Cambio o maquillaje

El proyecto de Ley General de Trabajo (LGT) presentado al Congreso de la República por la Comisión de Trabajo, es producto de anteriores anteproyectos de la última década que han sido acumulados y sumados a los aportes del Consejo Nacional de Trabajo. Este proyecto que podría aprobarse este año genera desaliento y frustración, porque se trata de una recopilación de la legislación antisindical que se instauró con el neoliberalismo

| 19 mayo 2012 12:05 AM | Especial | 2.3k Lecturas
Cambio o maquillaje
LEY GENERAL DE TRABAJO
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PROYECTO NEOLIBERAL
El proyecto genera desaliento y frustración, pues solo se trata de una recopilación de toda la legislación antilaboral y antisindical impuesta por anteriores gobiernos neoliberales. De aprobarse tal proyecto, por más remiendos que le pongan, sería como disfrazar al lobo de caperucita.

Si hablamos de cambios como prometió el presidente Ollanta Humala, se tienen que derogar todas las leyes y decretos antilaborales y antisindicales a fin de proyectar una legislación laboral que signifique la recuperación de la dignidad de la clase trabajadora y de sus derechos.

MODIFICAR ACTUAL CONSTITUCIÓN
El Proyecto de Ley General de Trabajo (LGT), tiene un vicio de origen al adecuarse al marco de la actual Constitución de Fujimori (1993) que los trabajadores y las fuerzas progresistas han demandando su modificación porque no favorece ni a los trabajadores ni a los pueblos excluidos, tanto así que ni el Presidente Humala ni los Vicepresidentes juramentaron sus cargos por esa Constitución sino por la de 1979.

Para cambiar o modificar la actual Constitución sólo existen dos opciones:

1. Vía Congreso Nacional, donde la correlación de fuerzas es desfavorable y porque los congresistas de Gana Perú y el propio presidente Humala ya no están convencidos de lo que ofrecieron.

2. La otra vía, sería la única posible, la acción directa de las masas, mediante acciones de movilizaciones a nivel nacional para exigir referendo.

CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO
El Consejo Nacional del Trabajo y Fomento del Empleo (CNT) al que los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han hecho aparecer como el órgano consultivo del tripartismo en el Perú, no ha hecho ningún aporte trascendental, sólo ha concretado algunos acuerdos que no afectan la política neoliberal ni quitan el sueño de los empresarios.

“COMISIÓN DE EXPERTOS”
Lo más preocupante es el hecho de que el Ministerio de Trabajo ha nombrado una “Comisión de Expertos” conformada por ex ministros de trabajo y promoción del empleo para que revisen el proyecto de LGT y hagan sus aportes. Con el respeto que se merecen cada uno de ellos, no entusiasma en absoluto el hecho de que esa “Comisión” esté compuesta en su mayoría por personas que fueron ministros de gobiernos neoliberales.

Particularmente he tratado con la mayoría de ellos y solo podría cifrar esperanzas en el doctor Carlos Blancas, a quién conocí como un profesional más identificado con los derechos de los trabajadores cuando fue Ministro de Trabajo en el primer gobierno de Alan García. Su actuación fue aceptable.



DESEQUILIBRIOS QUE SE INCREMENTAN EN LA LGT

Los temas dejados de lado

1. Eliminación del Contrato Colectivo del Trabajo

En el Perú han eliminado el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en el que intervienen, como muchos sindicalistas deben recordar: Estado, empresarios y trabajadores.

En la actual Constitución no aparece el Contrato Colectivo de Trabajo y por cierto, tampoco, en el proyecto de la Ley General de Trabajo, los sindicalistas sabemos que esta es, precisamente, la parte central de las relaciones laborales existentes en la mayoría de países de América Latina y en la Unión Europea, mientras en el Perú se desconoce o procura desconocer.

2. El Estado renuncia a su función tuitiva

Al haber eliminado el Contrato Colectivo de Trabajo, el Estado renuncia a su carácter tutelar y a su obligación de defender al más débil (al trabajador) en la solución de los problemas laborales.

Eliminada la función tuitiva del Ministerio de Trabajo, las reclamaciones o conflictos laborales que antes se tramitaba en vía administrativa ante los organismos de este Ministerio han pasado al poder judicial (juzgados laborales).

3. Debilitar sindicatos y neutralizar a los dirigentes

Al judicializar las relaciones laborales, toda reclamación relacionada, por ejemplo, con el incumplimiento de pactos y convenios, reintegros salariales, sobre tiempos, despidos de trabajadores o suspensiones, etc., ahora hay que hacerlo ante el poder judicial.

Encima se les prohíbe a los sindicatos intervenir en la defensa de sus afiliados porque el poder judicial sólo admite abogados. De esta forma, anulan el papel del dirigente sindical y del sindicato mismo.

4- Eliminación del derecho a la estabilidad en el trabajo

Este derecho conseguido a través del Decreto Ley 18471 durante el gobierno de Velasco Alvarado y que incluso el gobierno de Morales Bermúdez se vio obligado a respetarlo por la razón y la fuerza de los trabajadores y sus sindicatos, fue suprimido.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sin embargo, la luz de la estabilidad en el trabajo se escapó del túnel oscuro del neoliberalismo gracias a la actitud ética y coherente del Tribunal Constitucional presidido por el doctor Javier Alva Orlandini e integrado, entre otros por el doctor Magdiel Gonzáles Ojeda. El TC en el 2003, mediante jurisprudencia de carácter vinculante restituyó el derecho a la estabilidad laboral y, asimismo, puso coto a los abusos del trabajo de 12 o 14 horas.

5. Negociación colectiva y la trampa en los arbitrajes.

El derecho a la negociación colectiva ha sido una de las conquistas más importantes de los trabajadores en el mundo, costó grandes sacrificios y vidas.

El gobierno de Fujimori, después del golpe de 1992, promulgó el Decreto Ley 25593 (de Relaciones Colectivas) referido a la regulación de libertad sindical, negociación colectiva y huelga.

Los trabajadores ahora se ven obligados a someterse al arbitraje o Laudo Arbitral que, por ser de carácter comercial privado, tienen ellos que pagar un arbitraje demasiado costoso. Y, lo peor es que la decisión del Tribunal Arbitral es inapelable. Antes en el Ministerio de Trabajo había derecho a la apelación y, en forma extraoficial, el diálogo entre las partes podía continuar.

6. Los pliegos nacionales por rama de actividad

Otra de las consecuencias negativas de la actual Ley de Negociaciones Colectivas es el hecho de que no reconoce el derecho a los pliegos nacionales por rama de actividad, cosa que en otros países es práctica normal en los convenios colectivos. Si se habla de cambios es hora de que se reconozcan los pliegos nacionales por rama de actividad en el Perú, cosa que en el proyecto de LGT pasa por desapercibido

En el caso de los trabajadores de la construcción, este sector es el único que ha logrado recuperar el derecho al pliego nacional por rama de actividad, gracias a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP ).

7. Services al trabajador como mercancía

Otra perla de los gobiernos pro patronales son los llamados services, formalizados mediante Ley 27626 publicada en Enero del 2002 por el gobierno de Alejandro Toledo como empresas especiales de servicios o prestación de servicios de intermediación laboral, que sirve para legalizar el tráfico indignante y mellar la dignidad del trabajador.

El Decreto Legislativo 728, conocido con el nombre rimbombante de Ley de Productividad y Competitividad, promulgado por Fujimori con el Decreto Supremo 0097-TR, considera al trabajador vendedor de su fuerza de trabajo al empresario en el mercado, sujeto a la oferta y la demanda, o sea que el trabajador, se convierte en mercancía. Por esta razón los services deben ser suprimidos.

8. CAS: el Estado traficante

El propio Estado está traficando con el trabajo humano, es el caso de los trabajadores del sector público comprendido en el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que, mediante el Decreto Legislativo 1057, impuso la explotación de estos trabajadores en su gran mayoría calificados pero, sin derechos sociales.

El Estado abusivo y sin escrúpulos viene manteniendo esta situación indignante con más de 180 mil trabajadores de ese sector. Actualmente, en el Congreso de la República, los parlamentarios que siendo candidatos prometieron derogar el Decreto Legislativo 1057 ahora se hacen los chuecos, dando largas, con el cuento de que se hará por partes y según dicen a partir del 2013.

Aquí solo cabe la derogatoria inmediata del DL 1057 para terminar con el CAS.

9. La tercerización en el Perú

La indignante tercerización o outsourcing creada mediante Ley No 29245 (24.06.2008) y el Decreto Legislativo Nº 1038, durante el gobierno de Alan García con el objeto de reducir costos, está sometiendo a los trabajadores a la peor explotación, sin derechos sociales, para burlar, el derecho a sindicación, a la negociación colectiva, al derecho de huelga y si lo hacen son despedidos.

Es una contratación precaria y perversa que está afectando a la gran mayoría de trabajadores, principalmente jóvenes en todas las ramas de la actividad productiva.

No cabe hacer reglamentaciones como algunos están pregonando para confundir. La tecerización y la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038 simplemente deben ser derogados.

CONCLUSIóN
Los problemas que he mencionado, aunque hay otros que no han sido tomados en cuenta en el proyecto de la Ley General del Trabajo, nos obliga a concluir que este Proyecto no conlleva ningún cambio favorable para los trabajadores.


Valentín Pacho
Ex Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP. Actual Secretario General Adjunto de la Federación Sindical Mundial FSM.


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