Corrupción masiva

Durante la presentación del libro “Informe de la lucha contra la corrupción en el Perú 2011-2012” el procurador Julio Arbizu declaró a LA PRIMERA que la entidad a su cargo evalúa actualmente unos 19 mil casos de corrupción presentados en los últimos años, en su mayoría del gobierno aprista y de los gobiernos regionales y locales.

| 02 diciembre 2012 12:12 AM | Especial | 1.5k Lecturas
Corrupción masiva
Procurador Julio Arbizu revela que hay 19 mil casos en investigación. Herencia de García.

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NI OLVIDO NI PERDÓN

En otro acápite, el informe precisa la importancia de desarrollar dos ejes fundamentales de la campaña anticorrupción como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción combinada –planteada en un proyecto de ley de Gana Perú- y la inhabilitación perpetua de funcionarios públicos, así como un Sistema Nacional Anticorrupción que centralice y articule los esfuerzos de la Contraloría General de la República y la participación representativa de la sociedad civil.
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Manifestó, asimismo, que el audio dado a conocer en los últimos días sobre el excongresista y exministro aprista Aurelio Pastor muestra indicios de tráfico de influencias, por lo que debe ser debidamente investigado.

Durante la presentación de la publicación a cargo del Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GTCC), Giancarlo Castiglioni, de la Red Jubileo, afirmó por su parte que “la corrupción resulta perjudicial para la sociedad, particularmente cuando es insuficientemente sancionada porque genera un clima de impunidad además de alimentar la micro-corrupción y el irrespeto por las leyes que son percibidas como castigo para los que no tienen relaciones con el poder político y económico lo que socava la democracia”.

Los expositores y los representantes de las 13 instituciones que conforman el GTCC como Aprodeh, Ceas, Forum Solidaridad Perú, Fovida, etc. que participaron con sus artículos en la publicación, señalaron que se hace necesario revisar los avances y retrocesos en materia de lucha contra la corrupción para determinar si existen políticas y acciones que puedan determinar si existe o no voluntad de tomar medidas contra este flagelo, “donde hay una estrecha relación entre corrupción y violación de derechos humanos”.

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Lilia Ramírez, del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó cómo el Partido Aprista, antes de las elecciones del 2006, prometió que gobernaría con tolerancia cero a la corrupción, sin excepciones ni medias tintas, y hasta anunció diez políticas anticorrupción.

“Sin embargo, las procuradurías anticorrupción para ver los graves casos del gobierno fujimorista terminaron con un solo contador y de 54 abogados pasaron a tener 13, mientras el procurador encargado, Pedro Gamarra, perdía facultades y capacidad de decisión y los casos empezaron a perderse y a prescribir”, apuntó.

“Este hecho tuvo como consecuencia que el nivel de recuperación del dinero robado durante la dictadura de 1990 disminuyera dramáticamente. Estamos lejos de recobrar aunque sea un monto mínimo, el gobierno aprista recuperó apenas tres por ciento y perdió mucho, retomar el proceso de repatriación será complicado”.

Mencionó algunos casos de corrupción de esos años como los petroaudios, los negociados del Sistema Integral de Salud (SIS) luego del terremoto de Pisco, los indultos escandalosos como el de Crousillat y que tuvo precisamente a Pastor como el principal responsable, lo de Barrios al frente de EsSalud, los posibles sobreprecios de los colegios emblemáticos y el Estadio Nacional, el manejo en Sedapal y Agua para todos y el favorecimiento a empresas amigas del régimen, entre otros.

Sobre la Megacomisión del Congreso, a cargo del congresista Sergio Tejada y que investiga los actos dolosos registrados durante el gobierno de Alan García, los participantes comentaron que tuvo un nacimiento accidentado, con dificultades logísticas básicas y recibiendo ataques políticos permanentes.

SISTEMA PENAL
En cuanto a los aspectos negativos del Sistema Penal en materia anticorrupción expresaron que el Ministerio Público no tiene un registro estadístico de los tipos de delitos de corrupción denunciados o las instituciones públicas más afectadas, que existe una enorme carga de casos bajo responsabilidad de la Procuraduría Anticorrupción y la renuncia de la investigación fiscal sobre los casos del exministro José Chang y Fernando Barrios.

Al referirse a los aspectos positivos mencionaron la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal para casos de corrupción lo que ha significado una mayor rapidez para el procesamiento de casos, así como la capacidad de tomar decisiones, como la inclusión del exalcalde Luis Castañeda en la investigación por el caso Comunicore, a fin de revertir omisiones.

Respecto a casos sospechosos de corrupción del actual gobierno se refirieron a situaciones como la del vicepresidente Omar Chehade y cuestionaron la profundización de una cultura del secreto en el Poder Ejecutivo. También analizaron hechos vinculados a la empresa Xstrata en Apurímac y sus posibles vinculaciones con actos de corrupción y la urgencia de “indagar en los indicios de gran corrupción en la concesión de recursos naturales para industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura”.

En un artículo del libro, Desco evalúa el papel de la democracia, el desarrollo institucional del país, la valoración respecto de los actos corruptos y su vinculación con la percepción ciudadana que considera a la corrupción como el problema más grave del país, solo debajo de la delincuencia y la falta de seguridad.

También plantearon la necesidad de una adecuada asignación presupuestal de parte del Ministerio de Economía y Finanzas para implementar un nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que posibilite el acceso a una justicia penal ágil y transparente y dotar de capacidades a la Policía Nacional para que opere con mayor efectividad.


Denis Merino
Redacción


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