Un absurdo alboroto

La gritería histérica desatada por la sola posibilidad que el Estado peruano, a través de su empresa estatal del rubro, Petroperú, adquiera el control accionario de la operación de la transnacional Repsol en el Perú, ha confirmado que el fundamentalismo neoliberal lleva a sacrificar el sentido común, en aras de intereses ajenos al beneficio colectivo y nacional.

| 26 abril 2013 12:04 AM | Editorial | 698 Lecturas
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Tal ceguera, en algunos casos, está motivada por intereses muy concretos, otro factor que impide a los fanáticos reflexionar y debatir serenamente y con mente abierta sobre qué hacer con los activos de una empresa que, después de haber obtenido astronómicos ingresos con una modesta inversión, necesita irse llevándose el dinero de la venta a su país de origen, ante la crisis que atraviesa.

Hemos escuchado y leído ululantes y apocalípticos discursos sobre la incapacidad del Estado para administrar, el riesgo que implica que arriesgue cientos de millones de dólares en la operación y, sobre todo, con paranoia, el supuesto peligro de que la compra pueda marcar el retorno del gobierno al programa que matizó con una Hoja de Ruta para la segunda vuelta electoral de 2011.

Esos alegatos cierran los ojos ante el hecho contundente de que Petroperú es, como otras empresas estatales latinoamericanas, una empresa que da beneficios y que siempre fue eficiente, salvo, claro, cuando gobernantes carentes de responsabilidad la saquearon, usándola como “caja chica”.

Aún hoy, la empresa maneja al menos dos refinerías y otras operaciones y rinde dividendos, y resulta absurdo que se pretenda que no podrá manejar otra refinería y un negocio tan sencillo –y desmesuradamente lucrativo- como el de los grifos y la planta envasadora de gas que incluye el paquete que ofrece Repsol.

Quienes han manejado gobiernos que desvalijaron al fisco mediante la corrupción, ahora se presentan como celosos defensores de los recursos del Estado. El clamor por el riesgo de la operación, que supuestamente solo deben asumir inversionistas privados, llama a la carcajada, pues se trata de un negocio jugoso y seguro.

La prédica de que el Estado es mal empresario cae en pedazos ante el hecho que la principal cadena de grifos del país pertenece a una compañía con capital de la empresa estatal chilena. A los maximalistas del neoliberalismo no les importa que esa cadena sea la principal interesada en comprar el paquete accionario mayoritario ofrecido por Repsol, con lo que ello implica en términos geopolíticos y de seguridad nacional.

Solo los fanáticos pueden pensar que la compra vaya a traer un cambio de modelo, lo que ha sido desmentido por las autoridades, que estudian la conveniencia de la operación, con criterios técnicos y económicos. Es de esperar que no se dejen condicionar por presiones carentes de sentido y sobre todo que se imponga la serenidad.


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