“El TLC protege a Doe Run”

En la siguiente entrevista, José de Echave, economista, responsable del programa de Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción y coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, cuestiona la decisión de extender por 30 meses el plazo para que la empresa norteamericana Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De Echave señala que los antecedentes de esta empresa generan serias dudas de que vaya a cumplir. También se pronuncia sobre los crecientes conflictos en el sector minero y sus causas y la respuesta de las empresas y del gobierno, y advierte que las condiciones están dadas para que se repita otro “Baguazo”.

| 28 setiembre 2009 12:09 AM | Entrevista | 4.8k Lecturas
(1) Puede haber nuevos estallidos sociales (2) Nada garantiza que Doe Run cumpla con el PAMA. (3) Los conflictos se multiplican, la mayoría por las mineras.
José de Echave

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Yo no pondría las manos al fuego de que al momento de relanzar su producción Doe Run vaya a mantener todos los puestos de trabajo. Es muy probable que haya despidos...
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-¿Qué consecuencias tendrá esta segunda extensión de tiempo dada por el gobierno a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)?
-Es un pésimo mensaje que el Perú da como país. Con esta medida se están rompiendo todos los criterios que deben tener las normas legales, que deben ser generales, porque en este caso se está legislando con nombre propio. Se está dando el mensaje que aquí los inversionistas pueden hacer prácticamente lo que quieren, que se premia a una empresa, como Doe Run, que desde que ha llegado al país ha incumplido todas sus obligaciones, entre ellas las ambientales, pero también sus obligaciones con los bancos y con sus proveedores, y que tiene problemas de acotaciones tributarias…

-Es decir, se ha favorecido a una empresa que tiene muy malos antecedentes…
-Doe Run tiene antecedentes terribles, no sólo en el Perú, sino también fuera del país. Estamos ante una empresa que tiene los peores comportamientos sociales, ambientales y financieros. Con esta medida de ampliar el plazo para el PAMA a favor de Doe Run, el Estado se muestra sumamente permisivo frente a este tipo de comportamientos.

-Doe Run asegura que por la crisis económica mundial no estaba en capacidad de hacer la inversión necesaria para cumplir con el PAMA en el tiempo previsto.
-No hay ninguna razón que justifique esta ampliación del plazo. La empresa ha tenido varios años con utilidades muy importantes. Entre 2004 y 2008 obtuvo aproximadamente 500 millones de dólares de utilidad, por lo que ha tenido recursos más que suficientes para haber cumplido con el PAMA.

-¿La pasividad del gobierno ha permitido este incumplimiento de Doe Run?
-Cuando se dio la anterior ampliación del PAMA, que vencía en octubre de este año, el Estado tenía la obligación de hacer auditorías financieras para ver si la empresa estaba invirtiendo lo que debía invertir, pero el gobierno no ha cumplido su rol de regular, de fiscalizar y de sancionar a la empresa.

-El gobierno justifica esta ampliación del PAMA con la necesidad de evitar un problema social ante un cierre de la empresa que dejaría a más de tres mil trabajadores sin empleo.
-Sin duda un posible colapso del complejo metalúrgico del cual depende la vida económica de La Oroya sería un problema social de envergadura. Frente a esta situación, era una obligación del gobierno construir escenarios alternativos para que este complejo metalúrgico siga funcionando. No creo que la ampliación del PAMA por 30 meses asegure los tres mil puestos de trabajo. El camino que se está siguiendo no da ninguna garantía que Doe Run mantenga esos empleos. Ni el futuro de los trabajadores, ni el futuro del complejo metalúrgico de La Oroya, pueden estar a salvo con el comportamiento de una empresa como Doe Run…

-Los trabajadores han salido a apoyar a la empresa porque entienden que así defienden sus empleos.
-No tengo dudas que la empresa ha estado detrás de estas protestas. La preocupación de los trabajadores es legítima, pero me da la impresión que el peor aliado de los trabajadores es Doe Run. Yo no pondría las manos al fuego de que al momento de relanzar su producción la empresa vaya a mantener todos los puestos de trabajo. Es muy probable que haya despidos. Seguimos en un escenario incierto.

-¿Cree que Doe Run volverá a incumplir sus compromisos?
-Por sus antecedentes, no creo que vaya a cumplir…

-¿No hay garantías para que Doe Run cumpla esta vez?
-En este punto, la ley que amplía el PAMA es muy general y no señala las garantías para que Doe Run cumpla con las inversiones que debe hacer. La empresa ha obtenido una ampliación del PAMA, pero sigue sin capital de trabajo. Doe Run ha argumentado que esta ampliación del PAMA le permitirá obtener financiamiento de la banca, pero esta empresa tiene los peores antecedentes en términos de pago a sus acreedores, por lo que tengo serias dudas que sea confiable para la banca y obtenga financiamiento. Tengo mis dudas que la empresa realmente quiera quedarse en el país…

-¿Si no quiere quedarse, por qué ha presionado tanto para obtener esta ampliación del PAMA que le permite seguir operando?
-Creo que está ganando tiempo para buscar un escenario en el cual el Estado cometa algún error que le permita reclamar una indemnización. En el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Perú tiene firmado con Estados Unidos hay un capítulo de protección de inversiones en el que se habla de expropiación directa e indirecta. Una expropiación indirecta es cualquier medida del Estado peruano que afecte las expectativas de ganancias de una empresa norteamericana, frente a lo cual el Estado puede ser sujeto de una demanda internacional por parte de la empresa. No descartaría la posibilidad que Doe Run esté jugando a esperar que el Estado la intervenga y así utilizar los mecanismos del TLC para acusar al Estado peruano de afectar sus operaciones y presentar una demanda internacional en su contra reclamando una indemnización.

-¿El TLC protege a Doe Run y le amarra las manos al Estado peruano?
-Sin duda que protege a Doe Run. En este caso, el TLC es un arma a favor de Doe Run y juega en contra del Estado peruano. Este ha entrado en esta situación con las manos atadas por el TLC, que le ha restringido las alternativas de manera sustantiva. Con este caso comenzamos a ver las consecuencias negativas del capítulo de protección de las inversiones de Estados Unidos que está incluido en el TLC, que limita las posibilidades de acción del Estado peruano.

-¿Sin el TLC, el Estado habría podido anular el contrato con Doe Run por el incumplimiento de sus compromisos sin preocuparse por una demanda?
-Sin un TLC firmado, el Estado tranquilamente le podría haber dicho a la empresa que se vaya por haber incumplido el contrato de privatización y no había ninguna consecuencia.


“Lo ocurrido en Bagua se puede repetir”

-¿El gobierno ha aprendido algo de lo ocurrido en Bagua?
Ha aprendido muy poco, y ese aprendizaje no se está traduciendo en procesos concretos.

No se quiere modificar un milímetro el marco legal, que es la base de los conflictos sociales. Hay una actitud de buscar criminalizar la protesta, de reprimirla todavía más…

-¿Estamos en una situación en la que un conflicto como el de Bagua puede repetirse en cualquier momento?
-No tengo la menor duda que eso puede repetirse, tanto en zonas amazónicas como en andinas, en zonas de hidrocarburos o de minería. No se ha tomado ninguna medida para evitar que un conflicto de esa magnitud se vuelva a presentar.

-¿Cuáles son las zonas más conflictivas?
-Piura y Cajamarca son dos escenarios complicados y tensos. Hay que mirar con mucha atención Apurímac, donde más del 50 por ciento del territorio está concesionado. En Arequipa se está viviendo una situación bastante tensa en Islay, donde hay una actividad agrícola muy importante y se quiere desarrollar un proyecto minero. En Cerro de Pasco está el tema del desplazamiento de la ciudad. Otra zona conflictiva es la provincia de Yauli, en Junín, donde el proyecto de Toromocho implica la reubicación del distrito de Morococha.


“Conflictos sociales aumentan en número y en intensidad”

-En la reciente Convención Minera de Arequipa se trató el tema de los conflictos sociales. ¿Hay avances por parte de las empresas y del gobierno para entender las causas de estos conflictos?
-Los conflictos sociales vinculados a la minería están aumentando en número y en intensidad. Yo estuve en la Convención Minera y la impresión que tengo es que, si bien se debatió el tema de los conflictos sociales, el argumento central manejado por las empresas y el gobierno sigue siendo el de la existencia de una agenda oculta, de intereses políticos, de un complot contra las inversiones mineras. Eso es un gran error. Si no se reconoce la existencia de agendas legítimas que los conflictos sociales están tratando de plantear y poner sobre la mesa, no se va a avanzar en desarrollar estrategias frente a las protestas.

-¿Un elemento central de las protestas sociales es el cuestionamiento al modelo de desarrollo primario exportador basado en la minería?
-Los conflictos sociales, además de mover agendas y expectativas locales, comienzan a cuestionar abiertamente las reglas de juego. Sin duda hay un cuestionamiento a este modelo primario exportador, que implica un crecimiento caótico de la actividad minera que no es sostenible. Se cuestiona la política de concesiones y se señala que este crecimiento caótico de la minería no puede continuar. No se plantea que no haya minería, sino que ésta se desarrolle bajo ciertas condiciones, y los aspectos sociales y ambientales, y en algunos casos también culturales, están siendo puestos sobre la mesa. También se exige que existan mejores mecanismos de participación ciudadana y que las poblaciones sean informadas y consultadas cuando sus territorios son concesionados; que haya instrumentos de gestión ambiental más rigurosos; que los aportes de la minería en coyunturas favorables, como la vivida entre 2004 y 2008, sean sustantivos; que haya un Estado que esté presente, que controle, que regule, que represente el interés nacional…

-¿Un factor clave de los conflictos sociales es que el Estado juega a favor de las empresas?
-Hay un cuestionamiento claro y abierto al rol del Estado, que es un Estado sumamente laxo y permisivo frente a las empresas mineras. El Perú es el escenario del Estado ausente, de la autorregulación, donde lo que predomina son acuerdos entre pobladores y empresas mineras, en una situación de asimetría absoluta que favorece a las empresas. Esta situación de asimetría y de desequilibrio, causada por un marco legal muy favorable a las empresas mineras y que recorta los derechos de las poblaciones, es lo que está en la base de los conflictos sociales. Si no hay una voluntad política de cambiar y se sigue apostando a que la minería crezca como lo ha venido haciendo en los últimos años, los conflictos sociales van a seguir aumentando.

Carlos Noriega
Entrevista


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