El Perú retrocede en derechos humanos

El Perú ha retrocedido en materia de Derechos Humanos bajo la actual administración gubernamental que, paradójicamente, trató de defender a los victimarios olvidándose de las víctimas, afirmaron el último jueves especialistas en la materia durante la mesa redonda “Avances y retrocesos de la justicia en el Perú” organizada por la Coordinadora contra la Impunidad-CCI y los centros federados de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos realizada en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales.

Por Diario La Primera | 26 set 2010 |    
El Perú retrocede en derechos humanos
(1) Carecemos de una política para reparar a los deudos. (2) Hasta ahora no hay justicia para familiares de víctimas.
No hay justicia para familias de al menos 15 mil desaparecidos.

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DETALLE

La especialista dijo que el Epaf pretende contribuir a la construcción de la memoria histórica e individual y que es un derecho de los familiares saber lo que paso y dónde están sus padres, hijos, esposos, hermanos desaparecidos, lo que se refleja en las palabras de una campesina de Putis que cuando le entregaron los restos de su pariente exclamó en quechua: “Ahora sé que no tiene frío, ahora sé que no tiene hambre, ahora sé que está conmigo”.

Como parte de la IV Jornada Interuniversitaria por los Derechos Humanos, los disertantes señalaron que hasta el momento no hay justicia para los familiares de los desaparecidos que suman 15 mil personas, entre hombres mujeres, jóvenes y hasta niños.

Con tono severo, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Antonio Salazar recordó que a los pocos meses de asumir la primera magistratura, Alan García dijo, refiriéndose a los uniformados que cometieron masacres, “hasta cuando se procesará a militares inocentes que salvaron a la patria del terrorismo”.

“Se dejó atrás todo lo que se había avanzado con los gobiernos de Paniagua y Toledo y últimamente hasta se pretendió amnistiarlos con el fallido decreto 1097 parecido a lo que se hizo en el año 1995 durante el fujimorato con la ley para favorecer a los violadores de derechos humanos. La lógica del gobierno es de olvido y perdón para ellos”, señaló.

Impunidad
Contrariamente a lo afirmado en muchas ocasiones por el ex ministro de Defensa Rafael Rey, respecto a la cantidad de militares y policías procesados, el jurista afirmó que son 283 y que sólo 15 han sido sentenciados y purgan condenas y muchos de ellos pertenecientes al tenebroso Grupo Colina, responsable de las masacres de la Cantuta, Barrios Altos y otros.

También señaló al Ministerio de Defensa como la institución que, en vez de colaborar con la justicia informando sobre los uniformados que son investigados, contrató abogados para defender a los que cometieron torturas, muertes, desapariciones, violaciones sexuales y otros crímenes.

Asimismo, criticó la actuación de algunos fiscales y jueces que, aparentemente amedrentados, no sancionan ejemplarmente a los autores de execrables delitos y, por el contrario, cuando se presentan testigos los califican de expresar versiones antojadizas o bien aceptan argumentos falaces.

“Recuerdo el caso de tres jóvenes que fueron detenidos en Huánuco por los militares y después desaparecidos. Uno de ellos iba en moto con su hijo de 8 años, después de algunos años cuando se procesó a los responsables y declaró el hijo, que ya era mayor de edad, los responsables admitieron que los detuvieron pero después irónicamente mostraron una boleta de excarcelación supuestamente firmada por el desaparecido y argumentaron que de seguro se fue con narcos o con los terroristas, aceptando el juzgado tal declaración y quedando sus autores sin castigo”.

También puso como ejemplo la masacre de Pucará en Junín donde los militares desaparecieron a ocho campesinos y cuando se procesó a los 19 responsables, pese a admitir que los detuvieron, la sala sólo sentenció a dos y dejo libres a 17.

El jurista del IDL llamo la atención sobre el decreto 1095 que se dio recientemente, junto con el derogado, y que permite que los militares intervengan en conflictos sociales y que si se suceden muertes sean calificadas como delitos de función y sean vistos por tribunales militares. “Eso se pretendió con el caso Accomarca donde los militares asesinaron a 69 campesinos, caso en el que la justicia militar condenó a los autores sólo por desobediencia a la autoridad”.

Compromiso de todos
Ulises Cantoral, hermano del asesinado dirigente minero Saúl Cantoral, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se involucren en la lucha contra la impunidad y precisó que nadie está libre que le suceda algo similar a lo del dirigente minero, “mas ahora con García que es apañador de asesinos”. “En 1988 Saúl lideró las huelgas mineras en coordinación con grupos universitarios, en febrero de 1989 lo secuestraron junto a Consuelo García, los torturaron y asesinaron, fue el comando Rodrigo Franco que tenía como jefe a Agustín Mantilla que ha sido condenado por ladrón pero no por asesino. Llevamos 22 años en esta pelea y no encontramos justicia pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizo al Estado peruano de este hecho. Este grupo paramilitar asesinó además a decenas de mineros particularmente en Huancayo cuyos familiares no hicieron las denuncias por miedo”, aseveró Ulises.

“El delito de Saúl fue darse cuenta de la situación de explotación de los trabajadores mineros y esa lucha le costó la vida, pero ese crimen y los demás no deben quedar impunes, tenemos que mantener fresca la memoria para que no vuelva a suceder, para eso es importante que todos se involucren y no miren estos casos de lejos”, señaló dirigiéndose al auditorio.

Desaparecidos
Ulises explicó que después del crimen de su hermano la Federación Minera quedó debilitada y hasta dividida y por eso ahora hay tantos abusos como en Marcona donde los trabajadores en planilla ganan 60 soles diarios y los contratados, que realizan una labor similar, 25 soles.

Finalmente, la antropóloga Melissa Lund del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf), institución que se dedica a la búsqueda e identificación de los desaparecidos, precisó que de los 15 mil desaparecidos sólo se ha podido ubicar y reconocer a 0.1 por ciento, lo que es muy doloroso para los familiares y los organismos defensores de derechos humanos.

“Lamentablemente hay situaciones que hacen difícil esta tarea y también está el miedo de la gente a declarar pero seguimos en esta misión que nos hemos trazado. Es importante para los familiares reconocer en los restos a sus parientes desaparecidos y que se les entregue partidas de defunción no sólo para tratar de superar su sufrimiento sino para resolver problemas legales y de reparación”.

Denis Merino
Redacción

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