El espejo paraguayo

Un golpe de Estado es una acción desde arriba para interrumpir un proceso político. No importa quién la realice ni los métodos que utilice. Los golpes al estilo del que derrocó a Salvador Allende cayeron en desuso por el alto costo internacional que tienen.

Por Diario La Primera | 03 jul 2012 |    
El espejo paraguayo
EL QUIEBRE INSTITUCIONAL

El golpe de Estado que apartó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay se inscribe dentro de la nueva modalidad inaugurada con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 2009, por la Suprema Corte de Justicia. Es un nuevo tipo de golpe que comenzó a implementarse luego del estrepitoso fracaso del golpe al viejo estilo contra Hugo Chávez el 12 de abril de 2002. Cuando los sectores populares aprendieron a desbaratar el golpe clásico, aparece esta nueva modalidad de golpe institucional.

En los últimos 20 años los únicos golpes exitosos al viejo estilo sucedieron en Haití: en 1991 el general Raoul Cedrás derrocó a Jean Bertrand Aristide, y en 2004 sucedió algo similar, pero con la participación de tropas de Canadá, Francia y Estados Unidos. En 13 de los 15 casos en los que un presidente latinoamericano no pudo terminar su mandato fue porque la presión popular forzó la dimisión.

Lo destacable es que el método de la destitución por organismos del Estado es idéntico en los casos en que se hace a favor y en contra de los sectores populares. En Ecuador, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez fueron destituidos por el Congreso en medio de levantamientos populares. Por eso no sirve focalizarse en las formas, sino en los procesos. El nuevo golpismo puede repetirse en cualquier país de la región, ya que las clases dominantes retomaron su ofensiva y se ponen al servicio de un Pentágono deseoso de desestabilizar.

La caída de Lugo, como toda crisis política, desnuda los cambios que se están produciendo en la región desde que Barack Obama definiera la Nueva Estrategia de Defensa.

En primer lugar, la masacre de Curuguaty y el golpe contra Lugo, fueron posibles por la alianza entre el agronegocio, los terratenientes propietarios de tierras malhabidas durante la dictadura de Stroessner, las mafias del contrabando y el narcotráfico, con sus ramificaciones en los medios de comunicación, el Estado y la Iglesia. La gira regional del secretario del Pentágono, León Panetta, en abril pasado, parece haber sido una señal que activó a las derechas (La Jornada, 18/5/12).

El Pentágono tiene una larga experiencia en la aplicación de la “doctrina del shock”, que pasa por la destrucción de naciones enteras para reconstruirlas al servicio del capital y de la potencia hegemónica. La decadencia de Estados Unidos hace que la única estrategia viable sea la dominación sin hegemonía, que sólo necesita la fuerza militar; por eso la nueva estrategia instala la violencia golpista en el centro del escenario político.

En segundo lugar, el modelo económico extractivo, asentado en la minería a cielo abierto, los monocultivos y las megaobras de infraestructura, fortalece a las clases dominantes y al imperio, debilita a los sectores populares, pone en riesgo a los movimientos y las libertades democráticas.

Los gobiernos que han optado por profundizar este modelo se está enajenando el apoyo popular y, a la vez, están dando vida a sus propios sepultureros, como sucedió en Paraguay, donde el crecimiento exponencial de los cultivos de soya no hizo más que fortalecer a los usurpadores de tierras y a los asesinos de campesinos.

En tercer lugar, el movimiento campesino de Paraguay recorrió en medio siglo un camino del que algo podemos aprender para enfrentar el nuevo escenario. En la década de 1960 se crearon las Ligas Agrarias, impulsadas por las comunidades eclesiales, un impresionante movimiento de base que cambió la historia de los de abajo. A mediados de la década de 1970 fueron salvajemente reprimidas por el régimen de Stroessner. En 1980, sobre sus cenizas se crea el Movimiento Campesino Paraguayo. Hasta aquí la trayectoria habitual bajo dictaduras: organización-represión-reagrupamiento.

En la década de 1990, en democracia, el movimiento crece y gana visibilidad, pero se fragmenta. Aún así, la lucha por la tierra se intensifica y el movimiento irrumpe en la crisis política de 1999 por el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, creando un hecho político trascendente como el marzo paraguayo, que provocó la primera derrota de los herederos demócratas de la dictadura. El golpista Lino Oviedo huye a Argentina y el vicepresidente Raúl Cubas se asila en Brasil.

En 2002 la unidad de acción de todo el sector campesino-popular en el Congreso Democrático del Pueblo, donde confluyeron 60 organizaciones, impidió la privatización de empresas estatales y frenó la aprobación de una ley antiterrorista. Pese a las divisiones los movimientos fueron capaces de volver ingobernable la democracia de baja intensidad y derrotar el modelo neoliberal.

Ese escenario creado desde abajo tapizó el camino de Lugo a la presidencia en 2008. Los movimientos más importantes –no todos– optaron por crear partidos, o sea institutos del Estado financiados por el presupuesto, según el feliz aserto de Adolfo Gilly (La Jornada, 27/6/12). Se profundizaron la división y la atomización. Después de 2008 una parte de los mejores dirigentes se convirtieron en funcionarios y se instalaron en la capital, convencidos de que es el camino para adquirir más fuerza. Hoy, salvo excepciones, los movimientos sufren su mayor debilidad en décadas.

Medio siglo de movimiento campesino, el principal movimiento antisistémico del Paraguay, muestra que no hay atajos que puedan sustituir el conflicto de clases. Que la presión internacional por sí sola no puede modificar la relación de fuerzas. Que hay varios tipos de derrotas. Que la derrota por represión no es tan destructiva como la institucionalización. Que sólo podemos frenar la ofensiva del capital y del imperio en calles y plazas, y que lo demás es un espejismo, necesario para sobrevivir, dicen algunos, pero espejismo al fin.

Fin de presidencia pro tempore paraguaya
La condena de Mercosur y Unasur
El bloque continental condenó la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo y resolvió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación en Paraguay y se desplazó a ese país de la presidencia pro tempore.

“Nos rige el principio de defensa a ultranza de los procesos democráticos; ése es el único principio que nos guía”, aseguró el canciller argentino Héctor Timerman al informar, el viernes, acerca de las decisiones tomadas por el bloque continental respecto del estado de las cosas en Paraguay. Siguiendo el rumbo marcado por el Mercosur a la mañana, la Unasur decidió suspender a ese país hasta tanto no se restablezca el orden democrático, condenó fuertemente la interrupción institucional que sufrió Fernando Lugo y decidió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación paraguaya. “Están preocupados porque no se repita la situación. Es importante dejar testimonio de que esto es a favor del pueblo paraguayo y los pueblos de América latina en general”, completó el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.

La decisión de suspender a Paraguay se tomó “en base a los informes de once de los doce cancilleres” de la región que acudieron a Asunción para negociar una salida antes de que se concretara el juicio político contra Fernando Lugo (el único ausente en aquella ocasión fue el representante de Guyana), y que coincidieron en caracterizar el proceso como “interrupción del orden democrático”.

A pesar de que el resultado de la matutina reunión de Mercosur trazó el camino a seguir por la Unasur, hubo discusiones sobre la magnitud de las medidas a adoptar para sancionar al gobierno golpista paraguayo. Los países del ALBA fueron los que buscaban penas más duras, mientras que Chile fue quien llevó la batuta conciliadora.

Por otra parte, se decidió en consecuencia concluir con la presidencia pro tempore que ejercía Paraguay en la Unasur y transferírsela a Perú, al que de todas formas le correspondía asumirla el mes próximo porque la sucesión se hace en orden alfabético por períodos de un año.

AHORRO EN CÓCTELES Y BANQUETES...
La respuesta del golpista

El presidente que el Congreso guaraní designó tras la destitución de Fernando Lugo amenazó con retirar a su país de la Unasur, sostuvo que la decisión de los mandatarios de la región de suspender transitoriamente a Paraguay hasta las elecciones de abril de 2013 “no afectará de ninguna manera la actividad comercial” de esa nación y confirmó que su gobierno hará una declaración formal al respecto.

La ausencia de Paraguay a las reuniones de mandatarios del Mercado Común del Sur “nos permitirá ahorrar en cócteles y banquetes”, ironizó Federico Franco al ser consultado por la postura unánime adoptada el viernes en la cumbre de Mendoza, ratificada además por la Unasur. “La República del Paraguay no acepta esa decisión”, expresa un comunicado de la Cancillería paraguaya que rechazó la postura del bloque, que apoyó la determinación del Mercosur. Según el gobierno de Franco, en Paraguay “no se dio ni hubo ruptura del orden democrático” y las instituciones “se encuentran en plena vigencia” y los derechos y libertades de las personas están garantizados conforme a la Constitución nacional.

El comunicado sostiene que la resolución de la Unasur fue adoptada “sin sustento alguno”, y añade que ninguna norma vigente autoriza a excluir a un Estado miembro o a sus representantes de las reuniones del bloque. Por tanto, “el gobierno paraguayo pidió que se señale concretamente la disposición que le sirvió (a la Unasur) de fundamento” y afirmó que el organismo “no respetó la soberanía del Paraguay”.

Asimismo, consideró “ilegal e ilegítima” a la resolución, sobre el que dice que se le aplica al Paraguay “para encubrir medidas irregulares que tendrán consecuencias negativas sobre la población nacional” y calificó de “frase tristemente célebre” la afirmación de que las medidas adoptadas “no son contra el pueblo paraguayo sino contra el gobierno del Paraguay”.

“Ante estos sucesos, la república del Paraguay evaluará, conforme a sus legítimos derechos e intereses, su continuidad en la Unasur”, concluyó el comunicado.


Raúl Zibechi
La Jornada

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