¿Delito adolescente?

Desde 2006 una norma viene alejando a los adolescentes de la información y acceso a salud sexual y reproductiva. Es urgente variarla ya que no se han logrado ninguno de los objetivos esperados.

| 25 setiembre 2011 12:09 AM | Especial | 1.6k Lecturas
¿Delito adolescente?
ANÁLISIS

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DELITO EN CIERNES
Paternidad negada

Muchas adolescentes no inscriben a sus hijos con el apellido del padre ni éste los reconoce legalmente, debido a que así estaría aceptando la comisión de un delito grave como la violación. Ello repercute también en que muchos niños queden desprotegidos en relación a la obligación alimenticia que tienen los padres, ya que la prueba de reconocimiento, la partida de nacimiento, no estaría firmada por el padre.
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Como en muchos otros casos, cuando no se ponderan las reales dimensiones de determinado problema, el remedio termina siendo peor que la enfermedad; en esta ocasión se trata del embarazo adolescente: el 6 de abril de 2006 entró en vigencia la ley 28704.

A partir de esa fecha toda relación sexual de un adulto con un adolescente de entre 14 a 18 años, se considera violación sexual aun si se tratase de una relación voluntaria. Y si se da entre dos adolescentes se convierte en una falta.

El irreal supuesto del que partió esta norma sostenía que así se reduciría la incidencia del embarazo adolescente y se evitaría la violencia sexual contra adolescentes. Pero a la luz de las cifras actuales, ni lo uno ni lo otro se ha producido y más bien se han generado consecuencias negativas para el ejercicio de ciertos derechos de los adolescentes: conflicto normativo con otras disposiciones civiles y penales vigentes; impacto desfavorable en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; impacto negativo en el derecho a la identidad y prestaciones alimentarias en las hijas/os de madres adolescentes.

ESPANTANDO JÓVENES
En el acceso a la salud sexual y reproductiva se puede observar el despropósito legal. Si el Código Penal tipifica como delito las relaciones sexuales consentidas de los adolescentes, esto convertiría en ilegales las atenciones de salud sexual y reproductiva para ellos.

Así, se restringen los servicios de prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual. En la práctica se niega el hecho real de que los adolescentes en muchos casos tienen una vida sexual activa, y al colocar esta barrera se incentiva la desprotección y la desinformación.

Además se ha colocado en riesgo la atención del control pre natal y el parto, debido a que el embarazo en las adolescentes se convierte en la prueba del delito de violación.

Por eso la Resolución 257-2007-DSDJL-MP-FN del 24 de enero de 2007, obliga a los establecimientos de salud privados y públicos a comunicar a la fiscalía la atención de adolescentes en estado de gestación.

La ley establece que en el plazo máximo de 72 horas se remita la comunicación. Ello ha llevado en muchos casos a que las adolescentes sean retenidas en los hospitales en contra de su voluntad, convirtiendo al personal de salud en cómplice de este abuso.

EVIDENCIAS DEL ERROR
El propio Ministerio de Salud ha reportado en el documento “Análisis de situación de salud de las y los adolescentes - ubicándolos y ubicándonos”, de septiembre de 2009, que la fecundidad en las adolescentes se ha vuelto a incrementar desde el 2007, la mortalidad materna adolescente ha aumentado y un porcentaje significativo de las usuarias insatisfechas en planificación familiar son adolescentes.

Además, los casos registrados de VIH/SIDA en adolescentes son cada vez mayores; y como consecuencia de ello entre el 2006 y 2008 disminuyó la demanda de los adolescentes hacia los servicios del MINSA.

Como dice el refrán, el camino al cielo está empedrado de buenas intenciones. El problema es que esas supuestas buenas intenciones no son gratuitas, sino que parten de una agenda confesional que colisiona con las responsabilidades de un Estado laico, en el que la información y el acceso oportuno a métodos de planificación deben brindarse a todas las personas en edad fértil.

SEXUALIDAD SANA
El asunto es reconocer que los adolescentes tienen una vida sexual, que para que sea bien llevada requiere de información, acceso a los alcances de los servicios, educación sexual. Si se opta por negar la naturaleza del problema y se asume como delito algo tan alejado de ello como lo es una relación sexual voluntaria, finalmente se logra lo contrario a lo pensado. La sexualidad es un campo de la vida humana que debe ser respetado en todos sus alcances cuando la voluntad es lo que prima. Por eso es inadecuado tipificar como delito la consecuencia de la voluntad de un adolescente al tener una relación sexual.

En buena hora el Poder Judicial ya estableció que los jueces no deben juzgar como delito de violación las relaciones con adolescentes, pero los hospitales, la fiscalía y la Policía Nacional siguen incrementando sus labores y destinando sus escasos recursos para este tipo de investigaciones, cuando lo necesario es concentrar esfuerzos en perseguir y castigar a los verdaderos violadores.

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