“El gobierno quiere consagrar la impunidad”

Francisco Soberón, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), se pronuncia en la siguiente entrevista sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, sobre la acción de los fiscales en las zonas de emergencia; la pretensión del ministro de Defensa, Rafael Rey, de pasar las denuncias por violaciones a los derechos humanos contra miembros de las fuerzas de seguridad a la Justicia Militar; la situación de los derechos humanos bajo el actual gobierno y las amenazas contra Salomón Lerner, quien presidiera la Comisión de la Verdad.

| 05 octubre 2009 12:10 AM | Entrevista | 597 Lecturas
(1) Francisco Soberón piensa que el autoritarismo se endurecerá en lo que queda del gobierno de García. (2) Rey y Pastor buscan la impunidad para los violadores de derechos humanos. (3) La sombra de la dictadura sigue en pie, afirma el entrevistado.
Francisco Soberón
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-Nuestra propuesta no es promo, ¿Cómo toman los organismos de derechos humanos el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso que limita las facultades de los fiscales en las zonas de emergencia, como en el caso del VRAE, obligándolos a esperar una informe de una comisión nombrada por el gobierno antes de abrir una investigación contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía?
-Esta propuesta es una pretensión de limitar la capacidad que tiene el Ministerio Público de investigar. Desde los años ochenta muchas investigaciones por violaciones a los derechos humanos se paralizaron, se frenaron, se archivaron provisionalmente, no culminaron, pero nunca hemos conocido una pretensión como esta de querer limitar la actuación independiente y autónoma de los fiscales. En situaciones de emergencia se mantienen determinadas garantías y no se puede impedir la actuación autónoma del Ministerio Público o del Poder Judicial bajo ninguna circunstancia.

-¿Este proyecto de ley es anticonstitucional?
-No conocemos el texto completo de esta propuesta, pero la percepción inicial que tenemos, por lo que se sabe de este proyecto de ley, es que colisiona con la independencia y autonomía del Ministerio Público y viola la Constitución. Si esta norma se aplica y lleva al archivamiento de denuncias por violaciones a los derechos humanos, los afectados por esa decisión podrán recurrir a instancias internacionales.

-El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, señala que no se puede hablar de impedimento de la investigación fiscal porque el informe del Ejecutivo exigido como paso previo a una investigación fiscal no tendrá carácter vinculante.
-Esa es una forma de salvar los cuestionamientos. Esa comisión del Ejecutivo se convertiría en un instrumento de presión sobre los fiscales para que dejen de actuar ante denuncias por violaciones a los derechos humanos.

-El ministro de Defensa, Rafael Rey, quiere ir más allá de esta propuesta de ley y pretende que todas las denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos pasen directamente a la Justicia Militar.
-La reiterada ignorancia de Rafael Rey lo lleva a sostener estas cosas. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya han delimitado el funcionamiento de la Justicia Militar únicamente para los delitos de función…

-Rey argumenta que toda acción cometida por militares o policías en servicio es un delito de función.
-Rey quiere volver a un debate ya superado en el mundo. Delitos como ejecuciones, torturas o desaparición forzada de personas, no pueden ser considerados delitos de función. Eso está establecido en el estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y que el Estado peruano ha suscrito. Se le quiere dar a la Justicia Militar potestad para ver delitos comunes que nunca antes ha tenido en la historia republicana del país y que no tiene en ningún país. Con esta propuesta de Rey se pretende volver a la época de la dictadura de Fujimori, e incluso ir más lejos, porque en el gobierno de Fujimori, por presión, la Corte Suprema abdicaba y entregaba a la Justicia Militar los casos de denuncias por derechos humanos, pero ahora se propone una ley para obligar que todos estos casos pasen directamente al fuero militar.

-¿Cuál sería la reacción internacional ante una ley como esta?
-Impulsar medidas como esta merecerá el rechazo no solamente de los sectores democráticos y de quienes defendemos principios de derechos humanos, sino también de la comunidad internacional. Una medida como esta entraría en conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos a los que todo Estado democrático se compromete.


Si hay algo de razonabilidad, este planteamiento de Rey no tendrá futuro.

-¿La Justicia Militar es una garantía de impunidad?
-En la Justicia Militar muchos procesados por violaciones a los derechos humanos han sido absueltos o recibieron penas muy leves. La Justicia Militar siempre ha sido un mecanismo de impunidad. Rey se está queriendo consagrar como el ministro de Defensa de la impunidad. Esa fue la característica de su trayectoria de vida, desde la época del fujimorismo, del que fue un soporte y un aliado permanente. Y ahora continúa con ese mismo mensaje.

-¿Propuestas como estas revelan que el gobierno ha aprendido muy poco, o nada, de la experiencia de los años ochenta y noventa?
-Indudablemente no hay lección aprendida. Esto se evidencia en que no se han asumido las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Con estas propuestas el gobierno quiere consagrar la impunidad. No es con las estrategias del pasado, de arrasamiento, de desapariciones, de ejecuciones y de torturas, que vamos a resolver los problemas que persisten con los remanentes de la subversión y el terror, vinculados con el narcotráfico, en zonas como el VRAE o el Alto Huallaga. Es con intervenciones adecuadas y ajustadas a la ley nacional y a las normas internacionales, que se dará garantías a toda la población de estas zonas.

-El gobierno y los militares acusan a los organismos de derechos humanos de no dejarlos actuar en el VRAE para enfrentar a la facción de Sendero Luminoso que opera en esa zona y al narcotráfico.
-Con eso lo que pretenden es frenar nuestra acción. En más de 25 años no la hemos frenado, ni en la época más oscura de la existencia de escuadrones de la muerte, como Rodrigo Franco o Colina, y no vamos a dejar de intervenir ahora ni en el futuro. Decir eso es un intento de amedrentar a la población, a los familiares de las víctimas y a los medios de comunicación para que permanezcan en silencio y no denuncien violaciones a los derechos humanos. También es una manera de encubrir la incapacidad y la corrupción que se ha mostrado en la acción militar en el VRAE. El Estado tiene el legítimo derecho de confrontar y derrotar a quienes alzados en armas producen hechos de terror, pero ninguna circunstancia de conflicto justifica que se produzcan torturas, desapariciones o ejecuciones. Esos son crímenes de lesa humanidad, aquí, en Irak y en cualquier país del mundo.


Las amenazas contra Salomón Lerner

-¿De dónde cree que vienen las amenazas contra el presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner?
-Hay un conjunto de hostigamientos, amenazas y acciones para querer denigrar a los activistas de derechos humanos, a los miembros de la Comisión de la Verdad y a los familiares de las víctimas. Operan distintos mecanismos, unos abiertos y otros encubiertos. Los voceros abiertos de esta campaña de desprestigio y amenazas son el propio presidente García, con su discurso de persecución política contra los militares y, en algún momento, de amnistía para los violadores de derechos humanos, Rey, Giampietri, Edgar Núñez, los voceros del fujimorismo y otros. También hay operaciones encubiertas, como las amenazas contra Salomón Lerner. Todo es parte de un entramado, en el cual unos hacen las operaciones encubiertas y sucias, y otros el discurso que les da soporte a esas operaciones encubiertas…

-¿Las amenazas contra Lerner son parte de un entramado integrado por el gobierno?
-Todos se retroalimentan, son elementos de una misma estrategia de demoler la verdad histórica que se ha establecido y las investigaciones judiciales en curso. Ahora el gobierno ha salido a decir que van a darle protección y garantías a Lerner, ojalá eso se cumpla, pero si llegara a producirse un hecho que lamentar contra Salomón Lerner, o contra cualquiera de los activistas de derechos humanos, será responsabilidad del gobierno.


“Estamos volviendo a épocas más oscuras del fujimorismo”

-¿Con este gobierno hay un retroceso en materia de derechos humanos?
-Estamos en un contexto político adverso para los derechos humanos. Y no solamente frente a los hechos del pasado, sino también frente a los hechos del presente. Hay un avasallamiento de los movimientos sociales, gremiales y populares, y hay políticas indiscriminadas de restricción, represión y criminalización de la protesta y la movilización.

-¿Estamos ante un incremento del autoritarismo del gobierno?
-Sí, y esto se va ir agudizando en lo que queda de este gobierno. Estas propuestas de limitar la acción de los fiscales y de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos sean vistas por la Justicia Militar, son manifestaciones de ese autoritarismo. Si a estas propuestas le sumamos las campañas desatadas, desde el Ejecutivo, el Congreso y algunos medios de comunicación, contra lo que fue el trabajo de la Comisión de la Verdad, la actividad que desarrollamos los organismos de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que estamos volviendo a las épocas más oscuras del régimen autoritario de Fujimori y a situaciones en las que se producían graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos.

-Rafael Rey insiste en que no existe información para identificar a los militares responsables de la matanza de Putis o de otros hechos similares. ¿Le parece creíble esa explicación?
-Eso no es creíble. Lo que ocurre es que no hay ninguna voluntad de colaborar con la acción de la justicia…

-¿Este encubrimiento de las Fuerzas Armadas a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos revela una responsabilidad institucional y no solamente individual en estos hechos?
-Penalmente las responsabilidades son individuales, pero políticamente podemos hablar de una responsabilidad institucional, porque hubo una política generalizada y sistemática de violaciones a los derechos humanos y de encubrirlas.

-¿El gobierno tiene voluntad política de encubrir violaciones a los derechos humanos?
-Tiene una voluntad política de no garantizar, de no proteger los derechos humanos, y, efectivamente, de encubrir violaciones a los derechos humanos. Hay sectores que quieren que se archiven y se olviden todos los hechos del pasado, que no haya memoria, que se indulte o amnistíe a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que Rey y otros miembros del gobierno, como Giampietri o el congresista Edgar Núñez, representan.

-Alan García ha calificado los juicios por violaciones a los derechos humanos como una persecución política contra los militares.
-Esa es la lógica de quien quiere encubrir violaciones a los derechos humanos y ganar impunidad. Bajo ninguna circunstancia se puede hablar de persecución cuando lo que se demanda es sanción a quien ha cometido un crimen.

-¿Las Fuerzas Armadas deben pedir disculpas al país por las violaciones a los derechos humanos que cometieron?
-Eso es algo que está pendiente. En su momento las FFAA tendrán que pedir disculpas.

Carlos Noriega
Entrevista


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