“El Tribunal Constitucional está deslegitimado”

Su reciente sentencia en la que, yendo contra la jurisprudencia nacional e internacional, da luz verde a la prescripción de los delitos por violaciones a los derechos humanos, ha puesto al Tribunal Constitucional en una difícil situación. Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL), opina sobre esta cuestionada sentencia y sus repercusiones. El IDL presentó la demanda ante el Tribunal Constitucional para que se anule una sentencia judicial que había declarado la prescripción de la matanza de El Frontón. De la Jara también opina sobre el Poder Judicial y su relación con el gobierno.

| 22 diciembre 2008 12:12 AM | Entrevista |882 Lecturas
(1) El entrevistado rompe lanzas contra el Tribunal Constitucional. (2) Asegura que el TC ha perdido credibilidad. (3) “García y Giampietri tienen cuentas pendientes”, señala.
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¿El Tribunal Constitucional (TC) ha buscado un formulismo para avalar la prescripción de los delitos de lesa humanidad sin decirlo directamente?
Así es. Han recurrido a una leguleyada para pretender lavarse las manos diciendo que no se podía pronunciar sobre el tema, pero la sentencia del TC le da validez el hábeas corpus que declara la prescripción del caso de El Frontón, que es un delito de lesa humanidad. Esta sentencia va en contra de la jurisprudencia del propio Tribunal y sirve para decir que las violaciones a los derechos humanos sí prescriben. Ese es su efecto práctico.

¿Cómo califica este fallo del TC?
Como una vergüenza. Este fallo es escandaloso, irregular y sospechoso. Esta sentencia no puede quedar firme, porque es absurda. Este fallo le cae muy bien a quienes, como el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, quieren terminar con el TC.

¿El TC ha quedado deslegitimado?
Sí, y eso es lo más grave. Se han traído abajo una institución que hasta hace poco era la única del Estado que tenía el apoyo mayoritario de la población. El país no se merece tener este TC, que ha desandado todo lo que había andado el anterior Tribunal. Por este fallo y por la forma como eligieron a su presidente, en medio de un intercambio de insultos públicos y acusaciones mutuas entre los magistrados, de haber caambiado votos y aceptado influencias, este TC está deslegitimado y hay que pedir su renuncia.

El IDL ha denunciado presiones del gobierno sobre el TC para que sentencie en el sentido que lo ha hecho. ¿Tienen elementos para probar la existencia de esas presiones?
Se ha dicho que había una sentencia firmada declarando fundada, por mayoría de cinco a dos, nuestra demanda en contra de la prescripción de las violaciones a los derechos humanos. Dos magistrados, Carlos Mesía y Ernesto Álvarez, cambiaron su voto y se dio este fallo a favor de la prescripción. Mesía había votado a favor de admitir nuestra demanda y ahora dice que no es admisible, y Álvarez fue el ponente en defensa de la no prescripción, pero ahora votó en contra. Eso es una vergüenza que debe investigarse. Se dice que Álvarez fue llamado por el ministro Chang para que cambie su voto. Eso no se puede probar, pero hay que preguntarle al ministro Chang si llamó a Álvarez para que cambie su voto, a Álvarez si recibió esa llamada y al resto de los miembros del TC si esto ocurrió y si había una sentencia firmada a favor de la demanda del IDL que se ha cambiado.

Usted ha dicho que el TC debe renunciar. ¿Deberían irse sus siete miembros, incluyendo los tres que votaron por la no prescripción de las violaciones a los derechos humanos?
Los primeros en renunciar deberían ser los dos magistrados que cambiaron su voto, pero si los otros miembros del TC no salen a explicarle al país lo que ha pasado en la elección de su presidente y a aclarar si efectivamente hubo una sentencia que fue cambiada por presiones políticas, entonces no merecen seguir en el cargo. Los que digan la verdad de lo ocurrido deberían quedarse, pero los que se queden callados como si nada hubiera ocurrido, también deberían irse.

¿Este fallo del TC, que favorece al marino Bernabé Montoya, va a parar el proceso judicial en marcha contra otros 33 marinos por la matanza de El Frontón?
No, pero los otros procesados seguramente van a interponer recursos de hábeas corpus y el fallo del TC les da un argumento de defensa contundente para invocar la prescripción del caso por el que son juzgados. Este fallo del TC da argumentos a favor de la impunidad.

¿En su opinión, García y Giampietri son responsables por la matanza de El Frontón?
Nosotros no estamos diciendo que ellos deben ser necesariamente condenados, como sí lo decimos sobre Martin Rivas y el ‘Grupo Colina’ o sobre Fujimori. Lo que decimos es que, por lo que se conoce, es posible que ellos tengan responsabilidad penal y que hay elementos para que sean investigados judicialmente. El hecho de que todo el tiempo hayan impedido una investigación judicial, aumenta nuestras sospechas.

El gobierno argumenta que sobre el caso de El Frontón ha habido siete investigaciones judiciales que han absuelto a García.
Todas esas investigaciones quedaron truncas. Siempre se las ingeniaron para que esas investigaciones no pasaran del nivel de la Fiscalía.

¿Cuáles serán las repercusiones internacionales de este fallo del TC?
Con este fallo nos estamos convirtiendo, como en la época de Fujimori, en un Estado paria en materia de derechos humanos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diciendo que el caso de El Frontón debe investigarse, es decir, que no ha prescrito. La CIDH va volver a decir que el Estado peruano no ha cumplido con la investigación judicial y reiteradamente va a pedirle que lo haga. El gobierno pasa a tener en su déficit no solamente la matanza de El Frontón, sino que será visto como un gobierno cuya influencia política logró que el TC diera una sentencia absurda para impedir que este caso sea juzgado. Esto va a ser un elemento más en contra de los que, tarde o temprano, van a ser investigados por el caso de El Frontón.

¿García podría ser juzgado en tribunales internacionales?
Es una falta de lucidez de este gobierno no tratar de sanear de la mejor manera sus cuentas pendientes en derechos humanos, porque cualquier tribunal del mundo puede investigar esos casos.


“Hay que cambiar la Corte Suprema”

¿Se ha retrocedido en la reforma judicial iniciada tras la caída de Fujimori?
Lamentablemente hemos desperdiciado una gran oportunidad para reformar el sistema de justicia. Antes de este gobierno, el impulso de una reforma judicial se había desacelerado, pero ahora estamos retrocediendo y volviendo a los problemas históricos del Poder Judicial, como la injerencia política.

¿Hay algo positivo?
Entre lo positivo están la mayor transparencia impulsada por Francisco Távara (presidente de la Corte Suprema); el juicio a Fujimori, que es impecable; la condena a los dirigentes de Sendero y el MRTA; la ley de la carrera judicial, que se puede modificar en algunos aspectos, pero es necesaria y positiva.

¿Y qué es lo más negativo en el Poder Judicial?
La pérdida de la independencia del Poder Judicial respecto al poder político y la reciente elección de Javier Villa Stein, que tiene relaciones con el fujimorismo, como presidente de la Corte Suprema, y de César Vega Vega, que tiene antecedentes cuestionables y está muy ligado al presidente García, como presidente de la Corte Superior de Lima.

¿Hay un copamiento aprista en el Poder Judicial?
Hay una fuerte injerencia política aprista en el Poder Judicial, en el TC, en el Consejo Nacional de la Magistratura. La elección de Villa Stein y de Vega Vega refuerza la injerencia en el Poder Judicial de quienes gobiernan, una alianza de los apristas con los fujimoristas, los sectores militares más vinculados a violaciones a los derechos humanos, la Iglesia más conservadora, algunos empresarios. La elección de Villa Stein y Vega Vega agravará la crisis del Poder Judicial.

¿Se puede hacer una reforma judicial seria con la actual Corte Suprema?
Debe revisarse la composición de la Corte Suprema. La mayoría de sus miembros no tiene idoneidad profesional y deberían ser cambiados. Un paso importante para una reforma judicial es cambiar la actual Corte Suprema.

¿Cómo hacerlo?
No estoy de acuerdo con salidas que no sean institucionales. El Poder Judicial tiene 90 por ciento de rechazo y la gente está indignada; en ese escenario cabe un movimiento ciudadano de opinión para que presione por la renuncia de los miembros de la Corte Suprema. En otros países ha ocurrido.

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