Deudas pendientes en derechos humanos

Los poderes del Estado y la sociedad civil tienen una tarea ardua por cumplir este año que acaba de empezar, están pendientes de solución diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en las últimas tres décadas. LA PRIMERA hace un resumen de lo que queda por atender el presente año.

| 14 enero 2013 12:01 AM | Especial | 1.7k Lecturas
Deudas pendientes en derechos humanos
Al principal violador de los derechos humanos lo quieren sacar vía indulto humanitario.
MIRANDO EL 2013
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“Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más”, reza el inicio de una conocida canción de El Gran Combo, agrupación salsera puertorriqueña que tiene cinco décadas de vigencia. Esa frase también podría aplicarse a lo que se viene este año en cuanto a la defensa de los derechos humanos en el Perú, puesto que hay casos pendientes que no han sido resueltos, y el paso del tiempo acumula las expectativas de las familias de las víctimas.

El año pasado quizás ha sido el más negativo en cuanto a la lucha contra la impunidad desde el retorno de la democracia en el 2000, debido a decisiones judiciales y gubernamentales controvertidas; aunque también hubo avances para encontrar justicia para las víctimas.

Al respecto de la situación de los derechos humanos en el Perú, es importante la visión de la investigadora estadounidense Jo-Marie Burt, quien destaca que el Perú es uno de los países donde se investiga y juzga los crímenes de lesa humanidad en tribunales nacionales, a diferencia de Europa y otras partes del mundo, donde se juzga en tribunales internacionales.

Burt destacó que esto ha sido posible gracias al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyas investigaciones y conclusiones han derivado en procesos judiciales contra los perpetradores de diversos crímenes. Sin embargo, sostuvo que al mismo tiempo existe “una combinación paradójica de justicia e impunidad” por los hechos acontecidos en el 2012.

Otra visión destacada es la del director del Equipo Peruano de Antropología Forense, José Pablo Baraybar, quien manifiesta que existe un desinterés (que llegó a calificar como negligencia) del Estado, representado en sus tres poderes, así como en la gran mayoría de la sociedad, en la búsqueda de los desaparecidos por la violencia política vivida en el país entre 1980 y 2000.

También cuestionó la labor de las organizaciones de derechos humanos, al hacer énfasis en la judicialización de los casos y no poner el mismo interés en la búsqueda de los desaparecidos, y propuso la creación de un Plan Nacional para realizar este cometido. Habrá que ver si algún actor del Estado o la sociedad civil recoge esa propuesta para hacerla realidad en este 2013 que ya comenzó.


Familiares de víctimas de violación de derechos humanos esperan justicia.

BARRIOS ALTOS
Sin duda alguna, el hecho más controversial fue el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el polémico vocal Javier Villa Stein, que decidió el 20 de julio del 2012 reducir las condenas de los integrantes del grupo Colina, acusados de la matanza de Barrios Altos en 1991, por considerar que este crimen no estaba calificado como de lesa humanidad.

Esta sentencia tuvo como consecuencia la liberación de Alberto Pinto Cárdenas, quien purgaba prisión por el crimen en Barrios Altos. Inmediatamente, sectores de la sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos mostraron su indignación ante la decisión judicial, y llevaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había establecido que este caso era un crimen de lesa humanidad.

El gobierno mismo, por medio del entonces ministro de Justicia, Juan Jiménez, interpuso un recurso de inconstitucionalidad para que el fallo sea anulado.

Finalmente, la CIDH anuló el fallo, hecho que derivó en la orden de recaptura de Pinto Cárdenas, que aún continúa prófugo. Todo esto en medio de una polémica debido a que el procurador del Poder Judicial posteriormente destituido, Segundo Vitery, defendió la sentencia de Villa Stein en la propia audiencia realizada en Costa Rica.

Aún falta conocer qué pasará con Villa Stein, quien viene siendo investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura junto a los jueces que lo acompañaban en la sala, tema que podría derivar en la inhabilitación del polémico vocal supremo, que con su decisión afectó a los familiares de las víctimas de Barrios Altos.

ESTERILIZACIONES FORZADAS
Pese a fallos polémicos como el de Villa Stein, a fines del año pasado la Fiscalía Supraprovincial de Lima decidió reabrir el caso de esterilizaciones forzadas, ocurrido durante la dictadura de Alberto Fujimori, e incluyó como uno de los responsables al actual congresista y exministro fujimorista Alejandro Aguinaga, quien salió a decir que todo esto era “una venganza”.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer saludaron la decisión del Ministerio Público. Jeannette Llaja, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), expresó que el Ministerio de la Mujer debe hacer un registro de los casos, como el que hizo la Comisión de la Verdad con los casos de violencia política.

Agregó que el Ministerio Público debe reforzar a la Fiscalía a cargo del tema, dotándola de recursos económicos y técnicos, y reduciendo su carga procesal, puesto que se trata de una investigación bastante compleja. Ambas propuestas están en la cancha del Ejecutivo y del Poder Judicial.


Villa Stein y su polémica sentencia.

INDULTO FRACASADO
El tema del indulto de Fujimori finalmente quedó en nada por el momento, pese a las versiones no oficiales (y rumores) de que el gobierno le concedería la gracia en diciembre del año pasado. Y también a pesar de cierta prensa que presionó, pretendiendo socavar la memoria de los peruanos sobre la violación de derechos humanos por parte de Fujimori.

El pedido de gracia a Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos, afectaba la lucha contra la impunidad, y al mismo tiempo hería la sensibilidad de los familiares de las víctimas de la dictadura, quienes habían encontrado justicia en el impecable juicio que se le hizo al exdictador entre setiembre del 2007 y abril del 2009, que terminó con una ejemplar sentencia reconocida a nivel mundial.

Por ello, los afectados directos, organizaciones de derechos humanos, e integrantes de la sociedad civil realizaron varias manifestaciones y plantones contra la posibilidad del indulto a Fujimori, durante el segundo semestre del año pasado. Diversos abogados y constitucionalistas recordaron que un condenado por crímenes de lesa humanidad no tenía derecho a esta gracia, según lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales suscritos por el Perú.

Las pruebas de que Fujimori no tiene cáncer terminal, pese a los intentos de los fujimoristas de demostrar lo contrario con el fin de que se le otorgue el indulto, fueron desvaneciéndose luego de informes periodísticos que dieron cuenta que si bien el exdictador padecía de una dolencia en la lengua, conocida como leucoplasia, junto a observaciones de reconocidos médicos, que desmintieron la gravedad de la enfermedad del autócrata, que cumple prisión (dorada) por crímenes de lesa humanidad.

Tras saberse que Fujimori no afrontaba una enfermedad tan grave, el siguiente paso en la estrategia que conducía al objetivo de la impunidad de uno de los principales violadores de derechos humanos en las últimas décadas (junto a Abimael Guzmán), era demostrar que el reo de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, ubicada en el fundo Barbadillo, en Ate, vivía en condiciones carcelarias realmente denigrantes que ponían en peligro su vida e integridad.

Sin embargo, el manejo errático de los fujimoristas al mostrar un plano del lugar donde está recluido Fujimori para demostrar que vive en pésimas condiciones, sumado al descubrimiento de las excelentes condiciones carcelarias en las que vive, gracias a unas reveladoras fotografías, concluyeron que la cárcel de Fujimori es “dorada”, y supera ampliamente la forma de vida de mucha gente no presa en el país, que trabaja honradamente y respeta la vida de los demás.

Todo esto terminó por sepultar los deseos de libertad de los seguidores de Fujimori, que ahora ven oscuro su futuro sin su líder.

LO QUE FALTA HACER
En resumen, hay varios temas pendientes en cuanto a la justicia y lucha contra la impunidad ante violaciones a los derechos humanos, sumados a otros menos conocidos, pero también importantes, que deben ser atendidos tanto por el Poder Ejecutivo, junto a los poderes Legislativo y Judicial, con sentido de justicia y lucha contra la impunidad, a favor de las familias de las víctimas, recogiendo las propuestas de los actores involucrados.

Todas estas acciones deben ejecutarse con un sentido de rechazo a las presiones de quienes quieren desaparecer la memoria de la historia reciente del Perú.


Víctor Liza
Redacción


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