Trabajadores de Doe Run retoman protesta

Los días siguen pasando, y la situación de miles de trabajadores de la minera Doe Run Perú, que opera la planta de tratamiento de La Oroya, se vuelve más crítica. Y es que no sólo viven en la incertidumbre sobre la viabilidad futura de la empresa, sino que debido a los efectos de la crisis externa sobre nuestro país, las posibilidades de una reconversión laboral son cada vez más lejanas.

| 29 agosto 2009 12:08 AM | Economía |1.2k Lecturas
Trabajadores de Doe Run retoman protesta
Reconversión laboral es un proceso muy difícil y anuncian bloqueo de Carretera Central.
Población pide al gobierno que dé una pronta solución a la situación de la empresa que afecta miles de puestos.

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La comisión técnica conformada por el Ministerio de de Energía, el Ministerio de Ambiente, Osinergmin y  el Gobierno Regional de Junín emitirá en 15 días un informe al Ejecutivo, para que éste tome la decisión de ampliar o no el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) de la minera.
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Al respecto, el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, manifestó que, frente a la paralización de las actividades de la empresa, no existen actualmente posibilidades de crear alternativas de empleo para los más de dos mil trabajadores de la minera.

“La crisis económica que ha empezado a golpear a las regiones desde hace meses, no permite crear nuevas posibilidades productivas para los mineros en su departamento. En Junín, la pequeña minería ha sido prácticamente arrasada, y se han cerrado casi todas las pequeñas minas que tenían 100 a 200 trabajadores eso, pensar en recolocar a los trabajadores es bastante difícil”, dijo.

De otro lado, el sindicato de trabajadores de la minera Doe Run, reiteró su intención de bloquear desde el lunes la carretera central como medida de protesta frente a la indiferencia del Gobierno para poner fin a la crisis de la empresa. “Los mineros de La Oroya sólo esperan que el Ejecutivo atienda la problemática laboral tras el cierre de las operaciones de la compañía”, sostuvo el secretario general del sindicato, Roiberto Guzmán.

Por su parte, las organizaciones sociales de La Oroya también insistieron en una pronta solución a esta problemática, ya que la pérdida de empleos en la mina acarreará también una contracción de la actividad económica en la ciudad.

“Pedimos que el Gobierno amplíe el plazo para la culminación del plan ambiental (PAMA), que vence a fines de octubre. Una extensión del mismo le abriría nuevamente las puertas a las líneas de crédito a la empresa. Estamos pidiendo una flexibilización razonable, ya que si la planta es paralizada permanentemente habría un caos acá”, dijo Nazario Flores, abogado del Comité de Defensa de La Oroya.

Finalmente, sostuvo que entre la población no existe la percepción que el Gobierno venga acelerrando una solución al caso.

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