Contra la impunidad de las esterilizaciones

Abogados reunieron pruebas para reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas, que servirán para condenar a los responsables de esta criminal práctica del gobierno de Alberto Fujimori.

| 17 octubre 2010 12:10 AM | Especial | 3.2k Lecturas
Contra la impunidad de las esterilizaciones
Aprovechándose de su humildad muchas mujeres fueron sometidas a la esterilización.

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Esta nueva denuncia es apoyada por el Colegio de Abogados de Lima. Su decano, José Antonio Ñique de la Puente, manifestó que estas esterilizaciones no pueden volver a repetirse y los responsables deben ser sancionados. También cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal. Como parte de la estrategia para presentar la nueva demanda el fotógrafo francés Pierre Yves Ginet presentó en el Cusco una muestra fotográfica sobre este caso. Asimismo, la realizadora Mathilde Damoiselle presentó el documental “Vientre de Mujer”, que se constituirá en elemento importante para complementar la denuncia. La abogada Tamayo añadió que “con la nueva denuncia queremos que se individualicen las responsabilidades, pues hay responsabilidades que van desde el ex presidente Alberto Fujimori hasta sus ex ministros de Salud y los responsables de ese programa de esterilizaciones”.
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En la localidad cusqueña de Anta casi no existen niños jugando en las calles. Desde hace 14 años que la población de ese lugar no aumenta, y todo porque el derecho a procrear les fue cortado a sus mujeres con un bisturí implacable y cruel.

Esta reducción de la población de Anta es una de las tantas consecuencias del programa de esterilizaciones forzadas ejecutado de manera inhumana, entre 1996 y 1998, por el gobierno de Alberto Fujimori. Otros resultados de esa política estatal fueron los intentos de suicidio e incluso las muertes de mujeres por culpa de las intervenciones quirúrgicas a las que fueron sometidas contra su voluntad, en aplicación de una política que pretendía planificar autoritariamente la vida de la población.

Esos abusos fueron denunciados en su momento. Pero recién en diciembre del año pasado el Ministerio Público, después de largo tiempo, emitió un pronunciamiento. Dictaminó que las denuncias no podían ser investigadas porque ya habían prescrito los cargos contra los presuntos responsables de una política que parecía haber sido copiada de los manuales del alemán Adolfo Hitler. Esa resolución fue sentida por las víctimas como un nuevo corte de bisturí en sus vientres.

Sin embargo, la abogada Giulia Tamayo, quien inició la investigación de esos casos en 1996, volvió a recorrer esta semana los pasillos del centro de salud de Anta y recolectó nuevas pruebas que serán incluidas en una denuncia que tiene por objetivo reabrir el proceso hasta encontrar justicia para las mujeres de ese pueblo cusqueño y, a través de ellas, sentar un precedente para que esta situación de abuso nunca vuelva a repetirse en nuestro país.

“De manera equivocada la Fiscalía dijo en diciembre de 2009 que los delitos han prescrito. Esa interpretación no es exacta. Consideramos que son delitos de lesa humanidad en la modalidad de persecución con fines de esterilización forzada, y como tales no han prescrito”, apuntó Tamayo.

Sin posibilidades para engendrar, las mujeres de Anta, algunas de ellas esterilizadas a los 18 y 20 años de edad, sentían que sus vidas no valían nada. Fueron estigmatizadas en su pueblo. Sus esposos las rechazaban, pues ya no podían darles hijos. En la memoria de estas mujeres aún queda el recuerdo de la persecución de la que fueron víctimas, las amenazas y detenciones para llevarlas a ser esterilizadas. Todo esto bajo el amparo del gobierno.

Pero la adversidad fue una motivación para ellas. Con la ayuda de dirigentes indígenas como Hilaria Supa, quien actualmente es congresista, se unieron para salir adelante y poner la cara frente las marginaciones. Se organizaron y formaron la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas. Esto se constituyó en un hecho emblemático que resalta la valentía de estas mujeres, frente a la violación de sus derechos humanos, no sólo de ellas sino miles de mujeres peruanas pobres, indígenas y campesinas.

Investigación
Cuando el régimen de Fujimori cayó, el Ministerio de Salud conformó una comisión que investigó las esterilizaciones, integrada por destacados profesionales. Los resultados, presentados en julio del año 2002, mostraron 54 evidencias de la violación de derechos humanos basadas en testimonios y en la evidente falta de consentimiento de las mujeres. El gobierno de Alejandro Toledo, a través de su ministro de Salud, Fernando Carbone, pidió disculpas públicas a las víctimas.

Según declararon autoridades del Ministerio de Salud en 1999, la cantidad de mujeres esterilizadas llegaría a 300 mil. Además, a 16 mil hombres se les practicó la vasectomía. El 14 de octubre del año 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza, una mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998 como consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Alberto Fujimori. El caso fue presentado a la CIDH y el 26 de agosto del año 2003 el gobierno cumplió con entregar una indemnización de US$ 109,000 a la familia de Mamérita.

El 2005, basado en esta solución amistosa, el Ministerio de Salud, dirigido por Pilar Mazzetti, decidió incorporar al Seguro Integral de Salud a 12 mujeres afectadas en Anta, Cusco, esterilizadas contra su voluntad. A ello siguió una Resolución Ministerial que incorporó a las mujeres víctimas por la esterilización forzada, a sus esposos y sus hijos menores de 18 años de edad para acceder al SIS como víctimas de violación de derechos humanos.

Sin embargo, la doctora Tamayo ha descubierto que este compromiso tampoco es cumplido por el gobierno. “Les están negando atención en el Seguro Integral de Salud, y ese fue un compromiso del gobierno. Tampoco ha cumplido con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de seguir los casos y brindarles apoyo legal. Muchas de ellas han continuado atendiéndose con sus propios medios, sus propios recursos, desde luego limitados porque son mujeres en extrema pobreza. Por eso, el hecho de haberse organizado ha generado una labor rehabilitadora en ellas”, manifestó Tamayo.

Un agravante que hasta la fecha no ha sido investigado es el racismo, motivo que, junto a nuevos casos encontrados, será incluido en la nueva denuncia. “Queremos incluir que hubo motivos étnico raciales, que es lo que no se ha investigado aún. Las víctimas eran personas con ciertas características raciales, es decir, (el plan) estaba dirigido a comunidades indígenas, a poblaciones rurales”, señaló la abogada.

Dentro de este nuevo proceso existe también la necesidad de formar un registro de las víctimas que permita rastrearlas y realizar un seguimiento de su vida, pues muchas de ellas han muerto. El Estado tampoco dio reparaciones administrativas ante las enormes secuelas de estas intervenciones. Existen casos nuevos que serán incluidos en la nueva denuncia, como el de una mujer que fue esterilizada mientras estaba embarazada, y le produjeron un aborto.

Marcelo Puelles
Redacción

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