Petro-Tech: Historia llena de irregularidades

Humberto Campodónico, economista y candidato propuesto por la oposición para dirigir la Contraloría, opina sobre el cuestionado contrato entre el Estado y Petro-Tech, las irregularidades que rodean las operaciones de esta empresa norteamericana, la formación de una comisión investigadora en el Congreso y la reciente venta de Petro-Tech sin pagar impuestos en el país. También comenta sobre una posible reforma de la Contraloría.

| 16 febrero 2009 12:02 AM | Entrevista | 1.5k Lecturas
Petro Tech: Historia llena de irregularidades
(1) Hay mucho que investigar en el caso Petro-Tech, opina Campodónico. (2) Ministerios han sido entregados a empresarios. (3) Ya es hora de que Petroperú vuelva a producir petróleo. (4) Debe modernizarse, sin perder facultades.
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-¿Qué debería hacer la Contraloría en el caso de Petro-Tech?
-La Contraloría ya ha investigado a Petro-Tech y ha emitido cuatro informes detallando diversas irregularidades de esta empresa, entre ellas que el decreto supremo que aprobó el contrato de Petro-Tech en 1993 no fue aprobado en el Consejo de Ministros, la negativa de Petro-Tech a pagar impuestos al patrimonio, o que en el año 2000 el gerente de Petro-Tech, Rodolfo Samaniego, pasó de ese cargo a la presidencia de Perupetro y desde ahí favoreció a Petro-Tech para que le devuelvan impuestos que ya había pagado. Recientemente se ha denunciado que Samaniego recibió 66 mil dólares como pago por parte de Petro Tech.

-Pero a pesar de esos informes de la Contraloría no hay ningún funcionario procesado.
-Eso se debe a la lentitud de los procesos judiciales. La Contraloría y la clase política deberían tener un seguimiento más atento de lo que sucede en casos como este.

-¿La venta en el extranjero de Petro-Tech sin pagar impuestos en el Perú es ilegal?
-Esta venta podría ser legal, pero independientemente de eso no puede ser posible que una empresa que opera en el Perú y que toda su renta la saca del petróleo peruano sea vendida en el extranjero y pague impuestos a la ganancia de capitales en Estados Unidos y no en el Perú. Eso no tiene sentido y no debería permitirse.

-¿El problema está en las leyes que permiten que eso ocurra?
-Así es. Hay muchos intereses en el país que apuntan a que exista una laxitud en las normas sobre el petróleo. Existe el concepto de que a la inversión extranjera hay que darle todas las facilidades y no hay que fiscalizarla mucho. Ese es el patrón que está detrás del concepto del perro del hortelano.

-¿Es una política que prioriza el interés privado?
-Desde inicios de los años noventa asistimos a un proceso de privatización del Estado, que ha implicado la captura de ministerios e instancias importantes del Estado por parte de lobbys empresariales. Esto ha llevado a que se den una serie de leyes para favorecer los intereses empresariales. Lo de Petro-Tech ha sido posible porque se ha dado en el contexto de una política de Estado que busca favorecer a las empresas privadas.

-¿El gobierno ha hecho algo en estos dos años y medio para evitar que se produzcan ventas, como la de Petro-Tech, que no pagan impuestos en el Perú?
-Desde el 2002 vengo planteando que se ponga un impuesto a las ganancias de capital para que no se den casos como este. Ha habido varias reformas tributarias y el gobierno ha aprobado cien decretos legislativos en menos de seis meses para adecuarnos al TLC con Estados Unidos, pero no ha hecho nada para legislar sobre el pago del impuesto a las ganancias de capital en el país.

-¿La venta de Petro-Tech debe ser investigada por la Contraloría?
Un tema central que debe investigarse es lo que dice el ex ministro Carlos Herrera, que esa venta no procede porque se necesita un decreto supremo que no se ha emitido…

-La empresa alega que lo que ha habido es un cambio de accionistas en Estados Unidos y que en el Perú la empresa sigue siendo la misma, por lo que no se necesita ese decreto supremo.
-Eso me parece una leguleyada. Hay argumentos importantes como para iniciar una investigación.

-Desde el punto de vista económico, ¿cuáles son los costos para el país por el contrato con Petro-Tech?
-Hay cosas muy cuestionables. El Estado le alquila a Petro-Tech, que el último año ha tenido utilidades por 180 millones de dólares, las plataformas petroleras, que son cerca de ochenta, a diez millones de dólares anuales por veinte años, y se establece por contrato que el 84 por ciento de los ingresos por el petróleo vendido a precio internacional queda en manos de la empresa y que solamente el 16 por ciento es para el Estado peruano. No se consideró ningún mecanismo que ligue el precio del alquiler y el porcentaje de pago al Estado con los cambios en los precios internacionales del petróleo. Uno de los lotes que tiene Petro-Tech solamente paga cinco por ciento de regalía.

-¿Hay causales para declarar la nulidad del contrato del Estado con Petro-Tech?
-Yo no soy abogado y no quiero dar una opinión legal sobre el tema. Lo que puedo decir es que la historia de Petro-Tech está llena de irregularidades. Eso lo dice la Contraloría en sus informes.

-¿Qué opina de la comisión formada en el Congreso para investigar a Petro-Tech? ¿Hay una real voluntad de investigar a esta empresa o cree que, como dice la oposición, el objetivo es ganar tiempo para favorecer a Petro-Tech?
-Comparto la opinión que tiene la oposición sobre este tema. La formación de esta comisión investigadora también es una forma de soplarle la pluma al Congreso de los errores que ha cometido el Ejecutivo. Hay cuatro informes de la Contraloría y me parece que el Ejecutivo pudo haber tomado acciones más expeditivas frente a Petro-Tech. Pero hay que aprovechar el “momentun” que implica la formación de la Comisión.

-¿Petroperú debió haber entrado a operar los pozos que Petro-Tech ha vendido y que antes eran suyos?
-Era la oportunidad para que Petroperú vuelva a operar pozos de petróleo. El negocio petrolero sólo se entiende si hay una integración vertical, es decir si uno tiene pozos de petróleo, una refinería y canales de distribución. Ahora Petroperú no tiene petróleo y debe comprarlo al precio internacional para refinarlo. Pero si Petroperú produjera su propio petróleo, el Estado peruano podría aprovechar la renta petrolera, que es la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del petróleo, y tener un elemento regulador del precio de los combustibles. No se ha hecho eso porque en el gobierno sigue primando el criterio de que la actividad empresarial del Estado debe ser subsidiaria y se quiere minimizar el rol de Petroperú.


“Contraloría debe reforzar el control preventivo”

¿Cómo ve la propuesta del gobierno de anteponer una reforma de la Contraloría al nombramiento del nuevo contralor?
-Creo que hay la intención de postergar el proceso de nombramiento del nuevo contralor para que el gobierno tenga un candidato que le acomode al presidente García. Lo coherente sería nombrar primero al contralor para que éste encabece las reformas que haya que hacer en la Contraloría. Si hasta hace poco se iba a nombrar un nuevo contralor antes de cualquier reforma, no veo la razón para que ahora el proceso sea al revés.

-¿Esta propuesta del gobierno le quita seriedad al nombramiento del nuevo contralor?
-Me parece que sí, porque se están cambiando los términos de juego inicialmente planteados. Con esta propuesta el proceso para nombrar nuevo contralor se desinfla.

-El gobierno acusa a la Contraloría de trabar las inversiones. ¿Detrás del argumento de agilizar las inversiones hay la intención de quitarle facultades a la Contraloría?
-El control que hace el Estado tiene muchos pasos y debe agilizarse, pero la Contraloría debe mantener sus facultades. Hay que compatibilizar la agilidad de los procesos con las capacidades de fiscalizar. Sobre la base de algunas declaraciones yo no puedo juzgar si se pretende o no quitarle facultades a la Contraloría.

-¿Cuáles deben ser los elementos centrales de una reforma de la Contraloría?
-Hay que reforzar y agilizar los mecanismos de control preventivo. Hay una serie de procesos internos que deben ser mejorados y descentralizados. Se debe poner mucho más énfasis en la transparencia y en la comunicación de la Contraloría con el ciudadano. Eso implica una mayor difusión de los informes de la Contraloría. Debe avanzarse en la participación ciudadana en los mecanismos que tiene la Contraloría para fiscalizar el buen uso del dinero público. Algo central es una reforma integral del Estado, que incluya reglas claras para la carrera pública. Una reforma de la Contraloría debe formar parte de esa reforma del Estado. La crisis económica internacional ha demostrado que el sector privado dejado a su libre albedrío tiene serios problemas por la falta de regulación y fiscalización. La Contraloría debe llevar a un adecuado balance entre el Estado y el mercado.

Carlos Noriega
Entrevista

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