“El aborto es la tercera causa de mortalidad materna”

LA PRIMERA conversó con Jeannette Llaja, directora de Demus-Estudio para los Derechos de la Mujer, sobre la situación del país en torno a los derechos de las mujeres, su libertad a la hora de decidir sobre su propia salud, así como los daños que le han hecho los gobiernos en cuanto a restricciones, y el tema del AOE.

Por Diario La Primera | 17 jul 2010 |    

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¿Qué tipo de trabas hay?

La Fiscalía de Derechos Humanos estuvo durante mucho tiempo con fiscal provisional. No tenía recursos para hacer los viajes. Las organizaciones de mujeres financiaron los viajes para que las mujeres víctimas se encuentren con el fiscal. Y más allá de eso no había conocimiento de derechos humanos por parte del fiscal. Además había visitas de congresistas a la Fiscalía para averiguar qué estaba pasando. La lucha contra la esterilización forzada, iniciada por la Defensoría, aún está vigente. Tiene para rato. El caso de Mamerita Mestanza es emblemático.

–¿Existe en el Perú alguna forma de aborto legal?
–Desde 1924 en el país está despenalizado el aborto terapéutico, que es el que afecta con un daño grave y permanente a la salud de la mujer gestante o le puede causar la muerte. En este hay un caso emblemático, con el que se logró que el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunciara y emitiera un fallo para que el Perú lo aplique. Es el caso de K.Ll., ella tenía un feto anancefálico, lo que significa que el feto no tiene cerebro ni corteza cerebral, que va a morir en el embarazo o en el parto o inmediatamente después del parto. Pero que cuando pidió el aborto terapéutico no se le aplicó y se culminó el embarazo, que al final trajo un niño sin vida.

El artículo 119 del código penal dice: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar a la mujer gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. Este es el aborto terapéutico, pero lamentablemente en el Perú no está reglamentado.

–¿Y qué significó en el Perú el caso K.Ll.?
–El caso de K.Ll. fue la primera vez que vimos un tema del aborto en los medios como un tema de Derechos Humanos. Hasta ese momento era el aborto sólo un tema de policiales, delincuencial. Cuando se gana este caso, se ve que más allá de todo es un problema de derechos humanos de las mujeres.

Es necesario un aborto para evitar un mal físico y mental porque el hecho de tener feto anancefálico tiene un riesgo en la salud física. Son embarazos que pueden durar hasta un año, en los casos más graves. Además, los fetos, como no tienen funciones, no recirculan el líquido amniótico. Y sus vientres de las gestantes en estos casos son bastantes abultados.

–¿Y cuándo se habla de un aborto eugenésico?
–Tiene que ver con una grave malformación en el feto. Se aplica el aborto eugenésico si es que yo demuestro que el feto va a tener una grave malformación. Jurídicamente no se ha definido, en la medida que está penalizado, se sabe muy poco de esto. Esta situación se da en casi todos los países. El aborto está penalizado en Chile, Honduras, El Salvador y Nicaragua, en cualquier forma. Y después ya empiezan las excepciones por el eugenésico, por violación y terapéutico. En el Perú, a inicios del 90 se discutía el Código Penal vigente, ahí se aprobó la despenalización del aborto por violación y el eugenésico. Sin embargo esto se llega aprobar en junio y a fines de julio Alan García tenía que darle el mandato a Fujimori, y García no lo promulga. Vino el cambio de gobierno y se archivó.

Lo que pasó con el nuevo Congreso es que como ya tenía aprobado la modificatoria al Código acerca del aborto por violación y eugenésico, se les dio una pena mínima de tres meses. La pena de tres meses es absolutamente simbólica porque nadie va ir a la cárcel. Ahora es dos años para todos los abortos, tres meses para el aborto eugenésico y violación y el terapéutico que está despenalizado. La función del Código Penal en esto es simbólica, es para decir “eso está mal”. Pero no ha logrado ni que los abortos disminuyan, por lo tanto la mortalidad materna es altísima.

–Pero el Ministerio de Salud dice que la tasa de mortalidad materna infantil ha bajado.
–El tema del aborto es bien complicado. En el Perú el aborto es la tercera causa de muerte materna. Y cuando uno ve el tema de cuál es el porcentaje del total, ve que es de 6%. Tenemos un problema en general en torno a las estadísticas, y en el tema de aborto también. Sucede la mortalidad de las mujeres porque no llegan a la posta o mueren porque al llegar a la posta no las atienden, estos dos son altísimos en nuestro país. En Chile, donde está penalizado el aborto, la primera causa de mortalidad materna es el aborto, porque ellos han cubierto todo lo que es servicios de salud, allá las mujeres no se mueren porque no llegan a la posta.

Hay identificadas tres razones para la mortalidad materna infantil: hay una demora de las mujeres en decidir acudir a un centro de salud, en el ámbito rural. Luego, cuando deciden ir, está muy lejos el lugar donde viven. Y al final, cuando llegan no las atienden adecuadamente. Estas tres demoras hacen que las mujeres se mueran.


Casos de esterilización forzada

–¿Qué descubren como violación contra los derechos de la mujer cuando investigan el período de gobierno de Fujimori?
–Hemos visto casos que hasta ahora tienen nivel de consecuencias. Está el caso de Mamerita Mestanza, de esterilización forzada. Salimos del ámbito doméstico y pasamos a lo que significó la dictadura y la política de esterilizaciones forzadas que se implementó dirigida fundamentalmente a las mujeres y principalmente a las mujeres rurales, de zonas alejadas pobres. Uno identifica esas zonas, donde había ferias de esterilizaciones. Se han encontrado actas de autorización firmadas por personas analfabetas, que son parte de las pruebas más graves. Se hacía todo a espaldas de las mujeres o coaccionándolas.

–¿Cuántos casos se han detectado?
–Hay varias versiones. Los primeros datos que empezaron a dar fueron de la Defensoría del Pueblo. Actualmente, hasta diciembre 2009, había investigación en curso que decía que había más de dos mil casos de esterilizaciones llevadas inadecuadamente, muchas forzadas y varias que acabaron en muerte de las mujeres. Nuestra intervención estuvo vinculada al seguimiento internacional de un caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó un acuerdo de solución amistosa. Este es el caso de Mamerita Mestanza, una mujer de Cajamarca, del Alto Soberón. Tenía siete hijos. Fue acosada desde que tuvo el sexto hijo, por personal de salud de su zona para ser esterilizada. Ella se resistía, y al final cuando dio a luz al último hijo los médicos le dicen que se esterilice. Y ante la negativa de ella, los médicos le decían que el gobierno ha sacado una ley diciendo que va a sancionar a todos los que tienen más de siete hijos. Y esta mentira, que en Lima nadie creería, en el ámbito rural es contundente. Es así como ella es esterilizada con engaños. La intervienen en malas condiciones y la mandan a su casa cuando ella presentaba síntomas de que tenía que estar en evaluación médica y fallece a los tres días. En el trascurso el esposo les dice que está mal y el personal médico le dice que seguro le está mintiendo. Le dicen “ponle candela en su brazo y vas a ver que ahí sí va a volver”. Porque él contaba que a su esposa se le estaba paralizando la mitad del cuerpo y le decían que así iba a reaccionar. Y Mamerita falleció y la investigación estaba en curso, pero el año pasado se cerró.

–¿Y este tipo de casos se ha judicializado?
–Casi o se ha judicializado. Lo que pasó es que este caso llegó a la CIDH y en el gobierno de Toledo recomendó un acuerdo de solución amistosa y establece que haya investigación. Y al regresar al Perú se inician dos investigaciones fiscales, en el Congreso y otro expediente del caso de Mamerita. Hay más de 30 tomos de expedientes. La investigación estuvo orientada a la política que ordenó esto. Se estaba buscando la cadena de mando y llegar a los que fueron ministros de Salud del gobierno de Fujimori. En ese momento estaba por ejemplo Aguinaga, que hoy es congresista. Eran varios más. Estaban vinculados a esta investigación. Se buscaba probar si hay documentos que indiquen que ellos sabían, o no, lo que estaba pasando. Lo que ocurre es que no puede pasar que a un grupo de médicos se les ocurrió esterilizar. Es muy ingenuo pensar eso. Cuando uno indaga ve que lo había eran metas. La misma lógica se encuentra en Cusco y Piura en la zona rural. En Huancavelica, en Cajamarca. Y hay fotos de estas especies de ferias de esterilizaciones. Así como quien dice ‘vengase a vacunar, feria de ligadura de trompas’. Para nosotras fue un logro llevar el caso a la Corte y ganarlo. Pero en este momento hay un gobierno que tiene muchas resistencias. El gobierno no coopera para que se investigue.


La lucha constante por la Píldora

–¿En qué momento empieza la discusión de si es abortiva, o no, la Píldora del Día Siguiente o AOE?
–Demus es la que hizo el primer juicio por AOE y se sentenció el 2006, fue la primera sentencia. Cuando llega la época de Toledo coloca a Carbone y a Solari en Salud, que son conservadores. El asunto es que desde el 2001 ya estaba aprobada la distribución gratuita del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) como método anticonceptivo. Primero Solari, y Carbone luego, dicen que no distribuirían el AOE porque podría ser abortiva. Y Demus patrocina el caso de varias feministas que deciden iniciarle una acción de cumplimiento para que el ministro cumpla con la resolución del ministerio y esto se sentencia el 2006 y ahí el Tribunal Constitucional (TC) dice que se distribuya el AOE. Esto se da en la gestión de Mazzeti.

El proceso duró desde Carbone y acaba con Mazzeti porque ya ella tenía la decisión de distribuirla. El problema es que dos años antes una ONG conservadora ‘Ala Sin Componenda’ inició su proceso de acción de amparo en virtud de todos los concebidos y esa es la sentencia que se dio el año pasado. Finalmente el TC determina que podía esta ONG (que tiene entre sus miembros al espíritu santo, a Jesús, María y José) representar al concebido.

Lo que yo creo que pasó es que hubo mucha presión, y lo que deriva en que tenemos un TC que se deja presionar. Fue Rafael Rey, fue Cipriani. Y nosotras pensamos que hay una alianza muy fuerte entre la Iglesia y el actual gobierno. Eso se ve en la tapadera que hace en la Iglesia con las investigaciones de DDHH. No sé si en el fondo pasa eso. Alan García dijo al entrar al gobierno que iba a gobernar él y no la Iglesia.

–¿Y cuál es el estado jurídico actual para la distribución del AOE?
–Tras la sentencia del año pasado, lo que el ministro Ugarte ha dado es una nueva interpretación. Se compró un nuevo lote y ya está listo para distribuir. El ministro da señales de que va proseguir, pese a la sentencia. Porque él ha dado una interpretación. Él dice que: si es que hay nuevos informes que muestren que el AOE no tiene efectos abortivos, la posición del TC y de cualquiera puede cambiar. Y es que la sentencia es que hasta ahora no se ha comprobado que no es abortivo, entonces ante la duda se suspende. El ministro ha presentado informes de la OMS que refuerzan que el AOE no tiene el efecto antianidatorio. Y él es la entidad competente que tiene nuevos informes.

–¿Y pueden volver a suspender la distribución?
–Tenemos informes de que Ala Sin Componenda ha presentado recursos que estarían buscando que se prohíba el AOE. Porque dicen que la interpretación de Ugarte es un desconocimiento de la sentencia del TC.

–¿Cómo ven al ministro Ugarte?
–En el tema del AOE está a favor, se ha enfrentado y en un momento se quedó solo. Es una figura muy solitaria que va ahondando. Esta es la tercera vez que escuchamos a un ministro que va aprobar el protocolo del aborto terapéutico. Hay tres protocolos listos del Minsa para el aborto terapéutico. Hechos por el Minsa y han pedido mejoras. La presión ha sido tan fuerte que el 2008 en la gestión de Vallejos, dice que la va aprobar, y se suspende.

–¿Actualmente se están dando los AOE en el Minsa?
–Teóricamente sÑ Pero acá vamos a entrar a un problema que es el desabastecimiento. Y no por el AOE, sino en general. A nivel general hay todos los métodos anticonceptivos, pero por desabastecimiento no, sólo hay un método y la mujer no puede escoger. Hay una apuesta política por mantener el AOE, sÑ En los últimos años el problema de las mujeres de zonas rurales es el desabastecimiento. Tengo normas y todo el reglamento, pero no hay para entregar las medicinas.


Omar Olivares
Editor Actualidad

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