Ciudades para todos

Los concursos públicos de los proyectos y la amplia participación vecinal en el control de los recursos financieros constituyen la receta universal para una gestión transparente y para lograr ciudades atractivas para todos. La desarticulación entre planeamiento urbano y economía viene agudizando las crisis -ecológica, energética y alimenticia- y provocando en nuestras ciudades situaciones de colapso.

Por Diario La Primera | 06 setiembre 2009 |  683 
Ciudades para todos
Una propuesta para que los proyectos urbanos sean siempre sometidos a concurso público, para que sean de calidad y gratos para los ciudadanos.
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Por ello resulta interesante la movilización orgánica de unos doce mil arquitectos que, a través de su Colegio, tratan de encontrar un punto medio, donde sea posible respetar los derechos de los propietarios, inversionistas, vecinos y las inversiones del Estado, para que la densificación y urbanización no afecte los contextos históricos monumentales y la preservación del paisaje rural.

En el Perú, al haberse eliminado arbitrariamente los concursos arquitectónicos, hace más de una década, no hay ciudad pequeña, mediana o distrito de la capital metropolitana, donde la acción de las autoridades locales, que malentienden sus funciones, no contamine con alegorías y edificaciones que no responden a un proceso cultural colectivo.

En 1998, con la ley 26850, se perdió la posibilidad de seleccionar los mejores proyectos. Esa ley, reemplazada por el D.L. 1017, ley de contrataciones del Estado, deja librada la calidad de la obra al criterio de profesionales rentados de la propia entidad contratante y al azaroso designio del arquitecto escogido, dando lugar a que, en muchos casos, se adjudiquen obras considerando sólo el menor monto propuesto, sin importar la calidad.

En el Perú, las convocatorias a concursos arquitectónicos de obras públicas han estado directamente ligadas a las instituciones representativas del gremio profesional. De 1937 - 1962, a la Sociedad de Arquitectos; y de 1962 - 1998 al Colegio de Arquitectos. Pero desde hace once años en que esos concursos fueron eliminados se niega al Estado la posibilidad de seleccionar los mejores proyectos.

Historia
Antes de 1962, la profesión de arquitecto no estaba establecida “oficialmente”, y los pocos concursos obedecieron al buen criterio de los convocantes y no a una norma. Es el caso del Palacio de Gobierno en 1903, las fachadas del Palacio Arzobispal, en 1916, o la plaza San Martín, para festejar el primer centenario de la Independencia.

La propuesta legislativa, remarcan sus promotores, no irroga gasto alguno al erario nacional, más bien establece beneficios como el perfeccionamiento del proceso de contratación pública, en especial en la etapa de la elaboración de expedientes técnicos; fortalece la transparencia y eficiencia de los proyectos de inversión del Estado.

El proyecto de ley de los concursos arquitectónicos considera como obras públicas de impacto urbano los proyectos de edificaciones cuyo valor referencial de la inversión sea igual o superior a las quinientas (500) unidades impositivas tributarias.

Las cuentas nacionales y el presupuesto de este año diaria nos indican que el Estado destina sumas considerables en infraestructura pública o equipamiento urbano, que deberían ser objeto de concursos arquitectónicos abiertos con la concurrencia de jóvenes profesionales que han perdido oportunidades de desplegar y realizar su creatividad.

Esa lista de obras, abarca hospitales y centros de salud; sedes de entidades públicas; museos, teatros, centros educativos y universidades públicas; parques locales, zonales, zoológicos o botánicos, acuarios; malecones y alamedas; terminales terrestres y similares; asilos y albergues; infraestructura deportiva como estadios y campos deportivos, y otras de naturaleza análoga que la administración pública competente considera pertinente.

Si esa acción del Estado pasa por los debidos controles de la entidad licitante el resultado final de una obra urbanística no arrojará sorpresas, ni costos adicionales y los plazos previstos se cumplirán, tal como aspiran los promotores del proyecto. “Todos ganan, en especial, las ciudades, los ciudadanos y el Estado”, reza el slogan de los arquitectos.

Hay que encontrar coherencia entre la actividad privada y pública, para la convivencia comunitaria. Porque nuestras ciudades han perdido su alegría y no tienen lágrimas para desfogar su tristeza.

Jorge Zavaleta Alegre
Colaboración

Referencia
Propia



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