Los límites de la Ley de Consulta

Fermín Tiwi, abogado de profesión, integrante de la comunidad indígena Awajún, dialogó con LA PRIMERA y afirmó que la Ley de Consulta Previa no es la panacea para solucionar los conflictos sociales del país que sin embargo es un primer paso adelante. Sobre la Ordenanza Regional de Consulta Previa acordada por el Consejo Regional de Amazonas, dijo que sería el primer caso en la que una iniciativa ciudadana para consultar a pueblos indígenas puede llegar a buen puerto. Tiwi es también representante del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

| 19 febrero 2013 12:02 AM | Entrevista | 1.7k Lecturas
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-Teniendo en cuenta que la ordenanza regional de consulta previa en Amazonas, pendiente de ser aprobada por el gobierno regional, solo tiene competencia en la región, ¿qué acciones tomarían ante proyectos extractivos impulsados por el Estado, en los que la región no tiene nada que hacer?
-Dependerá de la región en la que se aplique. Supongamos que haya una exploración en un determinado lote, en los que no estén implicados los pueblos awajún o wampis, sino otro pueblo, entonces tenemos que ver si tienen ordenanza regional. Si no tienen se aplicará la ley nacional, y habrá que hacer consulta a esos pueblos.

-¿Por qué en otras regiones no se ha podido avanzar en trabajar ordenanzas regionales de consulta previa como en Amazonas?
-Creo que tiene que ver en cuanto a cómo han trabajado en incidencia política y sus estrategias. Nosotros hemos trabajado invitando a los consejeros regionales, que han participado en los talleres que hemos realizado. Hay muchos gobiernos regionales que, pese a que en sus regiones existen pueblos indígenas, desconocen su realidad. Entonces cuestionamos y decimos, ¿para quién se gobierna? Es una tarea que tienen en adelante, visitando a sus pueblos y conocer las culturas que existen en su región.

-¿Cuál es su opinión de la Ley de Consulta Previa? Algunas comunidades campesinas e indígenas manifiestan que no es vinculante.
-Efectivamente, la polémica está en el artículo 15, que señala que si no se llega a un acuerdo después del proceso de consulta, el Estado toma la decisión final, dando una previa garantía de los derechos mínimos de pueblos indígenas. Esto ha generado polémica. Pero yo creo particularmente que es una nueva experiencia que estamos viviendo, porque en el Perú nunca hubo procesos de consulta, sino que simplemente se realizaban talleres de capacitación e informativos, y muchas veces esto se confundía como parte del proceso de consulta.

-Teniendo en cuenta la experiencia de Amazonas, ¿piensa en alguna iniciativa para modificar algunos artículos ambiguos en la Ley de Consulta Previa?
-Como pueblos awajún y wampis, aún no hemos visto tan negativa la ley. Tenemos que verla de manera positiva, porque el espíritu no es solo apagar la llama, para disminuir o mitigar los conflictos, sino para asegurar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de consulta, y puedan dar sus puntos de vista. Nunca se les había incorporado, pese a que tienen derecho a la participación. Ahora, la norma no es solamente para ver temas de exploración de hidrocarburos o minería.


Fermín Tiwi, integrante de la comunidad indígena Awajún.

-Pero es el asunto más recurrente.
-Sí, pero también sirve para otros procesos de consulta en materia de salud, educación, entre otros temas. Nosotros lo vemos de manera más amplia. Hay que aprovechar esta oportunidad de generar más experiencias y buscar su lado positivo. En eso creemos. Por eso es que como pueblo awajún tomamos iniciativa de ordenanza regional porque apostamos por eso; si no, no habríamos tenido iniciativa alguna

-El primer proceso de consulta en el marco de la nueva ley nacional será en marzo, sobre la explotación petrolera en el lote 1AB, en Loreto. ¿Cuál es su expectativa?
-Allí veremos cómo va a ser la situación, y descubriremos cómo es que hemos trabajado, si nos hemos entendido con los pueblos indígenas, y si el proceso es aceptable o genera más polémica. Eso va ser un acto histórico. Esperaremos cómo va a terminar ese proceso.

-En este momento, ¿cuál es la relación de los pueblos indígenas amazónicos con las empresas extractivas?
-Puede que haya un dirigente que quiera trabajar con las empresas, pero debemos ver la posición de los pueblos, que algunas veces rechazan. Ahora, hay que analizar por qué ocurre esto. Hace más de 100 años las empresas trabajan en territorio indígena, pero nunca hubo beneficio para las comunidades porque no hay ley. Si no se aprobaba el Convenio 169 de la OIT, las utilidades van al tesoro público. Además, el rechazo existe porque cuando hay contaminación, ni el Estado ni la empresa quieren asumir responsabilidad alguna.



CIDH SERÍA INSTANCIA FINAL. Tiwi refirió que en caso de no reconocerse sus derechos con estas ordenanzas, acudirían a todas las vías judiciales posibles dentro del país. De lo contrario, podría optar por la Corte Interamericana de Derechos Humos, “que ve todo tipo de violación de derechos, porque la contaminación del medio ambiente afecta a la vida”.

PROYECTOS EN CONSULTA. El abogado del CAAAP manifestó que más que ver qué proyectos serían sometidos a consulta con esta nueva ordenanza regional, “el asunto es implementar el proceso de participación y garantizar el de los pueblos indígenas awajún y wampis. Un gobierno regional puede hacer cualquier plan de desarrollo, pero lo que importa es garantizar el derecho a participar en ese plan”.

SALUD Y EDUCACIÓN. Tiwi también sostuvo que ahora que el gobierno central, a través del Ministerio de Educación, busca impulsar los idiomas awajún y wampis, en el marco de la educación intercultural bilingüe, “se nos debe consultar sobre la implementación de estos proyectos educativos, y también en cuanto a la salud.”


Víctor Liza
Redacción


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