Castigo a los traidores

Hay que saludar la voluntad política gubernamental, expresada en el más alto nivel, de respaldar firmemente la investigación –y seguramente el proceso judicial a que dará lugar- abierta en torno a la verdadera traición a la Patria cometida por quienes firmaron un turbio contrato de supuesto adiestramiento y asesoramiento para las fuerzas que combaten a los resabios de la subversión.

| 22 febrero 2013 12:02 AM | Editorial | 753 Lecturas
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El hecho expresa decisión de resolver y hacer que la justicia sancione a lo que tiene todos los visos de corrupción que costó al país 40 millones de soles, pese a lo cual quienes rinden culto a la impunidad y a la política del borrón y cuenta nueva, buscan dejar intocados a los involucrados y, con insultos y ataques, tratan de desacreditar y poner en duda la credibilidad de la Contraloría General de la República, que investigó y reunió elementos que ameritan profundizar el caso en el Ministerio Público.

La declaración presidencial ha rechazado esas presiones, de tono histérico en unos casos, amenazante en otros, y que han llegado al extremo de sostener que denunciar a quienes son señalados como responsables, civiles y militares, es afrentar a las Fuerzas Armadas, como si estas cultivaran la impunidad y como si la complicidad con los malos elementos fuera una virtud militar.

También pensamos que los involucrados, en vez de chillar proclamas de ofendida inocencia e insultar a diestra y siniestra, deberían proceder con mayor entereza y declarar ante las instancias pertinentes su participación en el malhadado contrato con la empresa Global CST.

Es necesario que se esclarezca plenamente la firma de un contrato irregular y fraudulento, por la forma ilegal de su aprobación previa –con una resolución virtualmente falsificada- y de los trámites realizados para llevarlo adelante, así como por el hecho comprobado que la empresa contratada no cumplió con dar la asesoría en los términos pactados. En cuanto a los resultados, los hechos han demostrado con contundencia y en forma reiterada, que tal asesoría sirvió de poco o nada.

El asunto es muy serio, no solo porque en este caso está en juego la obligación que debe cumplir todo gobierno, de combatir la corrupción y actuar ante la menor sospecha, el caso del contrato fraudulento que nos ocupa tiene otra mancha, la de la traición, pues es traición malgastar el dinero que el Estado destina para combatir a la subversión y evitar más muertes y dolor.

Esa es la verdadera afrenta contra el Perú y contra las Fuerzas Armadas, y no puede quedar impune. Los peruanos de bien no pueden permitirlo, y deben estar atentos a que continúen las investigaciones y que los responsables sean juzgados y castigados como se merecen.◘


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