Avances de la lucha contra la trata de personas

Ante el alarmante avance en nuestro país del delito de Trata de Personas, el Congreso de la República realizó la actividad “Avances y Retos en la lucha contra la Trata de Personas”, que reunió a representantes de las diferentes entidades que combaten este problema. La congresista Natalie Condori participó como coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de la Política de Lucha contra la Trata de Personas 2011-2016 de la Comisión de la Mujer y Familia.

| 01 abril 2013 12:04 AM | Especial | 26.6k Lecturas
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La legisladora Natalie Condori, de Gana Perú, precisa que antes de 2011, solo seis eran los gobiernos regionales que contaban con ordenanzas e iniciativas para hacer frente a la Trata de Personas. Con satisfacción, relata que, como consecuencia de la labor del Poder Legislativo, ya son once los gobiernos regionales que han aprobado ordenanzas y planes multisectoriales contra la llamada Esclavitud del Siglo XXI, lo que refleja que cada vez son más las regiones que van adquiriendo conciencia sobre la gravedad de este delito.

La preocupación de los gobiernos regionales, explica, se concretan en presupuestos destinados para hacer frente a la Trata de Personas, mientras que, por otro lado, se han formado comisiones multisectoriales a favor de la descentralización de la lucha contra este execrable delito. La parlamentaria refiere que de esta forma se permitirá hacer frente a la Trata desde sus rutas de origen y de destino.

“Este es un trabajo no solo del Gobierno Central, sino también de los gobiernos regionales y locales; es el avance del grupo de trabajo”, sostiene para agregar que esperan que más gobiernos regionales se sumen a esta campaña contra la Esclavitud del Siglo XXI.

Como representante de la región Tacna, detalla que en las zonas fronterizas lo primero que se debe regular no solo son hechos enmarcados en la Trata de Personas, sino también relacionados con el Tráfico Ilícito de Migrantes, delitos diferentes, pero que pueden terminar relacionados como origen y consecuencia uno del otro.

Relató que recientemente dos menores con pasaportes falsos fueron detectados por la policía en el aeropuerto tacneño a punto de ser trasladadas a otro país, situación que da señales de que existe una intención del Ministerio del Interior de enfrentar este delito, pero que lamentablemente no se logra hacer efectivo cuando los responsables llegan al Poder Judicial, donde los operadores de administrar justicia confunden el delito de Trata de Personas con, por ejemplo, proxenetismo, que tiene una menor pena.

Víctimas invisibles
Condori ahondó que, según el sistema estadístico Reta, hasta abril de 2012 fueron reportados 630 casos de Trata de Personas en todo el país. Ante estas cifras, estima que realmente son mucho más los casos, los cuales no serían denunciados porque las víctimas continúan siendo invisibles para la sociedad por falta de un mayor presupuesto.

Sin embargo, destaca la labor que vienen desplegando regiones como Piura o Cusco y, en especial la provincia de Sicuani, donde la prensa organizada concientiza a la población sobre el tema en quechua. Asimismo, resalta el papel que desarrollan las rondas campesinas en San Martín, Cajamarca y el propio Cusco en el combate contra este soterrado enemigo al que hay que doblegar cuantos antes.

Precisamente con el objetivo de hacer visible a las víctimas de Trata de Personas y contribuir a que casos como el que vivió la joven tarapotina Jhinna Pinchi no queden impunes, por la forma irregular en que se efectúan los procesos judiciales, la parlamentaria presentó una propuesta que busca modificar la ley 28950 Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Así persigue impedir que los operadores judiciales tipifiquen incorrectamente el delito de Trata de Personas como si fuera proxenetismo. Al respecto, mencionó que de cien casos que llegan a la Fiscalía o al Poder Judicial, 90 de ellos son distorsionados “gracias” a la labor de los abogados defensores de los implicados en Trata.

Su planteamiento también persigue evitar la revictimización de las personas agraviadas, de manera tal que los administradores de justicia manejen protocolos adecuados al momento de atender las denuncias y solicitar la manifestación de las víctimas.

Hay que recordar que sobre el caso de Jhinna Pinchi, quien se convirtió en la primera víctima en salir a la luz pública a denunciar la pesadilla que vivió, en enero del presente año, cuatro de los principales procesados por los delitos de Trata de Personas, promoción, favorecimiento a la prostitución y proxenetismo en el caso del club nocturno “La Noche” (Roycer del Castillo, Nilson Baltasar Prado Chicoma, José Antonio Piscoya Paz y Máximo Mogollón Peña) resultaron absueltos por las magistradas Socorro Nizama, Petronila Valdez y Ubaldina Rojas, del Juzgado Penal Colegiado A de la Corte Superior de Justicia de Piura.

Uno de los argumentos esgrimidos por la Corte fue una “insuficiencia probatoria” porque el resto de las agraviadas no se presentó a declarar durante el proceso y no se pudo recabar suficientes pruebas de los delitos que se les imputaba a los procesados.

Al respecto, la parlamentaria cuestionó este tipo de fallo y recordó que entre los clientes de este local nocturno se encontraban magistrados de la zona. Dijo que es deber de los gobiernos locales regular las autorizaciones que entregan a determinados locales que bajo una apariencia inofensiva terminan convertidos en centros de explotación sexual, sobre todo de mujeres menores de edad. El 94% de víctimas de Trata en el Perú son mujeres.

Avances y retos
Durante el conversatorio organizado por la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, que encabeza el parlamentario José Urquizo, los asistentes coincidieron en que urge una mejor articulación de trabajo entre las instituciones competentes para luchar contra la Trata, promover los protocolos de intervención, establecer las rutas criminales, entre otros procedimientos.

El doctor Carlos Pérez Ríos, director general para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, señaló la necesidad de fortalecer lazos con la comunidad para establecer o detectar los focos de actuación de estas redes criminales, y de realizar coordinaciones con la comunidad internacional para impulsar los compromisos como con el vecino país del Ecuador, que en el mes de marzo firmara un convenio internacional con el Perú para impulsar el protocolo de asistencia y protección de víctimas de este delito en la zona fronteriza.

A su vez, el doctor Alejandro Delgado Gutiérrez, secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, sostuvo la importancia de que el Congreso conozca de las dificultades principalmente en el eje de persecución en el que ya existe toda una corriente para ver el tema penal.

Informó que actualmente las Direcciones Regionales Territoriales Policiales de Lima (60 mil nuevos soles), Arequipa (90 mil nuevos soles) y Junín (22 mil nuevos soles) cuentan con una cadena presupuestal para luchar contra la trata de personas, solo falta que las demás regiones policiales se unan a esta cadena, una vez que aprueben sus planes de acción contra este delito para dotarlas de recursos necesarios.

Comentó que se cuenta con 13 regiones que han conformado sus redes y/o mesas regionales. Tres de ellas (Madre de Dios, Ayacucho y Loreto) han aprobado, mediante ordenanzas regionales, sus respectivos planes de acción contra la Trata.

En tanto, Patricia Figueroa Valderrama, secretaria general del Ministerio del Interior, instó a que se notifique al sector Interior para hacer partícipe de la iniciativa que se articule con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en la tarea de control policial en las carreteras para solicitar partidas de nacimiento o DNI de menores de edad.

Además, participaron del evento el doctor Carlos Morales Córdova, juez del Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio; la Dra. Miriam Colchado Bolívar, fiscal provincial penal de Lima, y el coronel Eduardo Vergaray Van Meerbeck, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas de la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP.

Asimismo, en la mesa de “Asistencia y Protección: Dificultades y Retos”, estuvo la Dra. Rosario López Wong, del Programa de Asistencia y Protección a Víctimas, del Ministerio Público; la Dra. María del Carmen Santiago Bayletti, directora general de Niños, Niñas y Adolescentes del MIMP, y Rubén Blotte Schaller, de la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional de Relaciones Exteriores.



Jhinna Pinchi
Víctima de la ley
Hay que recordar que sobre el caso de Jhinna Pinchi, los cuatro de los principales procesados por los delitos de Trata de Personas en el caso del club nocturno “La Noche”, resultaron absueltos por las magistradas Socorro Nizama, Petronila Valdez y Ubaldina Rojas, del Juzgado Penal Colegiado A de la Corte Superior de Justicia de Piura. Uno de los argumentos esgrimidos por la Corte fue una “insuficiencia probatoria” porque el resto de las agraviadas no se presentó a declarar. Al respecto, la parlamentaria Condori recordó que entre los clientes de este local nocturno se encontraban magistrados de la zona.

DATOS



La “trata de personas” es la Esclavitud del siglo XXI. Los tratantes obtienen una menor pena porque sus abogados hacen pasar su delito por “proxenetismo”.

Natalie Condori, congresista de Gana Perú, pide no confundir “Trata de Personas” con “proxenetismo”. Celebra, además, que sean más los gobiernos regionales que cada vez cuentan con ordenanzas e iniciativas para hacer frente a la trata, flagelo conocido como la Esclavitud del siglo XXI.

Denuncia la trata de personas al 0800-2-3232. Es necesario que todos participemos en el enfrentamiento de este delito y no confundirlo con el proxenetismo. Una víctima de Trata es una persona esclava.


Vilma Escalante
Redacción


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