Reparaciones no pueden tardar más

Las reparaciones de las víctimas y sus familiares que dejó el conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000 están destinadas a reconocer su condición como tales y tienen como objetivo permitir su acceso a la justicia, a la restitución de sus derechos, y a resarcirlos material y moralmente, específica o simbólicamente por los daños sufridos.

Por Diario La Primera | 24 febrero 2009 |  1.2k 
Reparaciones no pueden tardar más
(1) En el tema de las reparaciones existe un manejo político, dice Sonia Morales. (2) Jesús Aliaga se jacta de su militancia aprista. (3) El gobierno de García trata con indiferencia a los indultados.
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Sin embargo y a pesar de ser una de las más importantes recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR), las reparaciones no se están efectuando como corresponde por la entidad encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, la denominada Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) cuyo secretario ejecutivo es el militante aprista Jesús Aliaga.

Representantes de organismos de derechos humanos y asociaciones de víctimas alertaron del uso político que se da al tema de las reparaciones colectivas en busca de clientelismo en las zonas más pobres del país.

Frustración
“Es una lástima, crea un clima de insatisfacción en un población que ha sido arrasada y que tiene 20 años esperando este proceso. La frustración se ha incrementado y lejos de ser un proceso de reconciliación se ha convertido en un proceso de conflicto”, precisa Sonia Paredes, especialista en reparaciones de la Asociación por Derechos Humanos (Aprodeh).

A ella se suman, Edgar Rivadeneyra y Gladys Canales, voceros de la Asociación Reflexión para Indultados Inocentes, quienes continúan siendo víctimas de la intolerancia gubernamental personificada en la administración de Aliaga que se niega a atender sus derechos, así como las peticiones de sus hijos, quienes acuden al despacho de Aliaga para lograr facilidades y acceder a estudios universitarios, como contempla la ley.

LA PRIMERA intentó reiteradamente entrevistar al secretario ejecutivo de la CMAN, pero fue imposible ya que su secretaria argumentó en todo momento que estaba “ocupado”.

La representante de Aprodeh afirma que esta manipulación hace que muchas personas confundan este derecho, con uno de los programas gubernamentales como Juntos y Crecer o el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes).

Sonia Paredes señala como prueba palpable que “coincidentemente” las comunidades beneficiarias por la CMAN pertenecen a los 880 distritos de la estrategia gubernamental “Crecer”.

Afirma que de esta manera la reparación se desnaturaliza, “dejando de ser compensatoria y de dignificación para las víctimas”.

A este afán clientelista se suman los alcaldes, quienes son los encargados de realizar las obras, pero lo usan como parte de su campaña o cumplimiento de sus promesas.

Tanto es así, que la localidad altoandina de Putis, en Huanta, Ayacucho, recién fue incluida el año pasado, pese que allí perdieron la vida más de un centenar de comuneros luego de la incursión de elementos militares.

“Por tal razón exigimos que esto no sea visto como una suerte de método para crear clientelismo o algo peor, porque se está usando a la población más vulnerable, pobre y excluida; los hombres y mujeres con los años se están muriendo, las madres que perdieron a sus hijos se están muriendo. Este proceso no puede tardar más porque sería postrar a la población en el abandono”, sostiene Paredes.

Indica que se está perdiendo el sentido del Plan Integral de Reparaciones (PIR), instrumento que establece los objetivos y acciones del Estado a nivel nacional, regional y local, el mismo que debe darse en salud, educación, en restitución de derechos ciudadanos, simbólicas, y reparaciones colectivas y económicas.

Recorte presupuestal
Vale precisar que las reparaciones para las víctimas no sólo son de índole colectiva, sino individual; pero la CMAN se ha abocado solo a las primeras.

La experta informa que al año pasado la CMAN priorizó 463 centros poblados, en base al libro 2 del Registro Único de Víctimas (RUV) que es elaborado por el Consejo de Reparaciones; pero sólo se pudo cubrir la mitad debido al recorte presupuestal en 14 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y que muchas veces se basó en el Censo por la Paz de cuestionada metodología.

Paredes precisa que los propios comuneros coinciden en esta preocupación por el uso político, pues en las comunidades beneficiarias, que reciben cien mil soles de la CMAN para el proyecto, lejos de consultarse la prioridad de la población de acuerdo a ley, se les impone dos tipos de obras, de infraestructura o productiva y de servicio básico; dando a escoger entre la piscina o el coliseo, donde no hay agua; cuando ellos desean un parque para recordar a sus muertos y cómo va a tener un sentido reparador o de inclusión cuando las mujeres, la mitad de la población, no conocen el proyecto.

Afirma asimismo que la secretaría ejecutiva de la CMAN exige la presentación del DNI a todas las personas que buscan ser reconocidas como víctimas, negando el derecho que las respalda y olvidando que les compete la restitución de los derechos ciudadanos de los peruanos que, por efecto del conflicto interno, resultaron indocumentados.

Cuando más bien -dice- tiene que darse los indicios para que la persona sea identificada y menciona como ejemplo a Pedro Yauri, quien no aparece en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Manejo político
Paredes considera que en el tema de los derechos hay una contradicción muy grande por parte del gobierno, “pues si bien empezaron las reparaciones, se usan de manera política. Parece que no hay una real atención del gobierno en el tema como refleja la criminalización de las protestas. Hay una suerte de política de engañar; decir que avanza por un lado, y quita por otro, en una especie de engatusamiento”.

Finalmente, Paredes, a nombre de Aprodeh, exige que empiecen las reparaciones económicas para lo cual se formó un grupo de trabajo destinado a elaborar la metodología, pero se sabe que los beneficiarios son los familiares de las víctimas fatales, de los desaparecidos y también las mujeres víctimas de violación sexual y los torturados. Así como las reparaciones en salud, restitución de los derechos ciudadanos, educación, este registro no se ha terminado. Han pedido once millones de soles y apenas les han dado dos millones.

Marginan a inocentes indultados
Edgar Rivadeneyra y Gladys Canales, de la Asociación Reflexión nos dan fe de la indiferencia con la que los inocentes indultados por terrorismo y sus hijos son tratados por el gobierno y por el propio Jesús Aliaga.

Señalan que el año pasado, el gobierno modificó el Reglamento de la Ley del Plan Integral de Reparaciones, por lo cual los hijos de las víctimas de la violencia política y quienes tuvieron la suerte de sobrevivir; ya no pueden acceder a los beneficios de educación.

A pesar que en la sentencia de la Corte Interamericana para el caso: María Elena Loayza Tamayo se menciona que la reparación alcanza a la familia directa.

Detallan que en el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM del primer gobierno aprista sólo consideraban beneficios educativos a los hijos e hijas de los funcionarios públicos asesinados.

Agregan que en el caso de los inocentes liberados sigue latente que sus nombres sean publicados como anunció el jefe de Estado, Alan García y no hay norma que les garantice su derecho, así como de las víctimas de violencia sexual.

Solicitan a la CMAN mantener un vínculo más estrecho con las víctimas. Ellos han solicitado entrevistarse varias veces, junto a otros representantes de los derechos humanos, con el premier Yehude Simon quien aceptó recibirlos, pero al final los dejó plantados.

Vilma Escalante
Redacción

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