenido esencial sin el cual la LGT devendría simplemente en una sistematización técnica de la actual legislación laboral e igualmente lesiva que la legislación laboral fujimorista.

El 5 de abril de 1992 es una fecha fatídica para la democracia peruana y para los derechos laborales; de allí emergió la espuria Carta del 93 y bajo este marco constitucional el CCD aprobó en julio de 1995 la Ley 26513, que modificó el D.L. 728 “Ley de Fomento del Empleo” (en la actualidad Ley de Productividad y Competitividad Laboral”). Con el artículo 71 de esta ley (hoy artículo 34) se eliminó la estabilidad laboral hasta entonces vigente al establecer que “si el despido es arbitrario…. el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 76 como única reparación por el daño sufrido”.

El alud de decretos legislativos promulgados entre 1991 y 1993 que dieron forma jurídica a la llamada flexibilización o reforma laboral simplemente ocasionaron daños colaterales. La liquidación de los derechos laborales, la precarización del empleo y la vulnerabilidad extrema de los trabajadores se dio en definitiva con la eliminación de la estabilidad laboral por la Ley 26513. De ello pueden dar cuenta las estadísticas relativas a despidos arbitrarios, número de sindicatos, descenso de la tasa de sindicalización, bajísimo nivel de negociación colectiva, etc., etc.

La estabilidad laboral, es bueno recordarlo, es el derecho del trabajador a no ser despedido salvo que exista causa justa para ello. La causa justa es el elemento que da legitimidad a un despido. La estabilidad laboral es el derecho soporte de todos los demás derechos individuales y además de los derechos colectivos. Si esto es válido en todo ordenamiento jurídico, lo es más en el Perú, que cuenta con un empresariado de espaldas a responsabilidad social; tan cierto es ello que lo mejor de su vitrina es Sociedad Minera Cerro Verde a quien se le concedió el reconocimiento de la mejor empresa 2010 en buenas prácticas laborales, no obstante que su sindicato de trabajadores ejecutó en diciembre del 2010 dos paralizaciones consecutivas de 48 horas en cuestionamiento a las malas prácticas laborales de su empleador (Sociedad Minera Cerro Verde ha sido propuesta por la CONFIEP para que le reconozca nuevamente el 2011 como la mejor empresa en buenas prácticas laborales en condiciones en que se cumple una huelga de 1,200 trabajadores durante más de 45 días). Si SMCV es lo mejor del empresariado en “buenas relaciones laborales”, ¿nos imaginamos como serán los que están por debajo de SMCV?

La estabilidad laboral eliminada en 1995 por Fuimori fue restituida por el Tribunal Constitucional con la célebre sentencia dictada el 2002 en el proceso de amparo seguido entre los sindicatos de Telefónica vs Telefónica del Perú, precedente que fue consolidado y perfeccionado con la sentencia del 13 de mayo del 2003 en el proceso seguido entre Eusebio Llanos vs Telefónica del Perú. El TC estimó inaplicable el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que excluía la reposición como forma de reparación de un despido arbitrario y fundó su sentencia en el Protocolo de San Salvador y en Convenio 158 de la OIT. Son, pues, más de ocho años con estabilidad laboral, lo cual ha permitido el fortalecimiento de los sindicatos y, en especial, que los derechos laborales legales o convencionales, no sean letra muerta.

¿Qué tiene que ver ello con la LGT? Pues más de lo que muchos se imaginan. De acuerdo a los avances en la Comisión de Expertos y en la Comisión de Trabajo, se perfila una LGT con una mayor escala indemnizatoria y sin estabilidad laboral, lo cual hasta el momento no ha merecido de las centrales sindicales ningún reparo ni cuestionamiento, pues, reiteramos, no se valora en toda su dimensión a la estabilidad laboral como el soporte de todos los derechos laborales.

Se está a tiempo de evitar que la eliminación de la estabilidad laboral que se decretara con la firma de Fujimori, Yoshiyama y Torres Lara, se vuelva a producir esta vez dentro de la envoltura de una Ley General del Trabajo. Los representantes de los trabajadores están aún a tiempo de evitar este legicidio que, de permitirse, equivaldría a un verdadero suicidio colectivo.


Hugo Rosas Villanueva
Colaborador

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