“Con García crecieron los cultivos de coca”

Durante el último quinquenio, el gobierno aprista ignoró considerablemente la problemática del agro peruano y menos aún la de los cocaleros. Esta indiferencia sumada a una política errada ocasionó el incremento de los cultivos de coca, que pasaron de las 48,200 hectáreas en el 2005 a 61,200 en el 2010 (26.97%), el especialista en temas agrarios y director de Agronoticias Reynaldo Trinidad, confía que gobierno humalista dicte medidas que generen desarrollo para los agricultores cocaleros.

| 24 agosto 2011 12:08 AM | Entrevista | 2.2k Lecturas
Reynaldo Trinidad

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“El grueso de esta población vive en condiciones muy precarias y no es sujeto de crédito para la banca formal, por no reunir las garantías que exigen las instituciones financieras. El único apoyo financiero y técnico que tienen, para cultivar coca, es de los narcotraficantes”.

“Clara evidencia de la frustrante política oficial es lo provocado por el gobierno antinacional y antiagrario del gobierno de Alan García Pérez: como éste quitó rentabilidad a la producción agraria dirigida al mercado interno, mediante la irracional desgravación de las importaciones”.
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-¿Cuál es el balance que puede realizarse de la política antidrogas en los últimos cinco años?-
-En todos los casos el balance es negativo, porque la política oficial está mal planteada. Pues ésta se limita a erradicar las plantaciones excedentarias de coca, en vez de buscar primero la reestabilización general del agro andino-amazónico, para que no hayan campesinos que, empujados por la pobreza, migren hacia la selva a establecer cultivos ilícitos.

-Hacer que la producción del agro andino-amazónico sea más rentable…-
-Efectivamente, si los cultivos, crianzas, agroindustrias y otras actividades lícitas de los productores andino-amazónicos fuesen rentables, nadie sembraría más coca que la necesaria para atender al consumo legal, puesto que a ningún ser humano normal le gusta vivir bajo el miedo y en sobresalto perpetuo.

-Usted afirmó que en el último quinquenio tuvimos una política antidrogas errónea, ¿qué significó eso para el agro peruano?-
-Una clara evidencia de la frustrante política oficial; eso es lo que provocó el gobierno antinacional y antiagrario del expresidente Alan García Pérez.

En su gobierno se quitó rentabilidad a la producción agraria dirigida al mercado interno, mediante la irracional desgravación de las importaciones, el espacio dedicado a la coca saltó de 48,200 hectáreas en el 2005 a 61,200 en el 2010 (26.97%), con tendencia a más. Adicionalmente, el Estado tampoco busca la despenalización internacional de la hoja, como si coca y cocaína fuesen lo mismo, para que la humanidad entera aproveche las múltiples propiedades nutracéuticas del producto en estado natural o transformado.

- ¿Cuál es la situación de los peruanos en las zonas cocaleras?-
-Mayormente de pobreza y supervivencia, con excepciones que confirman la regla. Esto demuestra que los campesinos cocaleros no son socios o aliados de los narcotraficantes, sino meros proveedores explotados por éstos.-

- ¿Cuánta gente en porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) está vinculada a las actividades de cultivo de hoja de coca?-
-No hay una cifra confiable al respecto. Sin embargo, se estima que el promedio es de una hectárea por cocalero, lo cual significaría unas 61,000 personas dedicadas a producir la hoja e igual cantidad a cosecharla.

-¿Los cocaleros tienen acceso a créditos?-
-El grueso de esta población vive en condiciones muy precarias y no es sujeto de crédito para la banca formal, por no reunir las garantías que exigen las instituciones financieras. El único apoyo financiero y técnico que tienen, para cultivar coca, es de los narcotraficantes-

- ¿La falta de oportunidades obliga a los campesinos pobres a dedicarse al cultivo de coca? ¿Cómo abordar frente a ello la tarea de inclusión social?-
-Oportunidades existen, pero están inhibidas por la política del mismo Estado. Por ejemplo, nuestro país importa 100% de soya, 60% de maíz amarillo duro y 50% de aceite; pero todos estos alimentos pueden ser producidos en la Amazonía. Sin embargo, esto no sucede porque el Estado permite y hasta propicia la “competencia” desleal de las importaciones subsidiadas o subvaluadas en el exterior y adicionalmente exoneradas de aranceles en el plano interno. En consecuencia, para rescatar e incluir a los cocaleros en el concierto del desarrollo, primero hay que poner fin a esa política irracional y suicida, garantizando precios justos y mercados seguros para la producción agraria eficiente-

-¿Considera conveniente la suspensión temporal de la erradicación para diseñar una nueva política antidroga?-
-Sí. Pues esa política, manejada desde Lima, ha fracasado, incluso porque los recursos proporcionados por la cooperación internacional no son suficientes, tanto para dar sostenibilidad rentable a los productos sustitutorios de la coca, como para frenar la migración incesante de campesinos empobrecidos desde los Andes hacia la Amazonía. Por lo mismo, la nueva política debe considerar no sólo la sustitución y el desarrollo alternativo en las áreas cocaleras, sino también el trabajo preventivo en el agro de los Andes, cuya pobreza generalizada es la principal precursora de la localización ilícita en la selva.

-¿Qué hacer en favor de los campesinos?-
-En el plano general, hacer cumplir el artículo 88 de la Constitución, que reza “El Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario”, porque este sector representa al 26% de la población nacional, el 36% de la población económicamente activa y el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos; no obstante lo cual recibe apenas el 2% del presupuesto público en los tres niveles de gobierno, con el agravante de que el 85% de esa migaja se queda en la ciudad, para pago de personal y “gastos generales”. Asimismo, debe cumplirse el artículo 63 de la Carta Magna, el cual dice que si otros países aplican medidas proteccionistas o discriminatorias, como los subsidios para abaratar artificialmente sus exportaciones hacia el nuestro, éste puede adoptar medidas que neutralicen a esa práctica desleal.

- ¿Y en relación con los cocaleros?-
En el plano específico, la solución es muy sencilla; como la coca ilícita y el narcotráfico existen porque hay mercado para la cocaína en otros países, la cooperación internacional debe incrementar sustancialmente su apoyo financiero, a la vez de asegurar la compra de los productos exportables que sustituyan a la coca. Entretanto, nuestro país debería juntar todos los recursos captados en un solo pozo, para constituir un banco de desarrollo alternativo que financie y sostenga -bajo supervisión y con tasas de interés promocionales- a los cultivos o actividades que sustituyan a la hoja.

El trabajo de Contradrogas primero y luego de Devida ha sido casi estéril, incluso por la burocracia concentrada en Lima y por el uso de muchos intermediarios para ejecutar las acciones que, por elemental lógica, deberían estar a cargo de los gobiernos regionales y locales, así como de las organizaciones agrarias.


Medidas del nuevo gobierno

-¿Qué políticas debe implementar el nuevo gobierno?-
-Las que prometió el hoy Presidente Ollanta Humala antes de las elecciones, incluso mediante sendos compromisos suscritos con Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú. Es decir, promover, defender y rentabilizar al máximo posible la producción agraria, tanto para eliminar importaciones y afianzar la seguridad alimentaria del país, como para incrementar y diversificar exportaciones.

-¿Cuáles son las expectativas del agro frente a la administración de Ollanta Humala?-
-Las expectativas son altas, aunque el gobierno todavía no ha dado ninguna medida de trascendencia para el sector, quizás porque ello depende no tanto del Ministerio de Agricultura, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, donde -lamentablemente- cierta tecnocracia neoliberal suele bloquear las mejores iniciativas y hasta generar problemas, como en el caso de un explosivo proyecto de ley recientemente enviado al Congreso de la República para derogar la legislación que reconoció al Acto Cooperativo en el interior de las cooperativas cafetalares y cacoteras; lo cual constituiría un aberrante favor a los narcotraficantes y terroristas que no desean ver empresas asociativas de pequeños productores en las áreas envilecidas por la cocalización ilícita.


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