El arrasamiento de comunidades nativas

Nativos pertenecientes a las etnias Shawis y Kechuas, de la región San Martín, denunciaron que el Ejecutivo y el gobierno regional hacen oídos sordos a los reclamos contra la presencia de la empresa coreana Ecoamérica que deforesta su territorio. La denuncia refiere que, durante el gobierno de García, Cofopri Loreto “vendió” 72 mil hectáreas a nada menos que 0.70 céntimos cada una, aplicando la política del perro del hortelano, y que esta injusticia puede desencadenar un nuevo conflicto ya que está en peligro su propia subsistencia al afectarse el medio ambiente y el recurso hídrico.

Por Diario La Primera | 02 octubre 2012 |  2.6k 
El arrasamiento de comunidades nativas
Hay una amenaza foránea palpable.
UNA MÁS DEL PERRO DEL HORTELADO

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El apu shawi denunció que las municipalidades de la región también están concesionando terrenos originarios sin consultar a los pueblos originarios.

Anunció que su pueblo buscará el apoyo de los congresistas amazónicos como el presidente del Parlamento, Víctor Isla.

Los pueblos originarios exigen la intervención del gobierno regional de San Martín ante las autoridades de Cofopri-Loreto para que no otorguen títulos de propiedad a empresas que no están en su jurisdicción.
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LA PRIMERA llegó hasta la región San Martín donde un desesperado Eli Tangoa Lancha, dirigente del pueblo Shawi, nos esperaba para insistir a nombre de su pueblo, y por undécima vez, ser escuchados apelando al derecho ancestral que, como pobladores originarios, tienen sobre los territorios que ocupan, y que hoy ven amenazados por la presencia foránea.

Lo primero que hace es dejar en claro la relación milenaria que existe entre ellos y la naturaleza que los rodea. “Nosotros somos dueños del bosque, para nosotros el bosque no es un mercado, los ríos son nuestros hermanos, la tierra es nuestra madre y, por lo tanto, vivimos ancestralmente posesionados en esa parte de la región y con mis hermanos estamos preocupados”.

Recuerda que de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los pueblos originarios tienen derecho a la consulta y participar del proceso de concesión de sus territorios, pero que ello no está siendo respetado por el Gobierno central ni el regional.

EL PERRO DEL HORTELANO
Tangoa Lancha relata que desde el 2006 su pueblo, así como sus hermanos Kechuas, padecen con la presencia de la empresa coreana Ecoamérica que está superposicionada sobre aproximadamente 31 mil hectáreas correspondientes a estos pueblos originarios y donde realiza labores de deforestación “sin tener un plan de manejo forestal”.

El representante nativo aclara que el 14 de junio pasado el Tribunal Constitucional decretó ilegal la concesión territorial a favor de dicha empresa por parte del gobierno anterior que prácticamente les regaló parte de nuestra selva fiel a los preceptos de “El Perro del Hortelano” propuesto por el expresidente Alan García: “El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella se puede hacer forestación maderera, especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas”, sostuvo García en parte de sus conocidos artículos.

Tangoa Lancha comenta orgulloso que la decisión del organismo constitucional se produjo tras la marcha que su pueblo realizó hasta la sede de esta entidad en Lima.

Fue ese año, 2006, en que la empresa coreana Ecoamérica solicitó la titulación de 72 mil 654 hectáreas al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), sin el conocimiento y consentimiento de los pueblos Shawis y Kechuas que habitan la zona, a un monto de 0.70 céntimos cada hectárea. “Fue un regalo, una barbaridad que ha cometido el Estado”, dijo.

De esta forma se violó el derecho del pueblo a su territorio ancestral y a la consulta. Además, se atentó contra el artículo 17, inciso 3 del convenio 169 de la OIT que establece que deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Luego de cuatro años, la empresa, al no recibir respuesta alguna de Cofopri, demandó a este organismo y a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de Loreto argumentando el silencio administrativo, recibiendo a su favor el fallo de un juez de Yurimaguas. Esta decisión fue apelada por el ministerio Público en representación de la Sunarp.

En respuesta, la Sala Mixta de Tarapoto emite una sentencia contra Ecoamérica que recurrió ante el TC que en junio último falla en su contra, pero a pesar de ello continúa operando en la zona, según el dirigente shawi, con la venia del gobierno regional de San Martín.

“Hemos pedido que el gobierno regional intervenga o de repente están negociando bajo la mesa y vamos a investigar eso”, sostuvo Tangoa Lancha.

EXIGEN TITULACIÓN DE SUS TERRITORIOS
El apu explica que el pueblo shawi demanda la titulación de sus territorios porque de esa forma podrán sentirse propietarios y tener seguridad jurídica. “Lo que demandamos es la titulación de nuestros pueblos indígenas, solo pedimos al gobierno regional eso, pero lamentablemente el gobierno regional se enreda o no quieren dar el presupuesto o para otra cosa sí”, indicó.

Denunció que el gobierno regional se niega a firmar el convenio con ellos y no cumple con emitir el informe técnico que elaboró sobre afectación del derecho al territorio y recursos naturales de San Martín y que informe al TC de los resultados del informe.

LA PRIMERA intentó comunicarse con el presidente de la región San Martín, César Villanueva, quien nunca nos respondió el teléfono. Según nos informó una trabajadora de su despacho se encontraba en Uchiza en un lugar poco accesible. Esta persona pidió que nos comunicáramos con la gerente de la autoridad regional ambiental, Silvia Reátegui, quien tampoco atendió nuestra llamada.

EN RIESGO SU SUBSISTENCIA
El líder shawi, preocupado, explica que por la presencia de la empresa coreana en su territorio que comprende las comunidades de Santa Rosa y San Manuel, mientras que los Kechuas están afincados en el poblado de Santa Sofía, han visto afectada la caza de animales para alimentarse, pues éstos han huido de la zona por las máquinas pesadas que operan.

Agrega que también han visto peligrar las plantas a las que los pobladores dan un uso medicinal.

CONFLICTIVIDAD LATENTE
Tangoa Lancha advierte que si el Ejecutivo y el gobierno regional no escuchan sus reclamos los pueblos indígenas se unirán con todas las federaciones que los representan para determinar qué acción tomar en respuesta.

“A espaldas de nosotros ya ha matriculado a más de 400 mil hectáreas de la Región San Martín donde están asentadas las comunidades nativas y eso deberían consultar y entonces para qué han aprobado la Ley de Consulta. Para el Estado los pueblos indígenas somos la última categoría”, subraya.



El pasado 12 de setiembre esta periodista acompañada de colegas locales, el dirigente nativo Eli Tango y representantes de la Asociación Paz y Esperanza, que apoya el reclamo de la población originaria, llegamos hasta dos puertos instalados por la empresa coreana a orillas del río Huallaga en la región Loreto, a casi dos horas de Yurimaguas que colinda con Tarapoto. Pero, se desconoce si esta madera es extraída de la zona o si proviene de la región San Martín.

En estos dos puntos se comprobó la presencia de abundante árboles talados, así como de trabajadores en plena faena en lo que podría considerarse como una especie de aserradero.

Antes de trasladarnos a la región Loreto, un grupo sobrevoló el territorio que sirve de centro de operaciones a la empresa Ecoamérica comprobando el daño generado en la zona causado por la deforestación y por el ingreso de maquinaria pesada con la que se extrae madera de los distintos puntos del territorio, lo que –como dijimos- ahuyenta a la fauna silvestre.

Además se verificó el impacto ecológico causado por el personal que recluta la empresa, que usa plásticos y combustibles.


Vilma Escalante
Redacción

Referencia
Propia



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