Indignante traición

El pormenorizado informe que el Contralor General de la República presentó ayer ante las comisiones de Defensa y Fiscalización del Congreso tuvo una contundencia que despejó cualquier duda que pudiera haber respecto al accionar ilícito de quienes promovieron y firmaron un contrato fraudulento y lesivo al interés nacional, con una empresa israelí de dudosa reputación y actividades que lindan con el mercenarismo.

| 26 febrero 2013 12:02 AM | Editorial | 926 Lecturas
Indignante traición 926

El pormenorizado informe que el Contralor General de la República presentó ayer ante las comisiones de Defensa y Fiscalización del Congreso tuvo una contundencia que despejó cualquier duda que pudiera haber respecto al accionar ilícito de quienes promovieron y firmaron un contrato fraudulento y lesivo al interés nacional, con una empresa israelí de dudosa reputación y actividades que lindan con el mercenarismo.

La solidez y el lujo de detalles del informe del funcionario dejó sin argumentos a aquellos parlamentarios que se rasgaban las vestiduras para defender a priori a los involucrados, como hacen en casi todos los casos de posible corrupción. Ni siquiera pudieron alegar que se trata de una maniobra del gobierno, porque el contralor fue nombrado durante el pasado régimen.

El contralor demostró que el contrato fue firmado con un decreto “clonado”, es decir que hubo falsificación de un decreto que estaba referido a otro tema, para posibilitar la contratación de la empresa referida, a lo que se agrega el despilfarro de recursos, pues se le pagó sin verificar si habían cumplido lo ofrecido y se aumentó el monto originalmente pactado.

Por si fuera poco, no trajeron personal experimentado ni los instructores ofrecidos, pues la gran mayoría del personal que traían eran traductores y asesores. Había más de estos que instructores y especialistas que ofrecía el contrato. Y se les pagó hasta el último centavo.

En el asunto están involucrados una veintena de exfuncionarios y exoficiales del Comando Conjunto, cuya responsabilidad deberá deslindarse, con respeto a sus derechos, pero con la drasticidad que la gravedad del caso amerita.

Especialmente grave es la responsabilidad que parece tener en el caso un exministro del pasado gobierno que hizo uso de sus influencias para promover el malhadado contrato y hacerlo realidad. Una jugosa consultoría en África, en la que tuvo que ver la empresa israelí, lo benefició después, por asombrosa coincidencia.

Un legislador, indignado, ha dicho que este es un caso de traición a la patria y ha lamentado que no esté tipificado como tal. Pero de qué otro modo podría llamarse al hecho de disponer alegremente de fondos de la defensa nacional en un contrato para supuestamente entrenar a nuestras tropas en el combate a los remanentes de la subversión. Y peor aún, mandarlas a esa lucha con una inadecuada y hasta falsa preparación.

La justicia, la ley, los intereses nacionales y el honor de las Fuerzas Armadas deben prevalecer y para ello es absolutamente necesario que los responsables paguen sus culpas.


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