“Empresas no tienen ningún tipo de control”

El hombre que renunció como viceministro de Ambiente tras la crisis de Conga afirma que el Estado perdió credibilidad por ponerse de lado de las mineras en contra de los reclamos de la población afectada por las actividades extractivas. Y afirma que sin una sólida autoridad ambiental no se podrá recuperar la legitimidad del Estado y resolver los conflictos que se incrementan día a día en el país.

| 05 diciembre 2011 12:12 AM | Entrevista | 4.7k Lecturas
José de Echave:

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Unos 20 técnicos de primer nivel hicieron un extraordinario esfuerzo para presentar el informe del Ministerio del Ambiente en apenas 15 días. Ellos revisaron el estudio de 20 mil páginas.

El Ministerio del Ambiente está desarrollando una enorme labor para parar la destrucción de los bosques de Madre de Dios, afectados por la depredación de mineros informales.
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¿Es posible una autorización ambiental en una cabecera de cuenca como el proyecto Conga?
En la práctica sí. En el caso de Minas Conga, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado y eso, en la práctica, significaba la autorización del proyecto. Es decir, formalmente es posible, pero desde un punto de vista ambiental, las cabeceras de cuenca están reconocidas como ecosistemas frágiles que deberían ser protegidos, deberían ser preservados. Sin duda, una operación minera en una cabecera de cuenca genera posibilidades de impacto bastante significativos.

Varias organizaciones campesinas han planteado una reforma constitucional para impedir que se entreguen concesiones mineras en cabeceras de cuenca o que afecten recursos hídricos. ¿Cómo ve usted eso?
A mí lo que me parece importante es que hay un debate abierto en torno al tema de los recursos hídricos que le hace muy bien al país. Como se sabe, el país está marchando de manera acelerada a una situación de stress hídrico, el país está identificado como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y uno de esos efectos, sin duda, tiene que ver con el tema del agua. No hay que olvidar que nuestros glaciares tropicales están en proceso de extinción y todo este sistema de lagunas altoandinas forman parte de la posibilidad de que muchas cuencas, que muchas regiones, tengan recursos hídricos para desarrollar sus actividades económicas.

¿La propuesta de Ollanta Humala de “agua y oro” es consistente ambientalmente?
Además de discutir si es consistente o no, se presentó en un contexto de conflicto ya exacerbado con Minas Conga, que no ayudaba a encontrar una solución. Yo me imagino que hay zonas donde podrá haber una actividad minera que no tenga impactos entre los recursos hídricos. Lo que demuestran conflictos como el de Cajamarca, es que el país tiene la necesidad de discutir dónde le conviene la minería y dónde no le conviene la minería.

¿Cómo se explica el cambio de discurso del presidente?
En este tema yo creo que, finalmente, hay una suerte de constatación, que se está produciendo una fuerte presión para que la minería pueda sacar un conjunto de proyectos que están pendientes. No hay que olvidarnos que este no es el primer conflicto. En los últimos 10 a 15 años, los conflictos vinculados a actividades extractivas han ido aumentando en número e intensidad. El país necesita comenzar a discutir en serio dónde sí y dónde no, qué tipo de institucionalidad necesitamos, qué tipo de políticas públicas necesitamos y que el Estado se ponga delante de los conflictos…

¿Se pensaba que este gobierno iba a plantear un viraje respecto a este tema?
Sin duda, ahora creo que hay que ser justos. Estamos hablando de algo más de cien días. Yo no soy de los que piensan que todo está perdido, no he perdido las esperanzas de que no se produzca una reorientación de la política en torno a estas actividades.

¿En el corto tiempo que estuvo pudo apreciar que se establecieran lineamientos de política medioambiental en el país?
Esa era la propuesta. La propuesta era convertir al Ministerio del Ambiente en una verdadera autoridad medioambiental y no repetir lo que ha sido desde su creación: un ministerio sin facultades, sin competencias. Y la propuesta inicial implicaba darle al ministerio esas competencias que ahora no tiene. Por ejemplo, ¿es lógico que el tema del agua, que es una de las razones de los conflictos medioambientales, esté fuera de la competencia del ministerio? ¿Es lógico que los estudios de impacto ambiental, que permiten aprobar o desaprobar un proyecto minero, estén en el Ministerio de Energía y Minas? En la práctica, la autoridad ambiental para el tema minero es el Ministerio de Energía y Minas.

Sin embargo, ahora se está planteando que el tema ambiental pase a manos de la Presidencia del Consejo de Ministros…
Por lo menos algunos aspectos y son aspectos fundamentales. Se va a crear una suerte de nueva autoridad del agua, se va absorber el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y se va absorber las competencias de la aprobación de estudios de impacto ambiental de Energía y Minas. Va ser una suerte de autoridad ambiental número dos. Y yo sí creo que no es lo más adecuado. La tendencia ha debido ser fortalecer el Ministerio del Ambiente.

¿Usted diría que los estudios de impacto ambiental realizados tienen legitimidad?
Muchos no. En el caso de Minas Conga es evidente que ese estudio no tiene legitimidad. Podía ser formalmente legal, si, pero no hay que olvidar que el estudio se aprobó en la administración anterior, en octubre pasado, y fue presentado en abril de 2010, cuando los procesos de aprobación demoran en el país dos años. En este caso se aprobó en ocho meses. Yo creo que los EIA han perdido credibilidad. Nadie confía en la calidad de los estudios. Hay un informe del Banco Mundial que señala que es una herramienta que tiene 20 años, que no se ha actualizado, que está desfasada y que no responde a los estándares internacionales.



En el tema de Conga hubo diferencias visibles con Energía y Minas y otros sectores. ¿Por qué se produjeron estos desencuentros?
Yo me imagino porque el Ministerio del Ambiente tomó la iniciativa de darle una mirada a este estudio que ya estaba aprobado... Y yo sí creo que fue una decisión correcta que tomara la iniciativa de darle una mirada y diera una opinión. Identificara algunos de los problemas que existían. La empresa decía que tenía licencia social e identificaba a 32 caseríos como la zona del proyecto. Nosotros decíamos que eran muchos más. Ese informe identificó que había serios problemas y que era necesario que un experto internacional lo mire con mucho cuidado Identificó problemas en la valoración económica y planteó que no se trataba de un problema de volumen de lagunas y de reservorios, sino de cómo ese sistema de lagunas producían humedales y otro tipo de servicios ambientales, que no habían sido tomados en cuenta…

Ustedes advirtieron también que dos lagunas iban a ser utilizadas como botaderos. ¿Esto como lo calificaría usted?
Lo vemos con mucha preocupación…, en pleno siglo 21. Uno hasta podría decir, bueno, debajo de tal o cual laguna está la zona mineralizada e incluso se pueda justificar la extracción de ese recurso, pero secar dos lagunas altoandinas para utilizarlas de botadero… Yo creo que están totalmente alejados de una situación de manejo responsable. No es una alternativa aceptable.

¿Las actividades mineras tienen algún tipo de fiscalización?
Bueno, hay un organismo de fiscalización ambiental, que está a cargo del organismo de supervisión y fiscalización ambiental, pero que es un organismo que no tiene mucha capacidad de operar, no tiene los recursos para realizar una efectiva labor de fiscalización, que no solo es para el sector minería, sino para los diferentes sectores productivos. En el tema de la fiscalización hay mucho por hacer.

¿Eso facilita la contaminación ambiental?
Eso facilita que las empresas no tengan ningún tipo de control, de regulación. Es necesario que los organismos del Estado tengan la capacidad de realizar tareas de fiscalización ambiental efectiva. Eso ayudaría a prevenir los conflictos.

¿Existen otros grandes proyectos mineros que tengan algún tipo de observación medioambiental?
Hay una larga lista de proyectos mineros, por un monto de 41 mil millones de dólares, a los que el Ministerio del Ambiente no ha hecho una revisión. Pero sí creo que sería una tarea importante mirar, en una lógica proactiva de encontrar soluciones. Si sabemos que el tema minero se ha convertido en un tema sensible, y sabemos que muchos de los EIA no responden a los estándares de calidad, fíjese lo que pasó en el caso de Tía María, donde se encontraron más de 180 observaciones al estudio de impacto ambiental...

Un sector del empresariado habla de que se estaría ahuyentando la inversión minera. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión?
No, yo creo que no. Creo que lo que se tiene que hacer es que los proyectos se desarrollen teniendo aceptación social, licencia social, para operar. Pero, además, los proyectos mineros tienen que desarrollarse con estándares ambientales. Estas son empresas de EEUU, Canadá. Newmont es una empresa de EEUU y yo no sé si Newmont podría hacer en los EEUU, lo que hace acá.



Algunos incluso amenazan con llevar estos problemas al CIADI. ¿Cómo ve esto?
Lamentablemente es una posibilidad y una realidad. El Perú firmó un Tratado de Libre Comercio con varios países, entre ellos EEUU, y en ese tratado hay un capítulo de protección a las inversiones, en la que se habla de “expropiación indirecta. Y “expropiación indirecta” es cualquier decisión que el Estado tome que afecte las expectativas de ganancia que la empresa tenía. Y esos conflictos se resuelven precisamente en estas instancias internacionales, uno de ellos es el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, y son instancias que operan en función de los intereses de los inversionistas. Una empresa que ha incumplido todas sus obligaciones medioambientales, que es Doe Run, está iniciando un proceso de arbitraje por 800 millones de dólares. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos en estos temas y evitar que por decisiones que se están exigiendo, se termine por favorecer a Yanacocha…

¿Se está refiriendo al reclamo del gobierno regional para declarar la nulidad del proyecto?
Yo tengo una particular opinión. Si el Estado peruano declara la nulidad total y absoluta del proyecto Conga, yo creo que los intereses de Newmont resultarían favorecidos porque se estaría poniendo en bandeja la posibilidad de que se denuncie al Estado...

¿Cuál sería la solución al problema?
Pensar en si existe la institucionalidad adecuada para enfrentar el problema y recuperar la credibilidad del Estado. Si ven a un ministro subiéndose al avión de Yanacocha, eso no genera confianza...


Efraín Rúa
Redacción

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