Desaparecidos en el olvido

José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), expresa sus impresiones sobre el drama de los desaparecidos en el Perú y afirma que es necesario que se establezca un plan de búsqueda como lo hay en otros países que vivieron procesos similares. Baraybar afirma también que existe indiferencia del Estado por llegar a la verdad a pesar de que oficialmente se habla de 15 mil desaparecidos que dejaron los años de la violencia interna.

| 27 diciembre 2012 12:12 AM | Entrevista | 1.1k Lecturas
Desaparecidos en el olvido
Los miles de desaparecidos durante los años de violencia son una herida abierta en el país.
EL DRAMA QUE DEJÓ LA VIOLENCIA
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Un desaparecido en el Perú está doblemente desaparecido. Su paradero no le importa al Estado y sus instituciones competentes; y menos a la sociedad, que no lo siente suyo. Es importante recordar que el conflicto armado interno vivido entre 1980 y 2000 en nuestro país no solo dejó muertes y dolor para los familiares de las víctimas, sino también una sensación de vacío para quienes, hasta la fecha, nunca más pudieron ver a sus seres queridos, sin la tranquilidad de darles el último adiós.

Esta idea está muy clara en la mente de José Pablo Baraybar, antropólogo de 48 años, quien lidera junto a esta institución desde hace cinco años una campaña casi solitaria para hallar a los 15 mil desaparecidos que dejó el conflicto armado interno.

Baraybar sostiene que aunque oficialmente hay 15 mil desaparecidos producto de la violencia política de esos años, no hay que olvidar que pueden haber muchos más luego de ese triste período. Incluso manifiesta que, si contamos estos años de democracia, podríamos llegar a los 20 mil.

Baraybar afirma que es necesario que en el Perú se elabore un plan de búsqueda de personas desaparecidas, como hubo en otros países que vivieron procesos similares, como Argentina y Chile, donde, a pesar de los años, los familiares de los desaparecidos pudieron hallarlos y darles derecho a descansar en paz.

El especialista en antropología forense advierte, sin embargo, que esto por el momento no se plasma ni siquiera en el papel porque existe un desinterés del Estado, a través de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, junto a la indiferencia ciudadana.

EL PODER JUDICIAL
Baraybar manifestó que no solo existe indiferencia en el Estado, sino que también hay “negligencia” en su accionar, proveniente de una “política silenciosa pasivo-agresiva”, pues no muestra interés por llegar a la verdad del hecho, y al mismo tiempo “agrede” la memoria de los familiares que buscan saber qué pasó con el desaparecido.

Afirmó que si bien producto de varios juicios por derechos humanos hay muchos criminales tras las rejas, afirmó que no se sabe “cuáles son las identidades de las personas que están desaparecidas (…) Hay un divorcio entre lo judicial y lo humanitario, que es dar respuestas, deben integrarse ambas partes”, sostuvo.

Puso como ejemplo el caso de Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Universidad Católica desaparecido el 21 de octubre de 1990, proceso que terminó con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de abrir un juicio y que se busque al joven. “Se condenó al Estado y a los responsables, pero éstos no quieren hablar de nada, porque ya están en la cárcel y no tienen nada más que perder”, explicó.



EL MINISTERIO PÚBLICO
En cuanto al tema de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, sostuvo que hay “una política compartimentalizada (sic) y desencajada, pues solo se investiga si hay denuncia; y si no hay responsable, no hay nada”.

Citó el caso de los muertos en Putis, que según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), hubo 123 víctimas en esa masacre. Sin embargo, recordó que cuando se halló una fosa con 92 muertos, reveló que la Fiscalía dijo que eso era suficiente, sin tomar en cuenta que no solo había una fosa, sino varias.

Baraybar también se refirió al trato que las autoridades, sean del Poder Judicial o del Ministerio Público, brindan a los familiares de las personas desaparecidas. “La familia se vuelve objeto más que sujeto, no se le involucra en la búsqueda del desaparecido”, expresó. También denunció que al mismo tiempo, cuando se realiza una exhumación, las autoridades “exigen que el familiar ponga la mano de obra”.

Incluso mencionó que, luego de la exhumación, la Fiscalía “entrega el muerto, y muchas veces el familiar no tiene plata para enterrarlo”, pues recordó que en muchos casos los familiares de los desaparecidos son gente de escasos recursos económicos, algunos provenientes de la sierra. Explicó que todo esto revela “un problema a nivel técnico” para llevar a cabo este trabajo.

“Hay una combinación de negligencia e ineptitud (en las autoridades) (…) La forma en que se trabaja refleja que hay un nivel de inmoralidad tan alto, que es indescriptible”, sostiene el antropólogo.

De otro lado, también habló de la responsabilidad que hay al momento de ejecutar las reparaciones para los afectados, pues desde el Estado “no se diferencia la reparación de la búsqueda”, y se cree que haciendo esto se resarce la herida. “La dimensión del daño es la ausencia de la persona”, precisó.

Consultado por LA PRIMERA sobre qué posición teníamos en materia de búsqueda de desaparecidos en América Latina, tras mencionarle que estamos bien considerados en cuanto a las condenas de los responsables, Baraybar mostró su escepticismo: “El único logro judicial del Perú es la condena a Fujimori, estamos en el último lugar en cuanto al tema de desaparecidos”, expresó.

El director del EPAF comparó la situación del Perú con la de Chile en este tema. “En Chile hay una política de Estado para este tema, que ha asumido estos crímenes; mientras que Perú no quiere saber lo que encontraría, porque hay indígenas y no les importa”, sostuvo, y comparó la desidia judicial peruana con el caso de las esterilizaciones forzadas.

LA SOCIEDAD PERUANA
Pero Baraybar sostuvo que este problema no solo parte de la desidia estatal, sino que la misma ciudadanía, en su mayoría, es indiferente tanto ante la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia política, como ante la necesidad de estos últimos de saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos.

“Estamos con un pasivo en este tema, sin interés de nadie. Mucha gente se olvida porque seguramente no le pasó, y ya no importa porque el Perú está creciendo económicamente; pero estamos permitiendo que hayan peruanos que estén tirados en la basura”, expresó Baraybar.

Al ser consultado nuevamente por nuestro diario sobre si hace falta una organización como las Abuelas de la Plaza de Mayo, que fue fundamental en Argentina no solo para que se condene a los criminales de la dictadura, sino para encontrar a sus desaparecidos, el director de EPAF afirmó que sí existen estas organizaciones, pero que son invisibilizadas debido a que “muchos desaparecidos son de la sierra y en Lima a nadie le importa”.

Sin dejar de reconocer que las Abuelas de Plaza de Mayo han hecho un gran trabajo, Baraybar sostuvo que han tenido más llegada “porque tienen apellido extranjero”, y porque sociedades como la argentina y la chilena sienten a sus muertos y desaparecidos como suyos, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.

Al mismo tiempo, sin dejar de reconocer que la CVR realizó una labor importante para conocer qué pasó en esos años, Baraybar argumentó que este grupo de trabajo “cometió un error al mezclar a los muertos con los desaparecidos” en la cifra final que presentaron en el Informe Final, y sostuvo que hay otros detalles “que no están bien, como cuestiones sobre quién mató más y quién menos”.

De otro lado, cuestionó “la visión judicialista” de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al comentar que se preocuparon más por las sentencias a los culpables que por apoyar la búsqueda de los desaparecidos, además de no haber conjugado “una visión armónica del problema, con peleas por víctimas propias”.

“Todo esto es un reflejo de un país en el que puedes atropellar, matar, pasar por encima, y no pasa nada y no te importa, porque es así (…) El Estado se considera como una institución que no proviene del pueblo, que no representa a los ciudadanos”, manifestó con serenidad, aunque con firmeza, el antropólogo.

Por ello, sostuvo que el Estado debe generar una política pública, que se implemente a través de la creación de una Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, “que permita a la sociedad civil involucrada participar en este tema, para el que debe haber un centro o un lugar para desarrollar este trabajo”.


Víctor Liza
Redacción


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