Un paso histórico

Hemos tomado la palabra a un prestigioso economista especializado en el tema de los hidrocarburos, para sintetizar el sabor que nos deja una primera lectura del Decreto Supremo que, tras largos años de espera, reglamenta y, por tanto, pone en vigencia, la ley que, con amplio consenso nacional y el apoyo parlamentario contundente, promulgara el Congreso, pese a los resquemores del Ejecutivo, en julio de 2006.

| 28 abril 2013 12:04 AM | Editorial | 835 Lecturas
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Desde entonces la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Empresa Petróleos del Perú (Petroperú) permaneció engavetada bajo siete llaves, lo que impedía que la voluntad popular mayoritaria, recogida por el Parlamento, había dictaminado.

El escamoteo eludió la obligación gubernamental de reglamentar la ley, trámite ineludible para ponerla en vigencia y cuyo incumplimiento había hecho que la ley pase al olvido, pero era una ley de la República y el gobierno tenía que hacer lo que no habían hecho sus antecesores; tenía que cumplir la elemental obligación de ponerla en vigencia.

El tema es así de sencillo, pero quienes quieren complicar la situación, por fanatismo neoliberal, por odio político, por ignorancia o por servir intereses antinacionales, o por todas esas razones juntas, han arreciado con los ululantes gritos de alarma ante un supuesto estatismo, o ha reducido lo que es el cumplimiento de una deuda jurídica, moral y política y pendiente –la puesta en vigencia de una ley aprobada con todas las de la ley- en una simple maniobra para hacer posible la compra de los activos de Repsol, una operación que no está decidida.

Por encima y al margen de ese griterío, se yergue, con sello histórico, el hecho positivo de que Petroperú, despedazada y reducida a su mínima expresión por el fundamentalismo privatista –con la promesa incumplida de que así se resolverían nuestros problemas energéticos- podrá explorar, explotar, refinar, industrializar (mediante la petroquímica) y comercializar hidrocarburos.

Es decir que podrá hacer todo lo que hacen cualquiera de las empresas petroleras estatales de América Latina, como las poderosas de México, Brasil, Colombia y otras. Todas que tienen notable gravitación en sus países. Hasta la de Chile, país que no tiene siquiera petróleo.

Adicionalmente, otro decreto ha dado un paso concreto en la misma dirección, al disponer que Petroperú se haga cargo de la explotación del Lote 64, dejado por una empresa canadiense, con lo que la empresa de bandera podrá participar por primera vez en operaciones de explotación, desde que en 1996 el gobierno de entonces vendió los lotes en los que operaba y la privó de esa función.

Los ciudadanos de bien, que rechazan tanto el estatismo extremo como el maximalismo privatizador, celebran estas buenas noticias y demandan que se acaten las decisiones tomadas de acuerdo a ley y en defensa de los intereses nacionales, sin afectar en absoluto a las inversiones, a la seguridad jurídica ni a la estabilidad económica.

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