Selva será destruida por acuerdo con Brasil

Al menos quince hidroeléctricas se construirán en la selva peruana debido a Acuerdo Energético con Brasil. Además de ceder nuestro potencial energético al gigante sudamericano, deforestaremos masivamente la Amazonía, perderemos biodiversidad y desplazaremos a miles de pobladores de comunidades y pueblos indígenas. Urge debate nacional.

Por Diario La Primera | 16 set 2010 |    
Selva será destruida por acuerdo con Brasil
Construcción de hidroeléctricas en la selva afectaría ecosistema y a la población de la zona.

Más datos

Desplazados

Son 10 comunidades las que tendrán que ser desalojadas debido a la construcción del megaproyecto de Paquitzapango. Nos referimos a:

1. Comunidad Nativa Ashaninka de Potsoteni (margen izquierda del río), distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

2. Comunidad Nativa Ashaninka de Saniveni (margen izquierda del río) , distritos de Pangoa y Mazamari, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

3. Comunidad Nativa Ashaninka de Centro Tsomaveni (margen izquierda del río), distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

4. Comunidad Nativa Ashaninka de Shimpenshariato (margen izquierda del río) , distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

5. Comunidad Nativa Ashaninka de Meteni (margen derecha del río), distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

6. Comunidad Nativa Ashaninka de Quiteni (margen derecha del río), distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

7. Comunidad Nativa Ashaninka de Cutivireni (margen derecha del río) , distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

8. Comunidad Nativa Ashaninka de Camantavishi (margen derecha del río) , distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

9. Comunidad Nativa Ashaninka de Quempiri (margen derecha del río) , distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.

10. Comunidad Nativa Ashaninka de Quimaropitari (margen derecha del río) , distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Junín, Perú.


Sin duda, hay muchas cosas en juego en este negocio energético con Brasil: soberanía energética, necesidad de producción y demanda real de electricidad del Perú, desplazamiento de pueblos indígenas, destrucción de la selva, empresas contratistas beneficiadas, entre otras, como para pasar por agua tibia y sin debate en el Congreso la aprobación de un Acuerdo tan polémico como el firmado con el Brasil en junio de este año. No sorprendería que estemos ante un “faenón energético”.

Pongo de Manseriche (Loreto), Rentema (Amazonas), Cumba 4 (Amazonas), Chadin 2 (Cajamarca y Amazonas), Balsas (Cajamarca y Amazonas), Chaglla (Huánuco), Mantaro (Huancavelica), La Guitarra (Huancavelica), Cuquipampa (Huancavelica y Ayacucho), Vizcatán (Huancavelica y Ayacucho), Pongo de Mainique (Cusco), Inambari (Cusco, Puno y Madre de Dios), Sumabeni (Junín), Paquitzapango (Junín), Tambo – Puerto Prado (Junín), son las posibles centrales hidroeléctricas a construirse en la Amazonía peruana debido a la demanda energética del Brasil, según denuncia la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, DAR, la Asociación SER, Pronaturaleza entre otras organizaciones de la sociedad civil. Todas estas centrales requieren de grandes embalses que inundarán cientos de miles de hectáreas de selva peruana.

Son más de 20 mil megavatios (MW) los que se generarán en estas centrales hidroeléctricas, de los cuales al menos el 30% se irán para el Brasil, pero la pregunta clave es si en realidad necesitamos producir esta energía pagando un costo ambiental y social tan alto.

La respuesta es no, pues el Perú tiene un potencial de generación de más de 50 mil MW sin tocar la selva, ni construir una sola de las proyectadas centrales hidroeléctricas en la Amazonía. Basta decir que en los Andes se puede generar 22 mil MW con hidroeléctricas de caída que no necesitan embalses de grandes proporciones. Asimismo, el aprovechamiento de los vientos de la costa nos pueden dar 20 mil MW de energía eólica. Y por último, la alternativa termo solar en el Perú asciende a 10 mil MW.

Lo que pasa es que todas estas posibilidades de generación energética no se encuentran físicamente tan cerca de Brasil como las de la selva. Y precisamente el acuerdo firmado con nuestro vecino se centra en la exportación de electricidad, por lo que además de grandes inundaciones en la Amazonía, tendremos que construir líneas de transmisión (cables para transportar energía) hacia el Brasil, que junto a los embalses, las centrales, carreteras y la inmigración de nuevos colonos a estas zonas deforestarán más de millón y medio de hectáreas de bosque.

Pero el negocio no solo se remite al envío de electricidad al Brasil, sino que son las propias empresas privadas y públicas brasileñas las que se encargarán de la construcción y administración de los megaproyectos energéticos, como lo podemos ver en el caso de Egasur, consorcio conformado por tres empresas de bandera brasileña (una pública y dos privadas) y ninguna empresa peruana, que tiene la concesión para la Central Hidroléctrica de Inambari.

Paquitzapango
Hasta el momento los medios de comunicación, la opinión pública y el accionar de las organizaciones no gubernamentales se han centrado en los impactos que va generar la central de Inambari, la misma que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la construcción de represas en la selva. Sin embargo, otra de las centrales hidroeléctricas que va a generar un gran conflicto social es la que se ubicará en los territorios de la selva central que ocupa desde tiempos remotos el pueblo indígena ashaninka. Nos referimos a la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango que va a inundar toda la parte baja del río Ene, a fin de generar 1 379 MW, siendo después de Pongo de Manseriche (7550 MW) e Inambari (2200 MW), la tercera en capacidad de producción eléctrica en nuestra Amazonía.

A pesar que en este caso se va a desplazar al pueblo ashaninka, el Ministerio de Energía y Minas otorgó mediante la Resolución Ministerial Nº 546‐2008‐MEM/DM en diciembre del 2008 la concesión temporal a la empresa Paquitzapango Energía SAC sin hacer la consulta previa, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Y ni siquiera luego de los sucesos de Bagua en junio del 2009, el gobierno ha subsanado esta omisión.

Es por ello que en marzo de este año, la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) pidieron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y denunciaron esta situación, pidiendo al Estado peruano que dé cuenta de las actividades extractivas en territorios indígenas e inicie un proceso de consulta de acuerdo a los estándares desarrollados por la normativa internacional y la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos.

Carlos Bedoya
Colaborador

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